La izquierda, la derecha y la huelga general del 29 de septiembre
Litus Alonso
Sinpermiso, 19-sep-2010
Nuestro amigo, el veterano sindicalista y dirigente de CC.OO en el sector bancario Litus Alonso, reflexiona políticamente sobre la Huelga General convocada en el Reino de España para el próximo 29 de septiembre.
La convocatoria de huelga general (HG) para el 29 de septiembre por CCOO y UGT, a la que se han sumado otros sindicatos y organizaciones sociales, puede considerarse un caso de manual, en el sentido de lo que el movimiento sindical tiene que hacer ante un conjunto de medidas tan regresivas para la clase trabajadora y el conjunto de la población como las adoptadas por el gobierno del PSOE a partir del pasado mayo. Tres elementos, sin embargo, diferencian esta convocatoria de otras anteriores: la profundidad y extensión de dichas medidas regresivas, el contexto de crisis internacional y la coordinación de las políticas adoptadas en el conjunto de la Unión Europea (UE) y, finalmente, la actitud que las fuerzas políticas han tomado ante la huelga.
Respecto al primer elemento, y sin pretender hacer un análisis detallado del conjunto de medidas que motivan la HG, hay que recordar que éstas se pueden agrupar en tres campos. El primero, el plan de ajuste, que previsiblemente tendrá continuidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El plan, presentado en mayo con el objetivo declarado de reducir el gasto público en 15.000 millones de euros sin incrementar los ingresos, supone una drástica disminución de la inversión pública, el recorte del 5% de los salarios de los funcionarios y empleados públicos y la congelación de las pensiones (excepto las mínimas), como aspectos más destacados. El propio gobierno reconoce, en voz baja, que este plan dificulta la recuperación económica y contribuye a agravar el crecimiento del paro, pero lo presenta como una decisión inevitable para dar confianza a "los mercados" y cumplir con las directrices de la UE.
El segundo campo es la reforma laboral, plasmada en la modificación del Estatuto de los Trabajadores aprobada el pasado 9 de septiembre, cuyas dos principales características son facilitar y abaratar el despido y aumentar el poder unilateral del empresario para modificar las condiciones sustanciales de trabajo, incluso aunque éstas hayan sido pactadas anteriormente. El despido se hace más fácil y barato porque se amplían las razones para considerar un despido, individual o colectivo, como "objetivo", o sea, con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades, frente al despido "improcedente" que, en el caso de los contratos indefinidos (el 75% de las y los asalariados actuales), supone una indemnización de 45 días por año y un tope de 42 mensualidades. De hecho, no puede argumentarse que el mercado laboral es "rígido" cuando el número de parados ha aumentado en más de 2 millones en sólo dos años, pero este aumento se ha basado en la eliminación de puestos de trabajo temporales (han pasado del 33 al 25% de la población asalariada) y en los despidos "improcedentes", demasiado caros a juicio de "los mercados", el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco de España y otras organizaciones democráticas de similar calaña. El aumento del poder unilateral del empresario se consigue, de forma parecida, ampliando los supuestos para considerar justificada una modificación de condiciones de trabajo (salarios, jornada, etc.), incluyendo la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos.
El tercer campo, aún pendiente de una propuesta gubernamental definitiva y de su tramitación parlamentaria, es el empeoramiento del sistema público de pensiones. Dos son, en este terreno, las principales amenazas: la prolongación de la edad reglamentaria de jubilación de los 65 a los 67 años, y la ampliación del número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular el importe de la pensión (actualmente son los últimos 15 años). Según el mismo gobierno, una ampliación de 15 a 20 años supondría una rebaja media del 3,6% de las pensiones. Así, la combinación de ambas amenazas se traduciría en tener que trabajar dos años más para cobrar un 3,6% menos. Y todo esto, con una Seguridad Social que ha seguido generando superávit tanto en el 2009 como en el 2010, a pesar de los catastrofistas informes y previsiones que, año sí año también, emiten entidades tan objetivas y desinteresadas como la patronal de seguros o los servicios de estudios de los grandes bancos, con el acompañamiento habitual de las democráticas organizaciones citadas antes.
