Congreso, en deuda por Ley de Aguas: aún vigente el régimen neoliberal
Por un desacato de 8 años, el Congreso ha permitido que la Ley de Aguas Nacionales siga vigente y, con ella, el acaparamiento empresarial, sobreexplotación, un mercado negro, inequidad en el acceso al líquido y la contaminación de los principales afluentes, explican especialistas
Por mandato de una reforma
constitucional, la Ley de Aguas Nacionales (LAN), vigente desde 1992
durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, debió ser reformada
desde hace 8 años. El desacato en el que se encuentra el Congreso de la
Unión permite la continuidad del acaparamiento empresarial, el mercado negro, la inequidad en el acceso al agua y la contaminación de los principales afluentes, arguyen especialistas.
Y es que desde el 8 de febrero de 2012
se modificó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el que se establece: “Toda persona tiene derecho al
acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Para ello, en su artículo tercero
transitorio mandató: “el Congreso de la Unión contará con un plazo de
360 días para emitir una Ley General de Aguas”, misma que no ha sido
promulgada.
Es desde la sociedad civil que se han
llevado iniciativas ante el Poder Legislativo, después de la realización
de foros de consulta en comunidades y espacios públicos. No obstante,
con el transcurrir de un sexenio y a poco más de año y medio de la
actual administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
–actualmente encabezada por Blanca Jiménez Cisneros– aún no presenta su
propuesta, lo que contribuye al retraso de la reforma y la inequidad en
el acceso al recurso; así como que sea considerado como pleno el derecho
humano al agua, opinan expertos en la materia.
Y mientras en las cámaras se convoca a
un parlamento abierto para tratar el tema, las afectaciones continúan:
más de 100 de los 653 acuíferos están sobreexplotados, y las dos
terceras partes de las más de 700 cuencas hidrográficas se encuentran
contaminadas. A ello se suma que los conflictos hidraúlicos en el país
afectan, principalmente, a Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa,
Sonora y Veracruz, originados a partir de la construcción de acueductos,
presas y contaminación de afluentes.
Consultados por Contralínea,
defensores de derechos humanos, asesores legislativos, investigadores y
expertos en la materia aseguran que de no llevarse a cabo la reforma
requerida, se estaría dando continuidad a un régimen concesionario de
agua totalmente neoliberal, que ha permitido una privatización
silenciosa del vital líquido.
Datos del Registro Público de Derechos
de Agua (REPDA) de la Conagua, al 31 de mayo de 2019, indican que en el
país hay 516 mil 396 títulos de concesión de agua; el total de volumen
de extracción de agua es de 270 mil 288 millones 071 mil 664 metros
cúbicos; de los cuales, 235 mil 608 millones 476 mil 549 anuales son de
aguas superficiales y 34 mil 679 millones 595 mil 115 metros cúbicos son
de aguas subterráneas, por año.
El desacato
Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), explica que es urgente llevar a cabo la
reforma y emitir una Ley General de Aguas, porque actualmente se regula o
gestiona el recurso a partir de un marco legal creado en 1992, “que
corresponde a un época en el país muy vinculada al proyecto neoliberal, a
la expansión de los negocios, a la llegada de apertura para las
inversiones y, como se sabe, el agua es un bien fundamental para todo
ello”.
Doctor en derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, Gutiérrez Rivas añade que la ley de 1992 tiene
una perspectiva del agua como un recurso y una mercancía. La caracteriza
“como un bien con valor económico, con mecanismos de protección hacia
los grandes consumidores: las concesiones de agua se otorgan por 30 años
y son renovables por otros 30, lo que ha permitido un acaparamiento muy
poco conveniente para la población, se trata de grandes consumidores de
agua; en tanto, la gestión social y comunitaria está desdibujada”.
El investigador de la UNAM enfatiza que
la ley vigente “no reconoce la gestión comunitaria, no toma en cuenta
esta posibilidad para los propios pueblos de este país, incluso, los
criminaliza. Y el hecho de que el agua sea considerada un asunto de
seguridad nacional, genera opacidad en la información a la que tiene
acceso la ciudadanía”.
Por su parte María González Valencia,
coordinadora del área de acción para la defensa del territorio del
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), expone que en
México la legislación en materia de agua ha venido en retroceso y
desprotege cada vez más los derechos humanos. Además de que continúa
fortaleciendo a los actores económicos, “la Ley de Aguas Nacionales
tiene un enfoque totalmente privatizador y mercantilista”.
