Corrupción en el contratismo: es delito sólo fuera del país
Ya hablamos, en el artículo del 29 de agosto pasado, del caso de corrupción e impunidad de Néstor Moreno, director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luego, se ha publicado, o he obtenido, bastante información adicional. Parte de ésta es un reportaje de David Brooks, publicado el 24 de noviembre de 2009 en La Jornada, página 3. Este escrito a su vez se basa en un amplio aviso sobre este tema, que acababa de emitir el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El mencionado Moreno, a raíz de que se hicieron públicas las acusaciones, hizo y firmó una carta negando todos los cargos, la cual se menciona en el mismo Houston Chronicle, pero de fecha posterior a la que habíamos citado; pero en este diario se agrega que la carta fue difundida por la oficina de prensa de la CFE. Es decir, que era la CFE defendiendo a su funcionario y defendiéndose a sí misma.
Pero resulta que el agente de la FBI Gigi Joyner y otros agentes testificaron en el juicio de los que ya están presos, sobre la autenticidad del cheque firmado por la intermediaria, para pagar el coche Ferrari que se entregaría a Moreno, lo mismo que el yate de lujo. También, Moreno tenía, o tiene, una tarjeta American Express a favor de la cual se pagó una parte de los sobornos.
Otro de los encarcelados que ya se declaró culpable, desde noviembre del año pasado, y cooperaba con la parte acusadora, es Fernando Maya Basurto. Éste aceptó su participación en la entrega de sobornos a funcionarios de CFE. Otra fuente afirma que este último fue representante de la ABB en la ciudad de México.
La ABB, trasnacional suiza, también ha jugado un papel importante en relación con los negocios de la CFE. Una filial de ABB, Consorcio Monterrey Power, ganó la construcción de la planta Monterrey II, que según las bases del concurso debía tener entre 405 y 495 megavatios (MW) de potencia. La supuesta ganadora ofreció una planta de 484 MW. Pero a la hora de generar, produjo sólo 40 por ciento de lo ofrecido, aproximadamente 190 MW.
Los funcionarios de la CFE aceptaron la planta y le dieron la certificación a la filial de ABB. En el certificado firmaron que la potencia era de 436 MW, como si estuviera dentro del rango legalmente aceptable; pero también el precio a pagar era como si ésta fuera la potencia efectiva, más del doble de la potencia real ya mencionada. Estos pagos se vienen haciendo por lo menos desde 2002.
Este certificado contradice documentos oficiales de la propia CFE. De acuerdo con los registros de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor alcanzado por la planta Monterrey II está muy abajo de la cifra garantizada, y equivale a 30 por ciento del costo total del proyecto.
Otros contratos con ABB, de 2003, también fueron motivo de sobornos a funcionarios de CFE, con una comisión para los intermediarios. Según el mencionado aviso, hicieron pagos adicionales a Maya Basurto, que fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE. Algunos pagos se depositaron en cuentas de cheques de familiares de quienes los recibían. También se usaron cuentas en Alemania, y empresas ficticias en México. En algunos casos se refirieron a los sobornos como impuestos del tercer mundo.
Entre los otros contratos adjudicados por la CFE a la ABB está el PIF-007/2004, que fue a precio alzado, o sea que los precios ofrecidos debían de ser fijos y que la empresa debía alzar sus precios de antemano porque luego ya no los podría subir si aumentaban sus costos. Sin embargo, a lo largo de la construcción la CFE autorizó tres convenios para aumentar los pagos a ABB por aumentos a precios del acero, contraviniendo no sólo el contrato sino la ley respectiva.
Otro de los acusados en el juicio del que hablamos, por pagar sobornos, es John O’Shea, ex director general de la Sugar Land, subsidiaria de ABB.
ABB, en su informe de 2005 a la Securities and Exchange Commission (SEC, autoridad financiera estadunidense), dice que algunos de sus empleados habían hecho pagos sospechosos a intermediarios de Medio Oriente y de América Latina.