Lo que sería extraño, ante tales medidas, es no convocar una HG para forzar la rectificación de las ya aprobadas y para evitar la aprobación de las aún pendientes.
Pasando al segundo elemento, el contexto internacional y europeo, se ha dicho ya que quienes nos metieron en la crisis, el capitalismo financiero y especulativo y los agentes de la generación de la burbuja inmobiliaria, son los mismos que están dictando las medidas para salir de ella, a costa de la pérdida de rentas y derechos de la mayoría de la población. En este marco, sin embargo, la UE supone un caso específico por dos razones. La primera, porque sólo en la UE se han eliminado de forma súbita y conjunta las políticas de estímulo económico a cargo del sector público que habían caracterizado la primera fase de la crisis. Sin mayores explicaciones, la prioridad deja de ser el crecimiento del PIB y la creación de empleo y pasa a la reducción del déficit y la deuda pública. Y no puede considerarse una explicación que las agencias de calificación de riesgos (Moody's, Standard & Poors,...) decidieran que el Estado griego estaba al borde de la quiebra o que rebajaran la calificación de la deuda pública española; al fin y al cabo, esas mismas agencias, una semana antes de la quiebra hace dos años de Lehman Brothers, le otorgaban la máxima calificación crediticia. Es más plausible una explicación relacionada con la segunda razón que hace la UE un caso específico: la existencia, en unos países más que en otros, de un estado del bienestar.
Un estado del bienestar, con sus sistemas públicos de sanidad, de educación, de pensiones, de protección del desempleo, de atención a personas dependientes, de salarios mínimos, en resumen, de ciertos derechos sociales y laborales mínimos, implica una cierta redistribución de la renta ejercida por el Estado a través de su sistema fiscal. En su ausencia, esa porción de renta estaría en manos del capital. Y todas las políticas acordadas por la UE tienen en común que sus resultados son o serán una reducción del estado de bienestar. En relación al conjunto del planeta, la UE constituye una excepción; los sindicatos latinoamericanos, cuando acuden a congresos sindicales europeos, lo expresan de una forma muy gráfica: "vuestro suelo es nuestro techo". O sea, las condiciones sociales y laborales que consideramos mínimas en un estado del bienestar son las aspiraciones máximas allí donde no existe. Y lo que, desde el movimiento sindical o cualquier movimiento social progresista se ve como un modelo a profundizar y a extender a todo el orbe, se observa desde el otro lado de la barrera, el capital y sus aledaños, como una anomalía a suprimir. Una "anomalía" conseguida fundamentalmente por las luchas del movimiento obrero a partir del siglo XIX y reforzada por muchos otros factores, desde la presencia parlamentaria de partidos de izquierda hasta el temor a la "amenaza soviética" de las clases dirigentes.
Esta hipótesis, la de que estamos ante una gran ofensiva coordinada contra el estado del bienestar con el objetivo de incrementar la porción de renta destinada al capital, casa bien no sólo con lo expresado por "los mercados" y compañía, sino también con la realidad de las mayorías políticas existentes en la UE. Y un somero repaso a los planes adoptados en cada Estado miembro confirma la hipótesis, aunque haya diferencias tanto en la gravedad de dichos planes (Grecia y Rumania como casos más extremos) como en el punto de partida (el grado de desarrollo del estado del bienestar). Así, lo que está en juego no es sólo quien carga con el coste de la salida de la crisis (capital & company o clase trabajadora y mayoría social), sino que modelo socio-económico imperará en la UE a su salida. En este contexto, la HG del 29-S, así como las cinco ya hechas en Grecia o las movilizaciones en Francia, Italia y Alemania adquieren particular relevancia. Lo deseable sería una HG de ámbito europeo, pero esta opción, por diversas razones, no está a la vista, y el 29-S, aunque es una jornada de movilización europea, irá desde la HG a concentraciones o manifestaciones, según decidan los sindicatos de cada país.