González Valencia resalta que un aspecto
relevante está en quién controla el agua, quién decide sobre este
recurso; y en este proceso de construcción, de debate y discusión de una
aparente próxima aprobación de la Ley General de Aguas, ¿cuáles son los
actores en disputa y cuáles son esos focos rojos que se van a seguir
peleando?
La defensora de derechos humanos comenta
que la ley vigente, en su capítulo cuarto, permite el acaparamiento de
agua por actores económicos a través del sistema de concesiones y
transferencia de derechos sobre el agua a privados.
“El régimen de concesiones vulnera el
principio de equidad y sustentabilidad del agua, es responsable de
diversos conflictos y disputas por el agua entre comunidades y empresas,
en el campo y la ciudad; ocasiona la sobreexplotación de acuíferos y su
contaminación. En esencia, mantiene el control político y económico de
nuestra agua por encima de los derechos y territorios de los pueblos
indígenas, del acceso al agua para las mujeres, los niños, las niñas y
las poblaciones rurales y urbanas de bajos ingresos”, dice.
Y es que, añade González Valencia, en el
artículo 20 de la LAN el sistema de concesiones permite acceder al agua
a los particulares en cada cuenca mediante la obtención de una
concesión ante la Conagua, “logrando así un derecho prácticamente
irrevocable debido a los siguientes factores”.
Agrega que “las concesiones otorgadas
pueden tener una vigencia de hasta 30 años con derecho a prórroga por la
misma cantidad de años, es decir, pueden acaparar el agua de manera
continua mínimo por 60 años, según el artículo 24 de la misma Ley.
“Las concesiones pueden ser
transferibles, y por lo tanto un agricultor o campesino puede transmitir
su título de concesión a una compañía minera, constructora o cervecera a
través de la firma de un convenio o contrato entre particulares,
indican los artículos del 33 al 37, 23 y 37 bis de la LAN.
“Las concesiones pueden cambiar el uso
por el que originalmente fueron otorgadas, por ejemplo, de uso agrícola
puede cambiarse para uso industrial al amparo del mismo título, muestra
el artículo 25, párrafo cuarto de LAN”.
Principales propuestas
Ante la devastación que hay del recurso y
la permisividad de la propia Ley, los planteamientos se encuentran ya
en comisiones camarales para su discusión. El pasado 7 de julio, la
senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de
acuerdo en la que exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos del
Senado “a realizar los ejercicios de parlamento abierto, a fin de
escuchar las opiniones de técnicos y especialistas que aporten las
particularidades de las diversas regiones del país y que se deban
contemplar en la Ley Nacional de Aguas”.
La senadora indicó que con este
mecanismo, se pretende que todos los sectores de la sociedad puedan
encontrar puntos de acuerdo común para la “explotación, uso y
conservación del agua con respeto al medio ambiente y el conocimiento
científico, así como las experiencias ancestrales de equilibrio que los
miembros de comunidades indígenas han desarrollado sobre la topografía
de su territorio con el paso del tiempo”.
Miguel Ángel Montoya, consultor
legislativo en materia de gestión integral del agua, ha contribuido en
la elaboración del borrador de la iniciativa de Ley General de Aguas
–presentado por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos,
Agua Potable y Saneamiento, diputado Feliciano Flores Anguiano–, el 4 de
junio pasado, del que destaca que “incorpora la ley de participación
ciudadana, impulsada para dar contrapeso al poder económico y al poder
político que justo también ha contribuido para la violación sistemática
del derecho humano al agua y del derecho al saneamiento”.
Expone que las propuestas que ya están
en el Congreso tienen la intención de terminar con el sistema
expoliador, contaminador y concentrador del agua en pocas manos, como
ocurre desde hace casi 30 años. Destaca que el borrador en el que ha
colaborado toca 10 grandes temas básicos, entre los que se encuentran:
Primero: la transformación a fondo del
régimen concesional, que propone las concesiones tienen que ser más
cortas. En el caso de las renovaciones, si a alguno les interesa el
acceso al agua, tendrán que esperar a que se venzan los títulos y que la
Comisión determine si hay disponibilidad y si estas empresas cumplen
las características de uso sustentable del agua, para otorgarles las
concesiones, se tiene que cambiar el régimen concesional.