Es el colmo que tengamos que enterarnos de cosas que pasan en nuestro país a través de lo que pasa en el extranjero. Sumadas a la historia de Monterrey II, nos dan una idea de que no sólo abunda la corrupción, sino también la impunidad. Ninguno de los que están en México está en la cárcel. Y acabar con esto es uno de los elementos del cambio que no sólo son necesarios, sino indispensables. De otra manera, no podremos construir el México nuevo que es necesario, ni podremos resolver los problemas de esta y otras industrias.
antonio.gershenson@gmail.com
Fuente
El mencionado Moreno, a raíz de que se hicieron públicas las acusaciones, hizo y firmó una carta negando todos los cargos, la cual se menciona en el mismo Houston Chronicle, pero de fecha posterior a la que habíamos citado; pero en este diario se agrega que la carta fue difundida por la oficina de prensa de la CFE. Es decir, que era la CFE defendiendo a su funcionario y defendiéndose a sí misma.
Pero resulta que el agente de la FBI Gigi Joyner y otros agentes testificaron en el juicio de los que ya están presos, sobre la autenticidad del cheque firmado por la intermediaria, para pagar el coche Ferrari que se entregaría a Moreno, lo mismo que el yate de lujo. También, Moreno tenía, o tiene, una tarjeta American Express a favor de la cual se pagó una parte de los sobornos.
Otro de los encarcelados que ya se declaró culpable, desde noviembre del año pasado, y cooperaba con la parte acusadora, es Fernando Maya Basurto. Éste aceptó su participación en la entrega de sobornos a funcionarios de CFE. Otra fuente afirma que este último fue representante de la ABB en la ciudad de México.
La ABB, trasnacional suiza, también ha jugado un papel importante en relación con los negocios de la CFE. Una filial de ABB, Consorcio Monterrey Power, ganó la construcción de la planta Monterrey II, que según las bases del concurso debía tener entre 405 y 495 megavatios (MW) de potencia. La supuesta ganadora ofreció una planta de 484 MW. Pero a la hora de generar, produjo sólo 40 por ciento de lo ofrecido, aproximadamente 190 MW.
Los funcionarios de la CFE aceptaron la planta y le dieron la certificación a la filial de ABB. En el certificado firmaron que la potencia era de 436 MW, como si estuviera dentro del rango legalmente aceptable; pero también el precio a pagar era como si ésta fuera la potencia efectiva, más del doble de la potencia real ya mencionada. Estos pagos se vienen haciendo por lo menos desde 2002.
Este certificado contradice documentos oficiales de la propia CFE. De acuerdo con los registros de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, el valor alcanzado por la planta Monterrey II está muy abajo de la cifra garantizada, y equivale a 30 por ciento del costo total del proyecto.
Otros contratos con ABB, de 2003, también fueron motivo de sobornos a funcionarios de CFE, con una comisión para los intermediarios. Según el mencionado aviso, hicieron pagos adicionales a Maya Basurto, que fueron trasladados a por lo menos cuatro funcionarios de la CFE. Algunos pagos se depositaron en cuentas de cheques de familiares de quienes los recibían. También se usaron cuentas en Alemania, y empresas ficticias en México. En algunos casos se refirieron a los sobornos como impuestos del tercer mundo.
Entre los otros contratos adjudicados por la CFE a la ABB está el PIF-007/2004, que fue a precio alzado, o sea que los precios ofrecidos debían de ser fijos y que la empresa debía alzar sus precios de antemano porque luego ya no los podría subir si aumentaban sus costos. Sin embargo, a lo largo de la construcción la CFE autorizó tres convenios para aumentar los pagos a ABB por aumentos a precios del acero, contraviniendo no sólo el contrato sino la ley respectiva.
Otro de los acusados en el juicio del que hablamos, por pagar sobornos, es John O’Shea, ex director general de la Sugar Land, subsidiaria de ABB.
ABB, en su informe de 2005 a la Securities and Exchange Commission (SEC, autoridad financiera estadunidense), dice que algunos de sus empleados habían hecho pagos sospechosos a intermediarios de Medio Oriente y de América Latina.
Es el colmo que tengamos que enterarnos de cosas que pasan en nuestro país a través de lo que pasa en el extranjero. Sumadas a la historia de Monterrey II, nos dan una idea de que no sólo abunda la corrupción, sino también la impunidad. Ninguno de los que están en México está en la cárcel. Y acabar con esto es uno de los elementos del cambio que no sólo son necesarios, sino indispensables. De otra manera, no podremos construir el México nuevo que es necesario, ni podremos resolver los problemas de esta y otras industrias.
antonio.gershenson@gmail.com
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