El tercer elemento citado al inicio es el de la actitud de las fuerzas políticas ante la HG. Para empezar, sólo tres de ellas con representación parlamentaria (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego) dan apoyo a la HG; suman 6 de los 350 diputados y diputadas. Esto no tiene nada de especial, ciertamente. Tampoco es extraño que un partido socialdemócrata, como el PSOE, abrace un programa neoliberal y se encargue de ejecutarlo desde el gobierno; ni es la primera vez ni será la última. Lo relevante, en este caso, es que la nueva política del gobierno PSOE ha supuesto un giro radical, no tanto respecto a su práctica (eliminación o reducción de impuestos como el de patrimonio o sucesiones, medidas nada redistributivas como el cheque bebé, negativa a reformar en un sentido progresivo el sistema fiscal) como a su discurso: aún resuenan los ecos de expresiones de Zapatero como "que no vengan a llamar a mi puerta quienes piden recorte de derechos sociales para salir de la crisis". ¡A principios de 2010! El corolario relevante de este giro es enajenarse el apoyo de buena parte de los sectores en que se basa su mayoría parlamentaria. Porque, si bien es muy discutible la idea de que el PSOE sea un partido realmente de izquierda, lo que no admite duda es que la gran mayoría de personas que le siguen y/o le dan su voto se consideran a sí mismas de izquierda.
El PSOE ha de ser bien consciente de ello. Si antes de mayo ya era más que dudoso que revalidara su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, previstas para el 2012, después del giro es una casi certeza que las perderá. No por los votos que pueda ganar el PP, con una horquilla de entre 9 y 10 millones de votos muy fiel pero difícilmente ampliable, sino por los muchos que perderá el PSOE con su fe de converso ante los dictados neoliberales. Y ésta se ha convertido en una contradicción insalvable: para ganar y mantenerse en el gobierno, necesita movilizar a su base social y electoral apelando a valores de izquierda frente a la derecha ultramontana del PP, pero su política actual constituye una agresión sin precedentes a esa misma base social.
En el intento de reducir el alcance de esta contradicción puede encuadrarse el "perfil bajo" que han tomado gobierno y PSOE ante la convocatoria de la HG. Junto al anuncio de que "la HG no modificará su política", discurso de manual de cualquier jefe de gobierno ante cualquier HG (después ya se verá lo que pasa: hasta ahora, todas las HG han conseguido parcial o totalmente sus objetivos), declaraciones de comprensión y respeto ante los sindicatos y disposición a mantener el diálogo social en el futuro. El PSOE sabe que necesita el voto de muchas y muchos de los que harán huelga el 29-S. La confrontación directa se deriva de su política real, no es conveniente agravarla con un discurso de choque frontal con los sindicatos ni de agresiva belicosidad contra la HG. Sus principales argumentos, defensivos, son que era inevitable tomar las medidas adoptadas y que la HG contribuye a una futura mayoría del PP.
Sin embargo, si esto último fuera cierto, la actitud del PP y de los medios de comunicación de derecha y ultraderecha ante la HG sería muy diferente de la que están teniendo. El PP, que ni siquiera votó a favor del plan de ajuste, a pesar de los ruegos de la mismísima Angela Merkel, a pesar de que el plan sigue con ortodoxia las directrices neoliberales de la UE, sí ha adoptado un "perfil alto": oposición radical a la HG y choque frontal con los sindicatos. ¿No sería más beneficioso limitarse a criticar al gobierno, como ya hacen, y mantener una postura de displicente distancia ante la HG? Si la HG es, entre otras cosas, un enfrentamiento en el PSOE y su propia base social, ¿no le sería más conveniente dedicarse a recoger, sin estridencias, los efectos del desgaste enemigo? Así lo hizo el PP en 1988 y 1994, las anteriores HG contra gobiernos del PSOE.