Segundo: se plantea un nuevo sistema de
planeación con metas a largo plazo. Aquí se propone el plan de gestión
por cuenca, que a la letra indica en el borrador: “Los Consejos de
Cuenca elaborarán su plan de gestión de cuenca, el cual tendrá que ser
retomado en la construcción del Programa Nacional Hídrico
el plan estratégico”. Todas las
condiciones de sustentabilidad basadas en indicadores, con metas de
complimiento a corto, mediano y largo plazo. Esta estrategia tendrá que
ser evaluada por el congreso.
Tercero: refuerza un sistema de
sanciones que incorpora acciones de justicia restaurativa; por ejemplo,
en el caso de derrames, como el ocurrido en el río Bacanuchi, en Sonora,
por parte de Grupo México
“Se tienen que evaluar el sistema de
sanciones tan débil que existe. ¿Qué le cuesta más caro a una minera
pagar los tráileres para que se lleven los lixiviados de sus presas de
jales, que se traten en un tiradero especializado o simplemente
derramarlos, pues les sale más barato derramarlos con todo el esquema de
sanciones. Lo cual ya no se debe permitir”, expone el consultor
legislativo.
Cuarto: tiene una perspectiva de
derechos humanos que contempla el derecho humano al agua y al
saneamiento, este último indica Miguel Ángel Montoya, no solo tiene que
ver con el tema de baños dignos, de tratamiento de excretas y la no
contaminación para la salud; sino con el restablecimiento de los cuerpos
de agua.
Quinto: el fortalecimiento del sistema
financiero del agua en lo general; es decir, el agua se tiene que cobrar
y se tiene que crear una Norma Oficial mexicana para tener los costos
reales del agua y de esa manera se pueda cobrar, particularmente a los
concesionarios. Para quienes son usuarios de servicio público del agua,
aquellos que sí tienen agua y la tienen de manera regular, se propone un
esquema de cobro progresivo y diferenciado para garantizar la
accesibilidad. Para los grupos que no tienen acceso al agua o de manera
regular, que sean los que mayor subsidio reciban. Actualmente, la
autoridad del agua determina de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales y a
la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con las áreas de disponibilidad.
Sexto: se incorpora la obligación de
telemetría, que es la tecnología que permite la medición remota de
magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el
operador del sistema; esto significa que se intenta medir, al menos para
que se sepa cuánto se extrae. Respecto del tema de infraestructura,
dice, se generan incentivos para que los agricultores tecnifiquen el
riego y particularmente para que la mayor parte de los usuarios utilicen
infraestructura verde, drenajes sustentables y así evitar problemas en
temporadas lluvias. Se trata de toda una serie de incentivos para que
los usuarios se incorporen en otros esquemas de infraestructura y no la
tradicional infraestructura gris, que lo único que hace es generar
corrupción.
Séptimo: fortalecimiento del sistema
público de agua y saneamiento, particularmente se deja muy claro que no
puede haber un privado como intermediario entre el usuario y el servicio
público; es decir, se prohíbe la privatización del agua en el servicio
público.
Octavo: el fortalecimiento de los
sistemas comunitarios de agua, ya que bajo este esquema neoliberal que
abandonó a los pueblos y comunidades, sean indígenas o no, ellos mismos
buscaron mecanismos de gestión para acceder al agua.
Noveno: incorpora obligaciones de
transparencia más allá de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, a través de figuras específicas que
se ven en el registro público de derechos y con todas las obligaciones
que tienen que cumplir en las juntas de gobierno para que pueblos y
comunidades indígenas o los usuarios, en general, puedan tener un acceso
oportuno a información verificable y en tiempo real del agua.
Décimo: los decretos de acceso al agua
de pueblos y comunidades indígenas, que son los que tendría que cumplir
el Ejecutivo para restituir sus derechos de agua en sus territorios a
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Además, se incorpora la perspectiva de
género, no solamente en el lenguaje sino también en mandatos específicos
de paridad y equidad.
En tanto, la Iniciativa Ley General de
Aguas, respaldando a Iniciativa Ciudadana, presentada por 34 senadores
del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y
publicada el 4 de marzo, se destacan los siguientes puntos,
principalmente:
“No permite compra-venta de concesiones
de aguas nacionales. No permite la privatización de obras hidráulicas ni
de sistemas de agua y saneamiento.
“Para la renovación bianual de grandes
concesiones requerirán demostrar eliminación progresiva de
contaminantes; acceso público a punto de descarga. Conagua será obligado
a demandar a contaminadores para que restauren comunidades y
ecosistemas afectados.
