PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
VA LA INFORMACION PARA SU ANALISIS Y DISTRIBUCION MASIVA, JM.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANÍA DE LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SHCP, DE LA SEDESOL, DE LA SEMARNAT, DE LA SENER, DE LA SE, DE LA SAGARPA, DE LA SCT, DE LA SFP, DE LA STPS, DE LA CFE Y DEL SAE PARA QUE EXPONGAN UN INFORME DOCUMENTADO, COMPLETO Y DETALLADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LFC, DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA SU PROCESO DE DESINCORPORACIÓN Y DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓN ATENDIDA POR LFC, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Quien suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta al pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer ante esta soberanía a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, a fin de que expongan un informe documentado, completo, detallado y por escrito del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la situación que guarda el proceso de desincorporación de LFC y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LFC, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 11 de octubre de 2009 se decretó la extinción de LFC, se despidió a alrededor de 44 mil trabajadores electricistas y se colocó en estado de indefensión a cerca de 22 mil jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El citado decreto pasó por encima de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, plasmadas en el artículo 73, pues modificó por la vía de un decreto administrativo una disposición legislativa; violó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el 27, párrafo sexto; pisoteó los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo; y vulneró derechos contractuales individuales y colectivos de miles de electricistas.
El supuesto argumento de Felipe Calderón fue que LFC era una carga insostenible y que los salarios, las prestaciones y las prerrogativas contractuales de los trabajadores y de los jubilados electricistas constituían privilegios y cargas onerosas que afectaban el interés público y la economía nacional.
Sin embargo, el principal problema que dañó la economía y las finanzas de LFC es la compra de energía en bloque a la CFE, a precios elevados y por encima del precio de venta a los usuarios en tarifas industriales, provocando pérdidas crecientes en sus resultados de operación y una deuda con la CFE que en pocos años se volvió impagable.
Pese a la campaña que pregonaba las bondades que acarrearía la intromisión de la CFE en la zona atendida por LFC, ha ocurrido lo contrario: la intromisión ilegal de la CFE en la zona de LFC ha generado una caída considerable en los estándares de atención eléctrica proporcionados por LFC.
La CFE no atiende las quejas, no corrige las fallas, no atiende debidamente los disturbios y vastas zonas del Distrito Federal, y estados circunvecinos se van quedando total, parcial o temporalmente sin servicio público deenergía eléctrica, con todas las consecuencias que afectan la seguridad y el bienestar de millones de habitantes en la región central del país.
La situación descrita se ha vuelto crítica a raíz de la precipitación pluvial del pasado 3 y 4 de febrero, afectando cientos de colonias y a millones de habitantes de la región atendida por LFC, al ocasionar disturbios, fallas, apagones y faltas de luz, frente a los cuales la administración pública federal ha asumido una actitud indolente y poco responsable.
En cambio, el SME ha ofrecido generosamente, y con independencia del curso de los procesos judiciales en trámite, regresar a laborar de manera temporal para corregir los disturbios eléctricos y normalizar el suministro eléctrico en la región centro del país.
La soberbia gubernamental ha rechazado la generosa propuesta del SME y, de manera irresponsable, ha argumentado, sin soporte técnico, laboral, administrativo y económico alguno, que la CFE tiene bajo control los disturbios y que éstos representan sólo 9 por ciento en la zona atendida por LFC. Tal afirmación carece de sustento; los datos que presentamos demuestran lo contrario.
Como puede revisarse en la lista que abajo presentamos, desde el miércoles 3 de febrero, en delegaciones del Distrito Federal han quedado sin luz diversas colonias: en Tlalpan, 22; Xochimilco, 10; Coyoacán, 12; Cuauhtémoc, 21; Miguel Hidalgo, 16; Iztacalco, 3; Venustiano Carranza, 9; Iztapalapa, 18; Álvaro Obregón, 7; Benito Juárez, 8; Gustavo A Madero, 25; y La Magdalena Contreras, 10.