Pues no. El PP y sus voceros han emprendido una brutal campaña de desprestigio de los sindicatos. No sólo contra la HG, sino contra la misma existencia y actividad de los sindicatos. Y la munición que disparan es de grueso calibre: son unos parásitos del Estado que viven de sus subvenciones, actúan como grupos mafiosos en relación a los propios trabajadores, los "liberados" son una carga para las empresas y administraciones, los dirigentes y cuadros sindicales viven a cuerpo de rey... Es importante notar que, por ejemplo, ante casos de corrupción en cargos públicos, esos mismos medios (y todos los demás) lo atribuyen a pecados personales, no se plantean la necesidad de suprimir los cargos públicos remunerados. O, ante casos de torturas policiales, se tratan también como excesos personales. O, en situaciones de abusos empresariales, es obvio que son casos aislados, que no responden a la voluntad como colectivo de explotar a los asalariados (o a quien haga falta, como el sr. Díaz Ferran, aún presidente de la CEOE, podría explicarnos). No, en este caso se sugiere una conclusión más drástica: CCOO, UGT y el resto de sindicatos tendrían que desaparecer; de la quema podría salvarse algún que otro sindicato corporativo.
La explicación de esta actitud tiene que ver con la hipótesis de una ofensiva en toda la UE contra el estado del bienestar. El PP ya tiene puesta la vista más allá de la HG: concretamente, en el día después de las próximas elecciones, contando con ganarlas. Ese hipotético gobierno del PP sería el encargado de profundizar en el desmantelamiento del estado del bienestar y en el recorte aún más grave de los derechos laborales. Y para esa política, con un PSOE en la oposición después de haber dado los primeros pasos, sólo queda un enemigo a tener en cuenta: los sindicatos. El PP quiere que salgan adelante todas las medidas tomadas ya por el PSOE y unas cuantas más (la práctica privatización de las Cajas de Ahorro, acordada entre PSOE y PP, por ejemplo, ya figuraba en el programa electoral de éste último). Así que la tarea actual del PP es doble: conseguir que la HG sea un fracaso, para que todo lo "avanzado" por el PSOE se mantenga, y destrozar los sindicatos, para eliminar cualquier oposición cuando sea el PP quien gobierne y decida las políticas a aplicar.
Nunca hasta ahora se había dado tamaña campaña de desprestigio de los sindicatos. No hay que olvidar que muchos de esos medios y del propio PP, "exigían", hace menos de un año, que los sindicatos convocaran una HG contra Zapatero por "el aumento del paro". Claro que, entonces, aún no había comenzado la comentada ofensiva de la UE contra el estado del bienestar y se trataba únicamente, con la sencillez de lo clásico, de reclamar que todo el mundo le diera palos al PSOE, con o sin motivo. La situación ahora es diferente, y el PP se comporta de forma responsable y leal con la clase social cuyos intereses defiende: toma nota del objetivo principal que se marca desde la UE, deja que sea el PSOE quien empiece el trabajo sucio y, con visión estratégica, se pone a la labor de despejar obstáculos futuros para conseguir ese objetivo principal.
Así que, también en este aspecto, la HG va más allá de una batalla puntual. Si se quiere acabar con el estado del bienestar, también hay que acabar o neutralizar a quienes más voluntad y capacidad tienen para defenderlo, los sindicatos. Y, precisamente por ello, la HG ha de ser un éxito y los sindicatos han de salir reforzados. Aunque en muchas redacciones, platós y guiones para portavoces políticos ya están preparados los titulares ("fracaso de la HG", el más grande, junto con "actos violentos de los piquetes", "trabajadores privados de su derecho al trabajo", etc.), hay que contar con ello como un elemento más del paisaje.
La foto que la derecha quiere presentar del 29-S ya la sabemos. La realidad, por suerte para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Reino de España y de la UE, será bien distinta.
Litus Alonso, colaborador habitual de SINPERMISO, es actualmente miembro de las Ejecutivas estatal y de Catalunya de Comfia-CCOO (Federación de Servicios Financieros y Administrativos); también es delegado sindical en el BBVA.
