Campesinos, investigadores y políticos condenan desalojo violento en Cananea
De la Redacción
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 10
El presidente del PRD, Jesús Ortega, condenó el desalojo de trabajadores de la mina de Cananea, acto que refleja la actitud intolerante del Poder Ejecutivo. “Pareciera que para el gobierno la única forma de solucionar conflictos es el uso de la fuerza policiaca, y lo único que provoca es que se agudicen los problemas”, señaló. Organizaciones campesinas también censuraron las acciones “represivas” del gobierno federal efectuadas en la histórica mina.
Ortega manifestó el pleno respaldo del PRD a las organizaciones sindicales de México y afirmó que el gobierno de Felipe Calderón “se equivoca rotundamente si piensa que a golpes podrá solucionar las cosas”.
Aseguró que el programa de reactivación anunciado para Cananea es “demagogia pura; una mentira, una falsedad, una argucia publicitaria”.
Por otra parte, varias organizaciones campesinas condenaron la acción gubernamental contra los mineros, y la calificaron de represiva.
La Unión Campesina Democrática (UCD), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) y la Central Campesina Cardenista (CCC) coincidieron en censurar el desalojo.
El dirigente de la Unorca, Olegario Carrillo, sostuvo que el desalojo se realizó “en la más pura tradición porfirista”, con lo cual se ratificó la “vocación represora” del gobierno federal.
El dirigente de la UCD, José Durán Vera, expresó ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –quien acudió al foro Transformación y modernización del sector agrario–, que en esa mina se inició mucho de la Revolución Mexicana, y por eso “no se puede responder a la demanda de los trabajadores con actos represivos”.
Max Correa, dirigente de la CCC, sostuvo que sólo “mediante el diálogo podrán solucionarse los conflictos laborales de Cananea y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sentimos que es posible hallar una solución, pero es necesario que el gobierno ponga la parte que le corresponde”.
José Alfonso Bouzas Ortiz, especialista en temas laborales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que “el gobierno federal va a lograr lo que no ha logrado el sector sindical en décadas: borrar las diferencias del sindicalismo y unirse para enfrentar al gobierno.
“En el sindicalismo mexicano hay diferencias muy grandes, pero primero con los electricistas, y ahora con los mineros, lo que están haciendo es reunir lo necesario para que moros y cristianos almacenen unidad contra el gobierno.”
Bouzas calificó los desalojos de las minas de hechos “insólitos” en materia de política laboral, que lo único que van a lograr es “empeorar” las relaciones entre sindicalismo y gobierno.
Explicó: “no estamos hablando de desgaste, sino de violencia física, lo cual representa que la política laboral del gobierno ha fracasado de forma rotunda. La represión es la regla y esto tiene un costo social muy grande”.
En Jalisco, integrantes de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular condenaron la “brutal represión sufrida por los mineros de Cananea, quienes mantuvieron con dignidad la huelga que el próximo 30 de julio cumpliría tres años, a pesar de tener en contra toda la fuerza del Estado, en complicidad con el grupo empresarial irónicamente llamado ‘México’”.
Fuente
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de junio de 2010, p. 10
El presidente del PRD, Jesús Ortega, condenó el desalojo de trabajadores de la mina de Cananea, acto que refleja la actitud intolerante del Poder Ejecutivo. “Pareciera que para el gobierno la única forma de solucionar conflictos es el uso de la fuerza policiaca, y lo único que provoca es que se agudicen los problemas”, señaló. Organizaciones campesinas también censuraron las acciones “represivas” del gobierno federal efectuadas en la histórica mina.
Ortega manifestó el pleno respaldo del PRD a las organizaciones sindicales de México y afirmó que el gobierno de Felipe Calderón “se equivoca rotundamente si piensa que a golpes podrá solucionar las cosas”.
Aseguró que el programa de reactivación anunciado para Cananea es “demagogia pura; una mentira, una falsedad, una argucia publicitaria”.
Por otra parte, varias organizaciones campesinas condenaron la acción gubernamental contra los mineros, y la calificaron de represiva.
La Unión Campesina Democrática (UCD), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) y la Central Campesina Cardenista (CCC) coincidieron en censurar el desalojo.
El dirigente de la Unorca, Olegario Carrillo, sostuvo que el desalojo se realizó “en la más pura tradición porfirista”, con lo cual se ratificó la “vocación represora” del gobierno federal.
El dirigente de la UCD, José Durán Vera, expresó ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont –quien acudió al foro Transformación y modernización del sector agrario–, que en esa mina se inició mucho de la Revolución Mexicana, y por eso “no se puede responder a la demanda de los trabajadores con actos represivos”.
Max Correa, dirigente de la CCC, sostuvo que sólo “mediante el diálogo podrán solucionarse los conflictos laborales de Cananea y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sentimos que es posible hallar una solución, pero es necesario que el gobierno ponga la parte que le corresponde”.
José Alfonso Bouzas Ortiz, especialista en temas laborales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que “el gobierno federal va a lograr lo que no ha logrado el sector sindical en décadas: borrar las diferencias del sindicalismo y unirse para enfrentar al gobierno.
“En el sindicalismo mexicano hay diferencias muy grandes, pero primero con los electricistas, y ahora con los mineros, lo que están haciendo es reunir lo necesario para que moros y cristianos almacenen unidad contra el gobierno.”
Bouzas calificó los desalojos de las minas de hechos “insólitos” en materia de política laboral, que lo único que van a lograr es “empeorar” las relaciones entre sindicalismo y gobierno.
Explicó: “no estamos hablando de desgaste, sino de violencia física, lo cual representa que la política laboral del gobierno ha fracasado de forma rotunda. La represión es la regla y esto tiene un costo social muy grande”.
En Jalisco, integrantes de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular condenaron la “brutal represión sufrida por los mineros de Cananea, quienes mantuvieron con dignidad la huelga que el próximo 30 de julio cumpliría tres años, a pesar de tener en contra toda la fuerza del Estado, en complicidad con el grupo empresarial irónicamente llamado ‘México’”.
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