Argentina: Precios congelados, “cepo” para el dólar
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Foto: AP
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La medida pretende combatir la elevada inflación que afecta a la economía argentina desde la devaluación de la moneda en 2002. Mientras que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación de 2012 ascendió al 10. 8%, para consultoras y universidades privadas la cifra superó el 25%. Las discrepancias en las mediciones comenzaron cuando el organismo fue intervenido por el gobierno en 2007. El acuerdo de precios es el primero de su tipo que se aplica desde que el kirchnerismo asumió el poder en 2003.
“El acuerdo es un reconocimiento de que hay aumento de precios generalizado en los productos de consumo masivo en la Argentina, que es algo que el gobierno en general no acepta”, dice a Apro el doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, cuya sede está ubicada a metros del Congreso de la Nación.
Agrega el especialista:
“Y el primer dato que no acepta es la evolución de la medición de precios minoristas que hace el Indec. Porque si ésta hubiera sido del 10.8% en 2012, como señala el organismo, no habría ninguna necesidad de un acuerdo de precios, ya que los aumentos salariales en las negociaciones paritarias en los últimos años han rondado el 20%, Eso indicaría que los salarios le vienen ganando la batalla a los precios. Todos sabemos que eso no es cierto.”
Gambina cree que el acuerdo de precios busca al mismo tiempo moderar las pretensiones de los sindicatos, que en este momento reclaman recomposiciones salariales en base a las mediciones de inflación privadas. La inflación, por otra parte, no impacta del mismo modo en los diferentes sectores sociales.
“El tercio de la población de más altos ingresos no restringe sus gastos por la evolución de los precios, mientras que dos tercios de la población, es decir, la mayoría, sí tiene que morigerar y optar al momento de comprar”, dice el también catedrático de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario.
Y supone que “lo que este sector resigna por su incapacidad de gasto e inducido para algún gasto suntuario por efecto de la publicidad es la alimentación.”
Apropiación
Los grandes grupos de medios de comunicación, que corporizan el núcleo duro de oposición al Gobierno, informaron de manera aislada sobre aumentos detectados en comercios de algunas provincias durante febrero. Su crítica a la iniciativa del gobierno se centró, más que nada, en la incapacidad que estos acuerdos demostraron en otros procesos inflacionarios que vivió Argentina. Se preguntan que pasará el día 61, cuando finalice el acuerdo.
La economista Ana Laura Fernández, docente de posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), analiza los alcances de la medida.
“Los acuerdos de precios pueden tener cierto efecto positivo en término de desalentar los aumentos de precios y desacelerar la inflación. Entiendo que estos acuerdos funcionan en el corto y mediano plazo, para atacar algunas de las causas de la inflación, pero resultan insuficientes como política inflacionaria global en el largo plazo, porque la inflación es un fenómeno macroeconómico que viene dado por la dinámica de distintas variables económicas”, explica a Apro.
Catedrática de la Universidad de Buenos Aires, Fernández cree que esta medida antiinflacionaria se suma a otras políticas en curso que atacan el problema de manera indirecta. Por ejemplo, el nuevo programa gubernamental de crédito para la construcción de vivienda para los sectores medios, llamado Procrear, que además de combatir el déficit en la materia podría moderar el precio de los alquileres.
O la expropiación de YPF a la española Repsol, en abril de 2012, con el objetivo de recuperar el autoabastecimiento energético perdido en 2010, que obligó a Argentina a importar energía por un monto de 9 mil 500 millones de dólares en 2012. O la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de soya –medida que se intentó sin éxito en 2008 – y cuyo objetivo declarado era desacoplar la evolución de los precios locales de los internacionales.
Gambina, por su parte, cree que para resolver el problema el Estado y la sociedad deben confrontar con las grandes empresas fijadoras de precios. A su juicio, “la inflación expresa una pelea por apropiarse de la riqueza socialmente generada”.
El gran crecimiento económico producido sobre todo durante el período que va de 2003 a 2007, generó gran acumulación de ganancias, pero también recomposición salarial y extensión del empleo. “Esto significó una puja distributiva”, sostiene el catedrático, y añade: “A los efectos de que no baje la ganancia apropiada por el sector hegemónico, éste traslada a precios.” Evita así absorber costos.
Comodidad
Desde la declaración de cesación de pagos de 2002, Argentina dejó de recibir préstamos del exterior. El país llevó desde entonces una política de desendeudamiento. En 2005 y 2010 abrió canjes de deuda con los tenedores de bonos de deuda soberana. El 93% de los acreedores aceptó cobrar con importantes quitas. El gobierno mantiene aún un duro diferendo con los “fondos buitres” en los tribunales de Nueva York. Estos hedge funds que no se avinieron a cobrar con quita poseen el 7% de los bonos restante.
“No hemos vuelto a pedir prestado y no somos negocio para el sector financiero; ése es el problema, nos quieren volver a endeudar”, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. “Hemos ido a contramano de las cosas que nos decían y nos fue bien, eso no se nos perdona y por eso nos quieren castigar”, añadió.
Los dólares ingresan a las arcas del Estado básicamente a través del canon que se aplica a las exportaciones de los sectores agrícola y minero. El Estado necesita estas divisas para importar energía y pagar la deuda externa. Dicha lógica guía la política cambiaria restrictiva que se aplica.
La cotización del dólar oficial supera apenas los 5 pesos por unidad. Pero los particulares ya no pueden comprarlo para ahorro personal. Y los que viajan al exterior pueden comprar una cantidad de divisas que depende de su calidad como contribuyentes. A fin de no tener que entrar en tratos con la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip), el ente recaudador oficial, muchos acuden al mercado negro, donde el precio de dólar paralelo, conocido como dólar blue, ronda los 8 pesos.
