La expropiación petrolera y su involución histórica
CONTRALÍNEA
Bastarían
75 años para que las razones históricas y los orígenes de la
expropiación petrolera de 1938 sean sepultadas por las políticas
neoliberales, que ahora en su intención privatizadora impuesta por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) buscan, sin el consentimiento del
pueblo de México, regresar sus viejos privilegios a las compañías
extranjeras, mismas que en las primeras décadas del siglo pasado
mantuvieron en condiciones de semiesclavitud a los trabajadores
petroleros del país y a los que el entonces presidente Lázaro Cárdenas
apoyó en su organización sindical y en la conquistas de sus legítimos
derechos, al restituir con su patriótico deber las riquezas del subsuelo
en beneficio de la nación.
La inexplicable involución histórica
que se intenta concretar sería la culminación de una política de
desmantelamiento de las empresas públicas que se ha venido ejecutando
desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora busca abrir
de par en par las puertas de la inversión privada, tanto nacional
como extranjera, en Petróleos Mexicanos (Pemex), al argumentar de
manera artificiosa, como en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del
Centro, inviabilidad financiera, cuando han sido las desatinadas
políticas fiscales que le han impuesto una desorbitada carga impositiva
las causantes de su quebranto financiero.
Pemex, dicen, requiere de
multimillonarias inversiones para echar a andar sus proyectos de
exploración y perforación en los potenciales yacimientos del Golfo de
México, para la construcción de nuevas refinerías y para renovar su
tecnología, pero los gobiernos neoliberales se niegan a modificar el
sistema de recaudación para que se frene la evasión fiscal de las
grandes empresas, y con ello evitar que las millonarias ganancias de la
entidad sean la caja chica de los déficits fiscales sino la palanca de su propio desarrollo.
Es prioritario refrescarles la
memoria a aquellos que ahora buscan de nueva cuenta, como si se tratara
del gobierno de Porfirio Díaz, entregar la mesa puesta a las mismas
empresas que hace 1 siglo desangraron al país al robarle, a cambio de migajas, sus riquezas del subsuelo y explotar de manera inhumana a sus trabajadores.
Razón por la cual el 1 de junio de
1936 el presidente Cárdenas promovió y apoyó el Primer Congreso del
Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías
extranjeras la firma de un contrato colectivo que les permitiera tener
mejores condiciones de trabajo, pues los trabajadores estaban expuestos a
la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta
de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremosos,
insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Además, y como había
ocurrido con los mineros en Cananea, Sonora, eran discriminados en sus
salarios pues, aunque eran obligados a trabajar mayores jornadas de
trabajo, ganaban menos que los extranjeros.
Las empresas extranjeras –donde
sobresalían entonces las de capital británico y estadunidense– fueron
emplazadas a huelga pues, falazmente, argumentaban ante el gobierno
mexicano ser insolventes para sufragar los 26 millones de pesos, y a
cuyo pago a favor de sus trabajadores habían sido conminadas por la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; los ensoberbecidos
empresarios se atrevieron incluso a poner en duda la palabra y la
calidad moral del presidente Cárdenas, quien en un acto de conciliación
los invitó a resarcir la deuda laboral que tenían con sus obreros.
Como parte del honroso nacionalismo de
nuestra historia quedó consignado lo sucedido en la junta del 7 de
marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas solicitó ante los
capitalistas extranjeros el pago de los 26 millones como una garantía
para levantar la huelga; uno de los dueños de una de las compañías
preguntó: “¿Y quién lo garantiza?”. “El presidente de la República”,
contestó, con voz firme, el general Lázaro Cárdenas, a lo cual el dueño
respondió, insolente: “¿Usted y quién más?”. En ese momento Lázaro
Cárdenas dio por terminadas las pláticas.
Fue así que el 18 de marzo se concretó
la expropiación petrolera, que dio la pauta a un hecho también digno de
recordarse: el apoyo de todo el pueblo de México, que acudió días
después a las puertas del Palacio de Bellas Artes a cooperar con dinero,
gallinas, cerdos o lo que tuviera a su alcance para saldar la deuda del
país con las voraces, pero entonces derrotadas, firmas extrajeras.