En los municipios siguientes se han quedado sin luz diversas colonias: en Nezahualcóyotl, 16; Naucalpan, 12; Atizapán, 9; Cuautitlán Izcalli, 13; Tultitlán, 9; Ecatepec, 7; Amecameca, 7; e Ixtapaluca, 12.
Adicionalmente, desde el 3 de febrero se encuentran con fallas temporales o totales los siguientes alimentadores y subestaciones: Chapingo 2, Copa 4, Contreras 3, Pagés 1, Agua Viva 4, Odón de Buen 3, Xochimilco 4, Madero 2, Xalostoc 2, Aragón 3, San Andrés 2, Condesa 3, Atizapán 3, Valle de México 1, Cuajimalpa 1, Coyoacán 4, Ayotla 1, Olivar del Conde 3, Nezahualcóyotl 3, Santa Cruz 2, Magdalena 2, Iztapalapa 3, Topilejo 1 y Tacubaya 2.
De manera específica, queremos destacar los siguientes disturbios eléctricos que se conectan con las intensas lluvias del 3 y 4 de febrero y las inundaciones ocasionadas:
- Caída de torre de transmisión del alimentador 115-Cholula, en Amecameca (aproximadamente 53 pueblos sin servicio de energía eléctrica).
- Zona de hospitales, en Tlalpan, sin potencial en 23 kilovatios. - Línea 5 del Metro, sin servicio en 23 kilovatios. - Carretera México-Cuautla, cerrada por caída de líneas de 23 kilovatios. - Secretaría de Gobernación, sin servicio.
- Cárcamo del Río de los Remedios, sin servicio por 23 kilovatios en alimentadores en disturbio. - Cárcamo del Canal de la Compañía, sin servicio por 23 kilovatios en alimentador en disturbio.
- Falta de potencial en servicio de drenaje profundo en la zona sur-oriente, también afectado por alimentadores en 23 kilovatios, sin servicio alimentadores en disturbio, lo que afecta cárcamo Iztapalapa.
- Son más de mil reportes de servicio faltante por baja tensión en la zona metropolitana del Distrito Federal y estado de México.
En la desesperación de tomar el control de las fallas en el suministro eléctrico, la CFE ofrece trabajo a través de las compañías constructoras a trabajadores liquidados de LFC, sin saber que éstos eran personal administrativo y no operativo, lo que por consecuencia les ha traído accidentes y equipo dañado, como transformadores quemados, líneas fuera de servicio y reparaciones ineficientes.
El servicio que se brinda telefónicamente a los usuarios por la CFE, mediante el número 071, ha resultado ineficiente por la falta de conocimiento técnico y administrativo.
Los usuarios se quejan por la tardanza en ser atendidos y las nulas soluciones. Los cambios de voltaje generan aparatos quemados; los apagones tampoco son atendidos, y no hay explicaciones. El último recurso es acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde también en varias ocasiones los usuarios reciben respuestas negativas a sus problemas.
La situación descrita condensa reportes de diversos medios de comunicación y de trabajadores sindicalizados no liquidados del área de distribución de LFC. Hay suposición justa de que los disturbios afectan más de 300 alimentadores en 23 kilovatios en el Distrito Federal y el estado de México.
El 12 de octubre de 2009, un día después de la publicación del decreto de extinción, llegaron a la Cámara de Diputados dos documentos, clasificados como reservados por 1 y 12 años, con los que se pretendió justificar, sin sustento, la extinción de LFC. Dichos documentos no han sido conocidos ni valorados por esta soberanía.
Entre sus consideraciones se encuentra el reconocimiento de la Subsecretaría de Electricidad de 22 zonas críticas de LFC, situadas en el Distrito Federal, estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Estas zonas críticas no son obra de condiciones climáticas sino fruto deliberado, a lo largo de más de 15 años, de una política presupuestaria de muy bajos recursos para la inversión productiva de LFC y, eventualmente, pueden colapsar el sistema eléctrico en la región central del país. ¿Cuál es el objetivo de correr estos eventuales riesgos eléctricos: avanzar en su perverso propósito de generar ineficiencias, provocar pérdidas técnicas y un mal servicio, golpear al sindicato, privatizar el sector eléctrico?