Además, “toda concesión, obra o
actividad que pudiera vulnerar el derecho humano o colectivo al agua
tendría que contar con consentimiento previo e informado de población
potencialmente afectada”.
También, “se prohíbe agua para fracking
y minería tóxica” y una “defensoría de agua obligaría a contaminadores a
reparar daños a comunidades y ecosistemas”. “Se reconocerá derecho de
pueblos sobre aguas en sus territorios sin concesión ni injerencia
externa”.
Francisco López Bárcenas, investigador
del Colegio de San Luis en el programa de Agua y Sociedad, comenta que
muchas de las concesiones que existen actualmente se encuentran en
territorios indígenas y existen demasiados acuíferos sobreexplotados y
contaminados, como efecto de lo que trajo la Ley de 1992 y que se
buscarían corregir con esta reforma.
Las Estadísticas del agua en México, edición 2018 reportan
105 acuíferos sobreexplotados, de los 653 que hay en el país. Además,
da cuenta que los usos del recurso en el país es: 76 por ciento
agrícola, 4.7 por ciento para la generación de energía eléctrica, 14.4
abastecimiento público y 4.9 industria autoabastecida.
El investigador enfatiza que uno de los
puntos importantes de la iniciativa de Morena es que propone un tribunal
donde se judicialicen los conflictos, lo que brindaría la resolución de
los mismos y otorgaría mayor certeza a los asuntos, lo que “les quita
la carga política”.
Sin embargo, añade que es necesario
“crear una especie de delitos relacionados con el agua; por ejemplo, en
el caso de que se reventó la batea de contaminantes a una empresa minera
y afectó todo el río, eso es una destrucción, o que usó muchísima más
agua, como sucede con la gran agricultura, o con muchas empresas
industriales, se están robando el agua. Hay situaciones que ameritaría
que fueran delitos”.
Acaparamiento, favorecido por el neoliberalismo
Dos de las principales problemáticas en
torno al agua es el acaparamiento de este recursos y la conflictividad
social generada a partir de la imposición de megaproyectos que
involucran el recurso.
En enero pasado, la reportera Lauren Franco en Contralínea
documentó que Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras como Cuauhtémoc
Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de
Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de
acaparadores de agua en el país.
María González Valencia, coordinadora
del área de acción para la defensa del territorio del Imdec, documenta
que tan sólo en Jalisco el acaparamiento de agua está en manos de
empresas cerveceras, constructoras, embotelladoras, inmobiliarias,
refresqueras, tequileras, químicas, de agroexportación y de
fraccionamientos residenciales.
A través de su investigación Los Acaparadores del Agua en Jalisco
revela la gravedad que hay en la Región Hidrológica No.12
Lerma-Santiago, que incluye los principales cuerpos de agua de la
entidad: Lago de Chapala, río Verde, Lago de Cajititlán, río Santiago,
subcuencas y microcuecas de la Zona Metropoliana de Guadalajara, mismos
que concentran la mayor conflictividad socio ambiental en el estado.
El Imdec muestra que entre los
principales acaparadores se encuentran: la inmobiliaria Urbi
Construcciones del Pacífico, SA de CV; Cervecería Grupo Modelo;
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, propiedad de la neerlandesa Heineken;
la agencia vecinal Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias, AC; las de
origen estadunidenses Grupo Celanese, de la industria química; y Zoltek
de México, de la industria del carbón; así como la colombiana Reserva
del Bosque, entre otros.
José Manuel Ortega Herrera, integrante
de la Comisión Política de El Barzón, comenta que desde la organización,
dedicada principalmente a las actividades agrícolas y pecuarias, hay
una preocupación por el descontrol que hay en la entrega de concesiones;
así como la falta de información y de regulación de la explotación del
agua, ya sea en términos superficiales o sea a través de la explotación o
la producción de pozos.
“Creemos que el principal problema es
que las concesiones se han estado dando desde hace muchos años en lo
oscurito, de manera parcial, se han violado los términos de las
concesiones en cuanto al uso del agua y en cuanto al pago que debiera
hacerse por al aprovechamiento del agua”, comenta.
Ortega Herrera expone que en el caso
específico de la agricultura “se tiene que hacer una revisión muy
puntual, en lo que respecta a los distritos de riego porque pareciera
que en el sector se ocupa el 60 o 70 por ciento del agua; pero
consideramos que este indicador es muy escandaloso”.