Pero recordemos cuáles fueron las empresas que formaron parte de la expropiación de 1938:
Compañía Mexicana de Petróleo El
Águila (London Trust Oil-Shell); Mexican Petroleum Company of California
(ahora Chevron-Texaco, la segunda empresa petrolera a nivel mundial)
con sus tres subsidiarias, Huasteca Petroleum Company, Tamiahua
Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company; The Waters Pierce Oil
Company, subsidiaria de Standard Oil Company (ahora ExxonMobil, la más
grande empresa petrolera del orbe); Californian Standard Oil Company of
México; Compañía Petrolera Agwi, SA; Penn Mex Fuel Oil Company (ahora
Pennzoil); Stanford y Compañía Sucrs; Richmond Petroleum Company of
Mexico (ahora BP, Plc, fusionada con Arco, Castrol, entre otras);
Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial, SA; Compañía de Gas y
Combustible Imperio y Empresas; Mexican Sinclair Petroleum Corporation
(sigue siendo Sinclair Oil Corporation); Consolidated Oil Companies of
Mexico, SA; Sabalo Transportation Company; y finalmente la Mexican Gulf
Petroleum Company (luego llamada Gulf).
Paradójico es que sean los empresarios
extranjeros que en 1938 dejaron a las plantas petroleras sin
refacciones, sin materias primas y sin técnicos calificados (con el fin
de sabotear a la industria) los mismos que ahora estén en poder de
recuperarlas en condiciones aún más favorables para ellos. Sea
pertinente también recordar que el primer intento privatizador de Pemex
se dio durante el gobierno de Miguel Alemán al otorgarse 17 contratos de
perforación o contratos de riesgos a empresas estadunidenses. Años más
tarde, fue el presidente Adolfo López Mateos quien reformó la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar clara
la prohibición de realizar concesiones o contratos a empresas.
Correspondió a Jesús Reyes Heroles,
exdirector de Pemex, negociar el finiquito anticipado de los contratos
existentes para recuperar el dominio de la nación sobre el petróleo,
situación que cambió drásticamente durante el gobierno de Salinas de
Gortari, en 1989, cuando se dieron las reformas a las leyes y los
reglamentos en la materia para comenzar la sustitución del control
directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica,
con la participación de empresas nacionales y extranjeras. Pemex quedó
dividida en cuatro subsidiarias y un corporativo para, supuestamente,
maximizar el valor financiero del crudo. Un sexenio después, el
expresidente Zedillo empeñó Pemex a cambio de un crédito de 20
mil millones de dólares para salir de la crisis conocida como el error
de diciembre de 1994, que provocaría a nivel mundial el “efecto
tequila”.
Silenciosamente, la privatización de
Petróleos Mexicanos es ya una lamentable realidad: la Auditoría Superior
de la Federación reportó en 2007 que al menos 22 empresas extranjeras
tenían participación de negocios con la paraestatal. Además, con la
reforma energética de 2008 se abrió la opción de diseñar los contratos
incentivados mediante los cuales Pemex contrata por concurso a empresas
privadas para que extraigan petróleo de sus yacimientos y les paga en
efectivo el 75 por ciento de lo que invierten más un pago en dólares por
cada barril producido.
En este esquema ya legalizado, son las
petroleras internacionales como Royal Dutch Shell, BP, Plc, ExxonMobil,
Chevron Corporation, Statoil y Petrobras, las únicas con las soluciones
integrales para explotar campos petroleros complejos, y aunque suelen
mostrarse interesadas en los contratos incentivados de Pemex, su negocio
es producir y comercializar petróleo, no ser contratistas.
Como se deduce fácilmente, la reforma
energética que ahora se plantea buscará flexibilizar aún más los canales
de participación extranjera bajo dudosos modelos de coinversión, al
poner a Pemex en manos de las voraces firmas extranjeras a las que puso
en su sitio el general Cárdenas, pero a las que los políticos neoliberales de hoy les permitirán venir por la revancha en agravio del patrimonio de todos los mexicanos.
Por eso, las organizaciones sociales y
civiles del país hemos convocado a la movilización este 18 de marzo, a
las 17:00 horas, para que marchemos juntos del Ángel de la Independencia
al Zócalo capitalino. Porque estamos convencidos de que hoy, como ayer,
la movilización de los obreros, campesinos y el pueblo debe ser por la
defensa del patrimonio nacional, en rechazo de la pretendida involución
histórica de los gobiernos neoliberales.
*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 326
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