- Las recontrataciones de Felipe
- Si saben contar, no los incluyan
- Joven promesa en Bucareli
Carlos Fernández-Vega
Al flamante subsecretario de Gobierno en Bucareli, el ex diputado panista Roberto Gil Zuarth, se le ocurrió una brillante idea para estrenar el hueso: desmentir tajantemente al inquilino de Los Pinos o, si se prefiere, ubicar en la realidad a los mexicanos y recordarles que las promesas calderonistas nunca trascienden el discurso. Este esforzado ex vicecoordinador del rebaño blanquiazul en San Lázaro tiró al basurero el compromiso “social” que el pasado 11 de octubre públicamente hiciera Felipe Calderón con motivo de la “extinción” (léase el decretazo) de la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, y la cancelación, de un plumazo, de 45 mil puestos de trabajo en el sector formal de la economía.
Resulta que esta joven promesa de la política nacional (a quien el inquilino de Los Pinos organizó –erario paga– sabrosa y bullanguera “comida de despedida” como diputado, y de paso para “agradecer” al rebaño panista en San Lázaro “las decisiones responsables que ha tomado en los momentos en los que se necesita”) se aventó la siguiente puntada que tajantemente contradice el “compromiso” de su anfitrión: “hago un llamado al sector privado para que contrate a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pues la solución de este conflicto le corresponde a todos y no sólo al gobierno… insisto en que el tema es una cuestión social que su solución conviene a toda la sociedad; debieron apoyar en la contratación de los ex trabajadores, pues a todos conviene que ellos encuentren un futuro y con ellos se coadyuve a la reactivación económica… un llamado a los gobiernos de los estados en los cuales funcionó LFC, para que también participen en esquema de reinserción de trabajadores”. ¡Ole!
Excelente forma de estrenar chamba como cabeza visible en la Secretaría de Gobernación y amarrar su relación con el inquilino de Los Pinos: llamarle mentiroso a su patrón, lavarle las manos al gobierno calderonista y, de plano, apostarle a la falta de memoria, echarle la responsabilidad a la iniciativa privada, en particular, y a la sociedad, en conjunto, por el descarado incumplimiento de un compromiso que ella no hizo, sino Felipe Calderón.
Para darle contexto, el 11 de octubre de 2009 (en su “mensaje a la nación” y en su papel de sepulturero de paraestatales y fuentes de empleo) Calderón se comprometió, con motivo del decretazo, de la siguiente forma: “he dado las siguientes instrucciones: a la administradora (Comisión Federal de Electricidad), para que busque recontratar al mayor número posible de trabajadores (de la ya extinta Luz y Fuerza del Centro), a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional”. A la mañana siguiente, el nuevo “administrador”, Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE, celebraba que “a finales de la próxima semana más comenzarán a abrir el servicio de contratación para los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, recientemente extinguida”. Y tan vertiginoso fue el proceso, que en diciembre del año pasado oficialmente se reconoció que sólo 3 por ciento de los 45 mil electricistas que de un plumazo Calderón echó a la calle “inició ya (…) su respectivo proceso de contratación para ingresar a la CFE”. Tres de cada 100, a quienes tampoco se les garantizó la chamba.
Dos días después Calderón reiteró: “hemos tomado también las medidas para atender con justicia, con responsabilidad a los trabajadores, respetando íntegra y pulcramente todos sus derechos, y otorgando una indemnización que está sustancialmente por arriba de la ley; además de proveer las medidas para poder recontratar al máximo número de trabajadores posible, de manera directa o indirecta, una vez que esté reorganizado operacionalmente el servicio”. Por si hubiera duda el 14 de octubre, ante los industriales de la radio y la televisión, repitió: “…se cuenta con esquemas, ya sea a través de la recontratación de muchos de ellos, el mayor posible, bajo un nuevo arreglo institucional, o también, a través de la organización de pequeñas y medianas empresas proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad, integradas por los ex trabajadores, o bien otras empresas, que en cualquier actividad económica que ellos deseen serán apoyadas con asesoría y financiamiento por el gobierno”. El 16 de ese mismo mes: “… proteger íntegramente los derechos de los trabajadores del organismo, en ofrecerles indemnizaciones que prácticamente doblan a las que establece la ley y, además, por encima de eso, en brindarles todas las opciones laborales y productivas posibles para una reinserción pronta a la vida productiva”. Y así por unos días más, hasta que el discurso se desvaneció a la par que la oferta de recontratación del “mayor número”.
Pues bien, casi seis meses después de aquel “compromiso” público, reiterado hasta el cansancio, brinca a la palestra la nueva cabeza visible en Bucareli para desmentir al susodicho, comunicar oficialmente que todo fue una broma, una promesa más de saliva, como acostumbra, que –entiéndase bien– la recontratación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no es bronca del sepulturero de paraestatales, sino responsabilidad de la iniciativa privada y de la sociedad, que son ellas quienes deben tapar los cráteres políticos y sociales caprichosamente abiertos por el de las promesas de humor, y que, en fin, si saben contar que no cuenten con la palabra del inquilino de Los Pinos ni con la “administradora” (Comisión Federal de Electricidad), porque están ocupadísimos en la venta de garaje, privatizando el sector, regalando el tendido de fibra óptica, y procurando jugosos negocios para los amigos de los amigos, a costillas de la nación.
Las rebanadas del pastel
En conferencia de prensa (22 de enero), los colegas preguntan al carismático secretario del desempleo: “¿y cuántos trabajadores (de Luz y Fuerza) han sido o están en proceso de contratación?” Y Javier Lozano Alarcón responde: “miren, hasta este momento tenemos 2 mil 125 personas que están en proceso y, entonces, es muy temprano para decir cuántos de ellos al final se darán”. La colegiza revira: “¿entonces hasta el momento no hay ningún contratado?” Y el simpático funcionario explica: “es decir, están en el proceso. Están en proceso”, lo que en castellano simple quiere decir ni uno.
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