Directora del FMI investigada por falsificación y desvío de bienes públicos

Libre Red 
La Policía francesa ha registrado este miércoles el piso parisino de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, como parte de la investigación del caso Tapie.


El abogado de Lagarde, Yves Repiquet, ha confirmado a los medios franceses la información pero ha destacado que el registro va a servir para “esclarecer la verdad” y contribuir a “exonerar de toda responsabilidad penal” a su clienta.
La investigación a Lagarde por parte de la Justicia francesa se abrió oficialmente en agosto de 2011, con el objetivo de verificar si en 2008 intercedió de forma presuntamente ilegal para conceder una millonaria indemnización al empresario Bernard Tapie e incurrió en los delitos de “complicidad en falsificación” y “desvío de bienes públicos”.

Arbitraje sospechoso

La entonces ministra de Economía de Francia, en el gobierno de Nicolás Sarkozy, decidió que el monto de esa compensación por la venta de Adidas, empresa embargada a mediados de la década de 1990, fuera fijado por una comisión de arbitraje privada y no por los tribunales, tras 18 años de litigios.
La elevada cuantía acordada, de 285 millones de euros que con los intereses se acercaba a los 400 millones, sorprendió a varios diputados socialistas, que acabaron acudiendo a la Justicia para denunciar el procedimiento.
Un documento del Tribunal de Justicia (CJR), difundido en agosto de 2011, indicaba que hay “indicios graves y concordantes que permiten sospechar que, bajo la apariencia de regularidad de un procedimiento de arbitraje, se esconde una acción concertada para otorgar” a Tapie una indemnización que no habría podido obtener por la vía judicial.
La Policía se ha presentado también recientemente, entre otros, en los domicilios del entonces secretario general del Elíseo, Claude Guéant, del propio Tapie y de Stéphane Richard, que dirigía el gabinete de Lagarde cuando se produjo el arbitraje.
Si se demostraran los hechos, Lagarde podría ser condenada a una pena máxima de diez años de cárcel y a 10.000 euros de multa.
Reuters 

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