Ejemplifica que en Chihuahua, en junio
de 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa
negó un amparo a Joel Francisco LeBarón Soto, quien lo promovió para que
la Conagua le permitiera perforar nueve pozos que la dependencia había
declarado irregulares. “Los distritos de riego se tienen que arreglar
con la Sader, pero hay un descontrol en la explotación de pozos
privados, un exceso de beneficios y no sabemos la condición de los
mismos, el tipo de aprovechamiento y el número de metros cúbicos y,
además, en este caso las cuotas que se tienen que cobrar”, añade el
integrante de la Comisión Política de El Barzón.
Al respecto, Eraclio Rodríguez Gómez,
presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria, acusa que en Chihuahua, prácticamente,
todos los acuíferos están sobre-concesionados; además, “hay una
sobreexplotación ilegal del agua, no tienen permisos o los tienen
totalmente ilegales, con títulos clonados, trámites de traspaso de
derechos totalmente irregulares y todo lo que se ha venido dando en los
últimos años, dada toda la corrupción de la Conagua”.
El legislador por el Partido del Trabajo
acusa que en la región del Oasis, en el municipio de Ojinaga, hace 20
años se inició la explotación del agua; “había un estudio donde decía
que para alcanzar la sustentabilidad pudieron haber abierto el cultivo a
11 mil hectáreas; sin embargo, se abrieron cerca de 50 mil y ahorita ya
tenemos muchas tierras abandonadas porque ya no tienen agua. Hay una
depredación ecológica impresionante”. Asimismo, añade, en Ciudad
Cuauhtémoc, hay problemas de agua potable, como consecuencia del
crecimiento de la fruticultura y la agricultura en la zona; esto
provocado una explotación indiscriminada de los acuíferos.
Rodríguez Gómez comenta que ante la
necesidad de llevar a cabo la reforma para generar la Ley General de
Aguas es indispensable que se tomen en cuenta a todos los sectores, pues
“yo soy el presidente de la comisión de agricultura, somos los terceros
perjudicados en el manejo del agua o somos los que más perjudicamos a
la población en el manejo del agua y ni siquiera nos han pedido opinión,
mucho menos ser parte de la dictaminación y de la revisión del proyecto
de Ley, es un asunto totalmente fuera de la realidad, pero así estamos,
no solamente en el tema del agua; en algunos otros temas donde somos
los más perjudicados a nosotros ni siquiera nos toman en cuenta ni
siquiera nos piden opinión de lo que quieren modificar”.
Conflictividad por el agua
El agua también ha sido motivo de conflictividad social en el país. En el libro Ecocidio en México. La batalla final es por la vida,
el ahora titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur, reconocía que en
México más de un centenar de acuíferos están sobreexplotados, y las dos
terceras partes de las más de 700 cuencas hidrográficas contaminadas.
“Sin embargo, el agua está
sobreerxplotada por la agricultura industrial o contaminada por las
industrias o las ciudades. A los problemas de su contaminación, se suman
los costos sociales de su escasez; grandes núcleos de la población no
tienen acceso al vital líquido”, indicó Toledo Manzur.
La Semarnat tiene más de una treintena
de conflictos socioambientales clasificados de urgentes, entre ellos,
más de una docena que están relacionados con el agua, ya sea por la
sobreexplotación de acuíferos, contaminación o la construcción de
megaproyectos.
En el listado de Conflictos ambientales atendidos,
que no significa que estén completamente resueltos, la dependencia que
encabeza Toledo Manzur indica: “éstos se han multiplicado y agravado en
las últimas décadas bajo el modelo neoliberal. Año tras año, ciudadanos
preocupados o directamente afectados han solicitado la actuación de
dependencias del sector ambiental, pero muchas veces han encontrado una
respuesta lenta, insuficiente o nula, ya sea por ineficiencia,
negligencia o corrupción”.
De las problemáticas que ha comenzado a
atender la Semarnat, relacionadas con el agua, destacan: La gestión del
agua de los pueblos zapotecos, en Oaxaca, la construcción del Acueducto
Independencia, en Sonora; así como de las presas El Zapotillo, en
Jalisco; Los Pilares, en Sonora; la descarga de aguas residuales en el
Puerto Lázaro Cárdenas, el derrame de 40 millones de litros de sulfato
de cobre acidulado en el río Sonora por Grupo México, entre otros.
Para este trabajo se solicitó entrevista
con Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de Conagua, a
través de la unidad de Comunicación Social; sin que se haya otorgado
respuesta al cierre de esta edición.
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