Sinpermiso, 19-sep-2010
Nuestro amigo, el veterano sindicalista y dirigente de CC.OO en el sector bancario Litus Alonso, reflexiona políticamente sobre la Huelga General convocada en el Reino de España para el próximo 29 de septiembre.
La convocatoria de huelga general (HG) para el 29 de septiembre por CCOO y UGT, a la que se han sumado otros sindicatos y organizaciones sociales, puede considerarse un caso de manual, en el sentido de lo que el movimiento sindical tiene que hacer ante un conjunto de medidas tan regresivas para la clase trabajadora y el conjunto de la población como las adoptadas por el gobierno del PSOE a partir del pasado mayo. Tres elementos, sin embargo, diferencian esta convocatoria de otras anteriores: la profundidad y extensión de dichas medidas regresivas, el contexto de crisis internacional y la coordinación de las políticas adoptadas en el conjunto de la Unión Europea (UE) y, finalmente, la actitud que las fuerzas políticas han tomado ante la huelga.
Respecto al primer elemento, y sin pretender hacer un análisis detallado del conjunto de medidas que motivan la HG, hay que recordar que éstas se pueden agrupar en tres campos. El primero, el plan de ajuste, que previsiblemente tendrá continuidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El plan, presentado en mayo con el objetivo declarado de reducir el gasto público en 15.000 millones de euros sin incrementar los ingresos, supone una drástica disminución de la inversión pública, el recorte del 5% de los salarios de los funcionarios y empleados públicos y la congelación de las pensiones (excepto las mínimas), como aspectos más destacados. El propio gobierno reconoce, en voz baja, que este plan dificulta la recuperación económica y contribuye a agravar el crecimiento del paro, pero lo presenta como una decisión inevitable para dar confianza a "los mercados" y cumplir con las directrices de la UE.
El segundo campo es la reforma laboral, plasmada en la modificación del Estatuto de los Trabajadores aprobada el pasado 9 de septiembre, cuyas dos principales características son facilitar y abaratar el despido y aumentar el poder unilateral del empresario para modificar las condiciones sustanciales de trabajo, incluso aunque éstas hayan sido pactadas anteriormente. El despido se hace más fácil y barato porque se amplían las razones para considerar un despido, individual o colectivo, como "objetivo", o sea, con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades, frente al despido "improcedente" que, en el caso de los contratos indefinidos (el 75% de las y los asalariados actuales), supone una indemnización de 45 días por año y un tope de 42 mensualidades. De hecho, no puede argumentarse que el mercado laboral es "rígido" cuando el número de parados ha aumentado en más de 2 millones en sólo dos años, pero este aumento se ha basado en la eliminación de puestos de trabajo temporales (han pasado del 33 al 25% de la población asalariada) y en los despidos "improcedentes", demasiado caros a juicio de "los mercados", el FMI, la OCDE, el Banco Central Europeo, el Banco de España y otras organizaciones democráticas de similar calaña. El aumento del poder unilateral del empresario se consigue, de forma parecida, ampliando los supuestos para considerar justificada una modificación de condiciones de trabajo (salarios, jornada, etc.), incluyendo la posibilidad de descolgarse de los convenios colectivos.
El tercer campo, aún pendiente de una propuesta gubernamental definitiva y de su tramitación parlamentaria, es el empeoramiento del sistema público de pensiones. Dos son, en este terreno, las principales amenazas: la prolongación de la edad reglamentaria de jubilación de los 65 a los 67 años, y la ampliación del número de años de cotización que se tienen en cuenta para calcular el importe de la pensión (actualmente son los últimos 15 años). Según el mismo gobierno, una ampliación de 15 a 20 años supondría una rebaja media del 3,6% de las pensiones. Así, la combinación de ambas amenazas se traduciría en tener que trabajar dos años más para cobrar un 3,6% menos. Y todo esto, con una Seguridad Social que ha seguido generando superávit tanto en el 2009 como en el 2010, a pesar de los catastrofistas informes y previsiones que, año sí año también, emiten entidades tan objetivas y desinteresadas como la patronal de seguros o los servicios de estudios de los grandes bancos, con el acompañamiento habitual de las democráticas organizaciones citadas antes.