En el tradicional paseo peatonal de la calle Florida de Buenos Aires, los cambistas de divisas –popularmente conocidos como arbolitos– trabajan a la luz del día. Cada quince o veinte metros alguien grita: “Cambio dólar, real, euro.” Uno de estos arbolitos, de 20 años, accede a contestar algunas preguntas a condición de no revelar su identidad. El aumento de la brecha entre dólar oficial y dólar paralelo lo ha beneficiado.
“Más laburo (trabajo) hay ahora”, dice a Apro.
“Antes se laburaba poco, de las 9 de la mañana hasta el mediodía, ahora va de las 9 hasta las 9 de la noche. Gano más”, confiesa.
El joven cobra una comisión por lo que compra y lo que vende. Entre sus clientes hay turistas y también pequeños ahorristas argentinos. En el paseo hay una presencia policial discreta, pero visible. Los arbolitos hacen su trabajo sin que nadie los moleste.
“Tranquilo…, no hay problema –grafica el joven–. Pero si pasa un policía a un metro no se puede gritar así, se queda uno callado, no grita delante de ellos por respeto. Porque es algo ilegal, ¿no? En el fondo es ilegal.”
El ahorrista argentino se refugia desde hace unos 40 años en la moneda estadunidense. La circulación de dólares en la economía argentina es una de las mayores del mundo fuera de Estados Unidos. Alberto (nombre ficticio), un pequeño empresario gastronómico de Buenos Aires, suele volcar sus ganancias en el dólar que se ofrece en el mercado paralelo.
“Porque no le creo al peso”, se justifica. “En algún momento creo que se cae. Hay también una cuestión de herencia, digamos: todos los que uno conoce que han tenido dinero han ahorrado en dólares. El peso para mi es poco creíble por un montón de frustraciones que ha dado la Argentina con los distintos gobiernos a la gente.”
Alberto asume que los grandes empresarios activos estudian la rentabilidad que ofrecen los diferentes instrumentos de ahorro o inversión. El pequeño empresario, lo mismo que el ahorrista menor, no se hace tantas preguntas. “Es cómodo ir y comprar 200 dólares, mil dólares o 10 mil dólares”, sostiene. “Porque uno los compra, los guarda y se olvida. Los dejas ahí para que duerman a la espera del momento.”
La investigadora de Flacso, Ana Laura Fernández, examina esta fe del argentino por el dólar: “Creo que eso es histórico en Argentina, con nuestra historia de devaluaciones violentas y sistemas financieros quebrados”, refiere.
Según la especialista, “la población argentina tiende a ahorrar en dólares aún cuando no sea la mejor opción” al tiempo que trae a colación periodos recientes, en los que se demostró más redituable tener un plazo fijo en pesos en el banco que guardar divisa estadunidense.
Luego trae a la memoria el recuerdo doloroso del final de la convertibilidad: “Si se piensa que toda la plata quedó en el banco, y no se podía sacar, entonces no deja de ser una conducta racional no poner el dinero en el banco, aunque la rentabilidad (del dólar) no sea tan alta”, resume.
Devaluación
El Estado retiene el 35% de la multimillonaria exportación anual de granos y oleaginosas como la soya. La liquidación se realiza en base a la cotización oficial del dólar. El poderoso sector agroexportador pugna por una devaluación del peso, que eleve la cotización de la divisa estadounidense, y así su margen de ganancia.
“La expectativa de las clases dominantes es que en algún momento va a haber devaluación. Y de hecho, la política del gobierno argentino de 2012 es de devaluación progresiva, más acelerada que la que hubo en 2011”, sostiene Gambina.
El secretario de Comercio interior, Guillermo Moreno, afirmó el 22 de enero de este año que “no es descabellado” pensar que la cotización oficial de la divisa alcance los 6 pesos en diciembre de 2013. A decir de Gambina, “esto sería reconocer una devaluación del 20%, con lo cual la política cambiaria oficial va convalidando progresivamente la devaluación que se rige por el dólar paralelo.”
Argentina llegó a tener en 2002 al 57% de la población bajo la línea de pobreza. En la actualidad, buena parte del sector social de más bajos ingresos recibe subsidios de parte del Estado. La Asignación Universal por Hijo alcanza a 3.5 millones de niños de padres desocupados que trabajan en el mercado informal o, que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil. El beneficio asciende a unos 55 dólares mensuales al cambio oficial. En estos últimos años el gobierno permitió la jubilación a 2 millones de personas que no habían realizado aportes previsionales. Perciben una jubilación mínima que equivale a algo más de 400 dólares. Esto permite a 5.5 millones de argentinos el acceso a una canasta de consumo mínima, anteriormente inexistente.
Para Fernández “los sectores que históricamente se vieron perjudicados por la inflación son la base de apoyo de este gobierno. Creo que la respuesta está en las otras políticas que sí se llevaron a cabo. A este gobierno se le perdonó la negación de la inflación porque hubo muchas políticas que beneficiaron a amplios sectores y que marcaron un cambio de rumbo en la política económica y la intervención del Estado en la economía, en la política social, en el mercado de trabajo, que son lo que determinan ese apoyo.”
De manera inversa, los grandes beneficiados de la década muestran gran animosidad contra el gobierno.
“El gobierno no goza de la voluntad ideológica y política de las clases dominantes, que siguen atadas al discurso hegemónico de las últimas cuatro décadas que, por simpleza de vocabulario, llamo neoliberal. Aunque estos sectores estén ganando mucho dinero y aunque su capacidad de consumo esté exacerbada, tienen críticas hacia políticas oficiales que expresan un cambio político, aunque no necesariamente de paradigma económico”, concluye Gambina.
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