Impedir que llueva: las multinacionales que juegan a ser Dios
Las
regiones de la Mixteca y la Sierra Negra, un corredor biológico y
cultural de Puebla a Oaxaca, padecen una sequía que cumple 20 años. Las
comunidades indígenas y campesinas viven en la incertidumbre. Cada ciclo
agrícola se preguntan si nacerá y crecerá el maíz sembrado, y si
contarán con el agua suficiente para vivir.
Desde hace 2 décadas, los mantos
freáticos no se recargan lo suficiente. Los arroyos se han convertido en
canales secos. Esporádicos hilos de agua les escurren unas cuantas
semanas en todo el año. Simplemente la temporada de lluvias no llega. Si
tienen suerte, las familias verán unas cuantas lloviznas que se
espacian entre junio y agosto, meses que en otras épocas descargaban
chubascos y aguaceros constantes.
Organizadas en el Frente en Defensa de
la Tierra Puebla-Oaxaca, las comunidades hoy demandan una investigación.
Saben que no sólo se trata del cambio climático que padece el planeta
entero. A los intereses de las grandes empresas que se han instalado en
el territorio no les conviene que ahí llueva.
Desde hace hace 20 años, los pobladores
comenzaron a percatarse del vuelo constante de avionetas sin que
establecieran relación alguna entre ellas y la ausencia de lluvias. En
los últimos 3 años, la presencia de las aeronaves se intensificó. Hoy,
luego de investigaciones apoyadas por organizaciones solidarias y
registros de los avistamientos de las avionetas por cada comunidad, ya
tienen la certeza de que hay quienes impiden que se concrenten las
precipitaciones de agua.
Por ello, el pasado martes 21 lanzaron
un comunicado para exigir “a los gobiernos del estado de Puebla y
Oaxaca, así como al gobierno federal, la apertura de una carpeta de
investigación, el castigo inmediato a los responsables, así como la
indemnización a los campesinos y ganaderos por daño a la agricultura, la
ganadería y daño al medio ambiente”.
Han podido establecer que las rutas de
estas avionetas van de Tehuacán, Puebla, a Tamazulapam, Oaxaca; de
Tehuacán a Acatlán, y de Tehuacán a Teotitlán. Utilizan sustancias como
el yoduro de plata y el yoduro de plomo, así como ondas ionizantes.
Dichas sustancias y tecnología disuelven las nubes a punto de la
precipitación en cuestión de 10 minutos. Las comunidades han captado
imágenes de las avionetas y su actividad.
Para los pueblos, los daños al medio
ambiente causados por estas actividades ha terminado por poner en
peligro la vida de todos los habitantes de la región. Anuncian próximas
movilizaciones para que sean escuchados.
Sospechan del Grupo SRS (Grupo Socorro
Romero Sánchez o simplemente Grupo Romero), una de las productoras de
huevo y carne de cerdo más importantes en el país, que ha instalado
granjas en toda la región.
Sin embargo, consultada por Contralínea,
esta trasnacional de origen mexicano rechaza que tenga algo que ver con
las avionetas. En entrevista con Zoila Buenabad, directora de
Mercadotecnia, el Grupo SRS incluso demanda una investigación y solicita
que se hagan públicos los datos y las bitácoras de tales avionetas.
Es decir, la empresa se ha enterado de
la existencia de esas aeronaves y los vuelos, y rechaza tener alguna
relación con ellos. Niega que utilicen tal tecnología y asegura que ni
siquiera es de su interés. Por el contrario, sí demandan saber cuál es
el origen de las avionetas y qué actividad realizan. “Nosotros no somos
la única empresa con granjas en la región”, advierte.
Que las autoridades estatales y
federales escuchen a las comunidades y le tomen la palabra al Grupo SRS.
Será importante saber quiénes juegan con los ecosistemas y la vida de
personas, animales y plantas sólo por favorecer intereses particulares. Y
también será muy importante saber quiénes protegieron estas actividades
por tantos años.
Fragmentos
Contralínea publica en esta
edición (impresa y electrónica) una entrevista con Hugo Aguilar Ortiz,
coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI). El diálogo resulta una continuación del iniciado con
la institución en voz de su director, Adelfo Regino Montes (https://bit.ly/30MtS8i).
En esta ocasión, Aguiar Ortiz anuncia una reforma que dará a los
pueblos indígenas un rango de sujetos de derecho público en el sistema
jurídico mexicano. Con ello las tribus, pueblos y naciones podrán
ejercer de manera directa presupuesto público. Reconoce que el INPI está
rebasado ante la cantidad de conflictos (más de 7 mil) de las
comunidades originarias con viejos y nuevos terratenientes. Lo cierto es
que la “4T” busca apaciguar los ánimos entre los pueblos indígenas,
luego de las “consultas” para el Tren Maya, el Corredor Transístmico y
la termoeléctrica del Plan Integral Morelos; además de la decisión de no
cancelar concesiones mineras y otros megaproyectos en marcha. Veremos
los alcances de tal reforma, que desde ahora se ve insuficiente… Por
cierto, el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y
los pueblos de Morelos conmemorarán el natalico del nahua Samir Flores
Soberanes este 2 de agosto. Realizarán actividades políticas y
culturales para recordar a quien consideran el primer asesinado por
motivos políticos en la “cuarta transformación”.
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