Lo que sería extraño, ante tales medidas, es no convocar una HG para forzar la rectificación de las ya aprobadas y para evitar la aprobación de las aún pendientes.
Pasando al segundo elemento, el contexto internacional y europeo, se ha dicho ya que quienes nos metieron en la crisis, el capitalismo financiero y especulativo y los agentes de la generación de la burbuja inmobiliaria, son los mismos que están dictando las medidas para salir de ella, a costa de la pérdida de rentas y derechos de la mayoría de la población. En este marco, sin embargo, la UE supone un caso específico por dos razones. La primera, porque sólo en la UE se han eliminado de forma súbita y conjunta las políticas de estímulo económico a cargo del sector público que habían caracterizado la primera fase de la crisis. Sin mayores explicaciones, la prioridad deja de ser el crecimiento del PIB y la creación de empleo y pasa a la reducción del déficit y la deuda pública. Y no puede considerarse una explicación que las agencias de calificación de riesgos (Moody's, Standard & Poors,...) decidieran que el Estado griego estaba al borde de la quiebra o que rebajaran la calificación de la deuda pública española; al fin y al cabo, esas mismas agencias, una semana antes de la quiebra hace dos años de Lehman Brothers, le otorgaban la máxima calificación crediticia. Es más plausible una explicación relacionada con la segunda razón que hace la UE un caso específico: la existencia, en unos países más que en otros, de un estado del bienestar.
Un estado del bienestar, con sus sistemas públicos de sanidad, de educación, de pensiones, de protección del desempleo, de atención a personas dependientes, de salarios mínimos, en resumen, de ciertos derechos sociales y laborales mínimos, implica una cierta redistribución de la renta ejercida por el Estado a través de su sistema fiscal. En su ausencia, esa porción de renta estaría en manos del capital. Y todas las políticas acordadas por la UE tienen en común que sus resultados son o serán una reducción del estado de bienestar. En relación al conjunto del planeta, la UE constituye una excepción; los sindicatos latinoamericanos, cuando acuden a congresos sindicales europeos, lo expresan de una forma muy gráfica: "vuestro suelo es nuestro techo". O sea, las condiciones sociales y laborales que consideramos mínimas en un estado del bienestar son las aspiraciones máximas allí donde no existe. Y lo que, desde el movimiento sindical o cualquier movimiento social progresista se ve como un modelo a profundizar y a extender a todo el orbe, se observa desde el otro lado de la barrera, el capital y sus aledaños, como una anomalía a suprimir. Una "anomalía" conseguida fundamentalmente por las luchas del movimiento obrero a partir del siglo XIX y reforzada por muchos otros factores, desde la presencia parlamentaria de partidos de izquierda hasta el temor a la "amenaza soviética" de las clases dirigentes.
Esta hipótesis, la de que estamos ante una gran ofensiva coordinada contra el estado del bienestar con el objetivo de incrementar la porción de renta destinada al capital, casa bien no sólo con lo expresado por "los mercados" y compañía, sino también con la realidad de las mayorías políticas existentes en la UE. Y un somero repaso a los planes adoptados en cada Estado miembro confirma la hipótesis, aunque haya diferencias tanto en la gravedad de dichos planes (Grecia y Rumania como casos más extremos) como en el punto de partida (el grado de desarrollo del estado del bienestar). Así, lo que está en juego no es sólo quien carga con el coste de la salida de la crisis (capital & company o clase trabajadora y mayoría social), sino que modelo socio-económico imperará en la UE a su salida. En este contexto, la HG del 29-S, así como las cinco ya hechas en Grecia o las movilizaciones en Francia, Italia y Alemania adquieren particular relevancia. Lo deseable sería una HG de ámbito europeo, pero esta opción, por diversas razones, no está a la vista, y el 29-S, aunque es una jornada de movilización europea, irá desde la HG a concentraciones o manifestaciones, según decidan los sindicatos de cada país.