La desincorporación de LFC se ha convertido en un botín de la guerra de exterminio contra el SME. ¿Quién puede informar del inventario de bienes y activos de LFC, previamente a la desincorporación y el actual? ¿Quién conoce los estados financieros previos al 11 de octubre y el anual de 2008, dictaminados por un auditor externo? ¿Ante quién se rinde cuentas del uso discrecional de los valores, dineros, documentos, que están siendo utilizados para pagar pasivos y contingencias de LFC? ¿De dónde salen los recursos para que la CFE, en su calidad de patrón sustituto, pague a las empresas contratistas? ¿A manos de quién van los equipos, las herramientas, los bienes y los activos que a diario salen de los almacenes y centros de trabajo de LFC?
Desde los primeros minutos del 11 de octubre de 2009 debió operar la figura de "patrón sustituto". Esto puede verificarse en documentos, también clasificados por 12 años como reservados, por los que la propiedad, los activos, los bienes, etcétera, de LFC, fueron puestos a disposición de la CFE.
¿Por qué negarse a aceptar que la CFE opera ya como patrón sustituto? Ese reconocimiento abriría una vía de solución jurídica y laboral al conflicto con el SME.
La incapacidad del gobierno actual apunta exclusivamente a una salida represiva, violenta, que por supuesto no beneficia a México. ¿Imaginan ustedes la celebración del bicentenario con soluciones basadas en la sinrazón del uso de la fuerza pública, la represión y la violencia?
Todas estas cuestiones deben tener respuesta oficial, respuesta oportuna y verdadera. Se trata de un servicio público básico para la población. Se trata de un área estratégica de la economía. No corresponde al Poder Legislativo dejar al garete esta problemática; es necesario que nos respondan.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se requiere a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, para que comparezcan ante esta soberanía a fin de que expongan un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la situación que guarda el proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por Luz y Fuerza del Centro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010. Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANÍA DE LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SHCP, DE LA SEDESOL, DE LA SEMARNAT, DE LA SENER, DE LA SE, DE LA SAGARPA, DE LA SCT, DE LA SFP, DE LA STPS, DE LA CFE Y DEL SAE PARA QUE EXPONGAN UN INFORME DOCUMENTADO, COMPLETO Y DETALLADO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LFC, DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA SU PROCESO DE DESINCORPORACIÓN Y DEL ESTADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓN ATENDIDA POR LFC, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Quien suscribe, Laura Itzel Castillo Juárez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta al pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer ante esta soberanía a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, a fin de que expongan un informe documentado, completo, detallado y por escrito del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la situación que guarda el proceso de desincorporación de LFC y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por LFC, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 11 de octubre de 2009 se decretó la extinción de LFC, se despidió a alrededor de 44 mil trabajadores electricistas y se colocó en estado de indefensión a cerca de 22 mil jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El citado decreto pasó por encima de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados, plasmadas en el artículo 73, pues modificó por la vía de un decreto administrativo una disposición legislativa; violó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el 27, párrafo sexto; pisoteó los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo; y vulneró derechos contractuales individuales y colectivos de miles de electricistas.
El supuesto argumento de Felipe Calderón fue que LFC era una carga insostenible y que los salarios, las prestaciones y las prerrogativas contractuales de los trabajadores y de los jubilados electricistas constituían privilegios y cargas onerosas que afectaban el interés público y la economía nacional.
Sin embargo, el principal problema que dañó la economía y las finanzas de LFC es la compra de energía en bloque a la CFE, a precios elevados y por encima del precio de venta a los usuarios en tarifas industriales, provocando pérdidas crecientes en sus resultados de operación y una deuda con la CFE que en pocos años se volvió impagable.
Pese a la campaña que pregonaba las bondades que acarrearía la intromisión de la CFE en la zona atendida por LFC, ha ocurrido lo contrario: la intromisión ilegal de la CFE en la zona de LFC ha generado una caída considerable en los estándares de atención eléctrica proporcionados por LFC.
