Una nueva Edad Media americana

La iniciativa “laboral” calderoniana, firmada por mansos legisladores del PAN y entregada al Congreso de la Unión a presión del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón (quien aboga por su aprobación con la rueda de molino de que favorecerá la creación de medianas y pequeñas empresas generadoras de ocupación, cuando los programas de apoyo a este subsector se han quedado en pura babeante palabrería), no oculta sus verdaderos fines: Postrar a la clase trabajadora y rendirla por hambre para que se pliegue a un régimen semifeudal, como el vigente hace un siglo durante la dictadura porfirista. ¡Qué manera de celebrar el Centenario de la Revolución!: con atisbos de la Nueva edad media americana (José González Torres, ex candidato presidencial del PAN, dixit.)

Para la historia del oprobio nacional, proponemos ensayar un ejercicio memorioso: El 1 de julio de 1906 (cien años antes de que Calderón fuera designado presidente), desde San Luis Misuri (USA), la Junta Coordinadora del Partido Liberal Mexicano, presidida por Ricardo Flores Magón, lanzó su programa y manifiesto a la nación de los que, de entrada, bastaría subrayar uno de sus apartados:

“Un gobierno que se preocupa por el bien efectivo de todo el pueblo, no puede permanecer indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Gracias a la dictadura de Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable; en donde quiera que presta sus servicios, es obligado a desempeñar una labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos…

“Los salarios varían, pero la condición del obrero es la misma: en todas partes no gana, de hecho, sino lo preciso para no morir de hambre. Un jornal de más de $ 1.00 en Mérida, como de $0.50 en San Luis Potosí, mantiene al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la vida es doblemente cara en el primer punto como en el segundo”. Lo patético de ese planteamiento es la propuesta de solución: “(…) Es, pues, preciso prevenir tal injusticia y al formularse la ley del trabajo, deberán expresarse las excepciones para la aplicación del salario mínimo de $1.00, estableciendo para aquellas regiones en que la vida es más cara, y en que ahora ya se gana ese jornal, un salario mayor de $1.00. Debe procurarse que todos los trabajadores obtengan en igual proporción los beneficios de la ley”.

Lo dramático de esa proposición casi inocente, es que, pese a lo limitadísimo de su alcance, sin embargo se convirtió en una de las banderas esgrimida por gran parte de la población que derrocó a la tiranía, y que a la larga formaron el cuerpo del articulado constitucional emanado del Congreso de Querétaro en 1917, para el caso en el artículo 123 de la Carta fundamental, que reivindicó la dignidad del trabajo como imperativo de la doctrina revolucionaria.

Pero no basta la voluntad de panegirista para disolver la realidad: En los primeros cuatro  años de promulgada tan promisoria Constitución, los militantes de la Casa del Obrero Mundial, que habían puesto los batallones rojos al servicio del triunfo del constitucionalismo encarnado por Venustiano Carranza, fueron abatidos por la fuerza del Estado y, no obstante la orientación socialista de algunos gobernadores del Golfo y del sureste, que procuraron legislar los derechos de la clase trabajadora, el gobierno “del centro”, ya en manos de Álvaro Obregón. fue poco sensible a la agobiada y agobiante situación de obreros y empleados en la empresa privada; no así con la burocracia federal, a cuya lealtad premió con un aumento salarial hasta colocar los emolumentos entre dos y hastacuatro pesos diarios, cuando en algunas localidades del país, por concepto de renta de una pestilente accesoria, un jefe (a) de familia era obligado a pagar hasta 15 pesos diarios. Más agraviante aún, como ocurre en la actualidad: El registro de entonces de las retribuciones a los funcionarios, puede ilustrarse con los sueldos en el Poder Judicial: Los jueces se beneficiaban con hasta 750 pesos mensuales y los magistrados con más 800 pesos. A escala, los presidentes municipales no podían ser menos: Aparte de sus oscuros enjuagues, se asignaron 500 pesos mensuales. Puestos esos tabuladores a valor de pesos actuales, ya desearían miles de jubilados y pensionados recibir, después de toda una vida entregada al trabajo productivo, lo que desde hace 90 años recibía el alcalde del más miserable municipio. (¿Qué tal si revisamos ahora los del Estado de México?)

Para no andar con imaginarias “invenciones”, ahí está un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con apoyo documental del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): En los últimos  100 años, el PIB por habitante en México “creció” a una raquítica  tasa anual de 1.66 por ciento (pero, eso sí, la inflación cabalga a galope tendido). Con sólo haber crecido a tasa de 2.6 por ciento anual, dicen los ilusos fantasiosos, habría sido “suficiente” para que el número de pobres hoy fuera una sexta parte de los que se registran en la actualidad. Pero en ninguna sociedad realista funciona el hubiera: “Si mi abuela tuviera dos ruedas, fuera bicicleta” centenaria.

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