La CFE no atiende las quejas, no corrige las fallas, no atiende debidamente los disturbios y vastas zonas del Distrito Federal, y estados circunvecinos se van quedando total, parcial o temporalmente sin servicio público deenergía eléctrica, con todas las consecuencias que afectan la seguridad y el bienestar de millones de habitantes en la región central del país.
La situación descrita se ha vuelto crítica a raíz de la precipitación pluvial del pasado 3 y 4 de febrero, afectando cientos de colonias y a millones de habitantes de la región atendida por LFC, al ocasionar disturbios, fallas, apagones y faltas de luz, frente a los cuales la administración pública federal ha asumido una actitud indolente y poco responsable.
En cambio, el SME ha ofrecido generosamente, y con independencia del curso de los procesos judiciales en trámite, regresar a laborar de manera temporal para corregir los disturbios eléctricos y normalizar el suministro eléctrico en la región centro del país.
La soberbia gubernamental ha rechazado la generosa propuesta del SME y, de manera irresponsable, ha argumentado, sin soporte técnico, laboral, administrativo y económico alguno, que la CFE tiene bajo control los disturbios y que éstos representan sólo 9 por ciento en la zona atendida por LFC. Tal afirmación carece de sustento; los datos que presentamos demuestran lo contrario.
Como puede revisarse en la lista que abajo presentamos, desde el miércoles 3 de febrero, en delegaciones del Distrito Federal han quedado sin luz diversas colonias: en Tlalpan, 22; Xochimilco, 10; Coyoacán, 12; Cuauhtémoc, 21; Miguel Hidalgo, 16; Iztacalco, 3; Venustiano Carranza, 9; Iztapalapa, 18; Álvaro Obregón, 7; Benito Juárez, 8; Gustavo A Madero, 25; y La Magdalena Contreras, 10.
En los municipios siguientes se han quedado sin luz diversas colonias: en Nezahualcóyotl, 16; Naucalpan, 12; Atizapán, 9; Cuautitlán Izcalli, 13; Tultitlán, 9; Ecatepec, 7; Amecameca, 7; e Ixtapaluca, 12.
Adicionalmente, desde el 3 de febrero se encuentran con fallas temporales o totales los siguientes alimentadores y subestaciones: Chapingo 2, Copa 4, Contreras 3, Pagés 1, Agua Viva 4, Odón de Buen 3, Xochimilco 4, Madero 2, Xalostoc 2, Aragón 3, San Andrés 2, Condesa 3, Atizapán 3, Valle de México 1, Cuajimalpa 1, Coyoacán 4, Ayotla 1, Olivar del Conde 3, Nezahualcóyotl 3, Santa Cruz 2, Magdalena 2, Iztapalapa 3, Topilejo 1 y Tacubaya 2.
De manera específica, queremos destacar los siguientes disturbios eléctricos que se conectan con las intensas lluvias del 3 y 4 de febrero y las inundaciones ocasionadas:
- Caída de torre de transmisión del alimentador 115-Cholula, en Amecameca (aproximadamente 53 pueblos sin servicio de energía eléctrica).
- Zona de hospitales, en Tlalpan, sin potencial en 23 kilovatios. - Línea 5 del Metro, sin servicio en 23 kilovatios. - Carretera México-Cuautla, cerrada por caída de líneas de 23 kilovatios. - Secretaría de Gobernación, sin servicio.
- Cárcamo del Río de los Remedios, sin servicio por 23 kilovatios en alimentadores en disturbio. - Cárcamo del Canal de la Compañía, sin servicio por 23 kilovatios en alimentador en disturbio.
- Falta de potencial en servicio de drenaje profundo en la zona sur-oriente, también afectado por alimentadores en 23 kilovatios, sin servicio alimentadores en disturbio, lo que afecta cárcamo Iztapalapa.
- Son más de mil reportes de servicio faltante por baja tensión en la zona metropolitana del Distrito Federal y estado de México.
En la desesperación de tomar el control de las fallas en el suministro eléctrico, la CFE ofrece trabajo a través de las compañías constructoras a trabajadores liquidados de LFC, sin saber que éstos eran personal administrativo y no operativo, lo que por consecuencia les ha traído accidentes y equipo dañado, como transformadores quemados, líneas fuera de servicio y reparaciones ineficientes.
El servicio que se brinda telefónicamente a los usuarios por la CFE, mediante el número 071, ha resultado ineficiente por la falta de conocimiento técnico y administrativo.
Los usuarios se quejan por la tardanza en ser atendidos y las nulas soluciones. Los cambios de voltaje generan aparatos quemados; los apagones tampoco son atendidos, y no hay explicaciones. El último recurso es acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, donde también en varias ocasiones los usuarios reciben respuestas negativas a sus problemas.
La situación descrita condensa reportes de diversos medios de comunicación y de trabajadores sindicalizados no liquidados del área de distribución de LFC. Hay suposición justa de que los disturbios afectan más de 300 alimentadores en 23 kilovatios en el Distrito Federal y el estado de México.
El 12 de octubre de 2009, un día después de la publicación del decreto de extinción, llegaron a la Cámara de Diputados dos documentos, clasificados como reservados por 1 y 12 años, con los que se pretendió justificar, sin sustento, la extinción de LFC. Dichos documentos no han sido conocidos ni valorados por esta soberanía.
Entre sus consideraciones se encuentra el reconocimiento de la Subsecretaría de Electricidad de 22 zonas críticas de LFC, situadas en el Distrito Federal, estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Estas zonas críticas no son obra de condiciones climáticas sino fruto deliberado, a lo largo de más de 15 años, de una política presupuestaria de muy bajos recursos para la inversión productiva de LFC y, eventualmente, pueden colapsar el sistema eléctrico en la región central del país. ¿Cuál es el objetivo de correr estos eventuales riesgos eléctricos: avanzar en su perverso propósito de generar ineficiencias, provocar pérdidas técnicas y un mal servicio, golpear al sindicato, privatizar el sector eléctrico?
La desincorporación de LFC se ha convertido en un botín de la guerra de exterminio contra el SME. ¿Quién puede informar del inventario de bienes y activos de LFC, previamente a la desincorporación y el actual? ¿Quién conoce los estados financieros previos al 11 de octubre y el anual de 2008, dictaminados por un auditor externo? ¿Ante quién se rinde cuentas del uso discrecional de los valores, dineros, documentos, que están siendo utilizados para pagar pasivos y contingencias de LFC? ¿De dónde salen los recursos para que la CFE, en su calidad de patrón sustituto, pague a las empresas contratistas? ¿A manos de quién van los equipos, las herramientas, los bienes y los activos que a diario salen de los almacenes y centros de trabajo de LFC?
Desde los primeros minutos del 11 de octubre de 2009 debió operar la figura de "patrón sustituto". Esto puede verificarse en documentos, también clasificados por 12 años como reservados, por los que la propiedad, los activos, los bienes, etcétera, de LFC, fueron puestos a disposición de la CFE.
¿Por qué negarse a aceptar que la CFE opera ya como patrón sustituto? Ese reconocimiento abriría una vía de solución jurídica y laboral al conflicto con el SME.
La incapacidad del gobierno actual apunta exclusivamente a una salida represiva, violenta, que por supuesto no beneficia a México. ¿Imaginan ustedes la celebración del bicentenario con soluciones basadas en la sinrazón del uso de la fuerza pública, la represión y la violencia?
Todas estas cuestiones deben tener respuesta oficial, respuesta oportuna y verdadera. Se trata de un servicio público básico para la población. Se trata de un área estratégica de la economía. No corresponde al Poder Legislativo dejar al garete esta problemática; es necesario que nos respondan.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se requiere a los secretarios de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero Arroyo; de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Yamilet Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, así como a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub; y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez, todos del actual régimen, para que comparezcan ante esta soberanía a fin de que expongan un informe documentado, completo y detallado del estado en que se encuentra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la situación que guarda el proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro y el estado en que se encuentra la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región atendida por Luz y Fuerza del Centro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2010. Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
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