El tercer elemento citado al inicio es el de la actitud de las fuerzas políticas ante la HG. Para empezar, sólo tres de ellas con representación parlamentaria (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y Bloque Nacionalista Galego) dan apoyo a la HG; suman 6 de los 350 diputados y diputadas. Esto no tiene nada de especial, ciertamente. Tampoco es extraño que un partido socialdemócrata, como el PSOE, abrace un programa neoliberal y se encargue de ejecutarlo desde el gobierno; ni es la primera vez ni será la última. Lo relevante, en este caso, es que la nueva política del gobierno PSOE ha supuesto un giro radical, no tanto respecto a su práctica (eliminación o reducción de impuestos como el de patrimonio o sucesiones, medidas nada redistributivas como el cheque bebé, negativa a reformar en un sentido progresivo el sistema fiscal) como a su discurso: aún resuenan los ecos de expresiones de Zapatero como "que no vengan a llamar a mi puerta quienes piden recorte de derechos sociales para salir de la crisis". ¡A principios de 2010! El corolario relevante de este giro es enajenarse el apoyo de buena parte de los sectores en que se basa su mayoría parlamentaria. Porque, si bien es muy discutible la idea de que el PSOE sea un partido realmente de izquierda, lo que no admite duda es que la gran mayoría de personas que le siguen y/o le dan su voto se consideran a sí mismas de izquierda.
El PSOE ha de ser bien consciente de ello. Si antes de mayo ya era más que dudoso que revalidara su mayoría parlamentaria en las próximas elecciones, previstas para el 2012, después del giro es una casi certeza que las perderá. No por los votos que pueda ganar el PP, con una horquilla de entre 9 y 10 millones de votos muy fiel pero difícilmente ampliable, sino por los muchos que perderá el PSOE con su fe de converso ante los dictados neoliberales. Y ésta se ha convertido en una contradicción insalvable: para ganar y mantenerse en el gobierno, necesita movilizar a su base social y electoral apelando a valores de izquierda frente a la derecha ultramontana del PP, pero su política actual constituye una agresión sin precedentes a esa misma base social.
En el intento de reducir el alcance de esta contradicción puede encuadrarse el "perfil bajo" que han tomado gobierno y PSOE ante la convocatoria de la HG. Junto al anuncio de que "la HG no modificará su política", discurso de manual de cualquier jefe de gobierno ante cualquier HG (después ya se verá lo que pasa: hasta ahora, todas las HG han conseguido parcial o totalmente sus objetivos), declaraciones de comprensión y respeto ante los sindicatos y disposición a mantener el diálogo social en el futuro. El PSOE sabe que necesita el voto de muchas y muchos de los que harán huelga el 29-S. La confrontación directa se deriva de su política real, no es conveniente agravarla con un discurso de choque frontal con los sindicatos ni de agresiva belicosidad contra la HG. Sus principales argumentos, defensivos, son que era inevitable tomar las medidas adoptadas y que la HG contribuye a una futura mayoría del PP.
Sin embargo, si esto último fuera cierto, la actitud del PP y de los medios de comunicación de derecha y ultraderecha ante la HG sería muy diferente de la que están teniendo. El PP, que ni siquiera votó a favor del plan de ajuste, a pesar de los ruegos de la mismísima Angela Merkel, a pesar de que el plan sigue con ortodoxia las directrices neoliberales de la UE, sí ha adoptado un "perfil alto": oposición radical a la HG y choque frontal con los sindicatos. ¿No sería más beneficioso limitarse a criticar al gobierno, como ya hacen, y mantener una postura de displicente distancia ante la HG? Si la HG es, entre otras cosas, un enfrentamiento en el PSOE y su propia base social, ¿no le sería más conveniente dedicarse a recoger, sin estridencias, los efectos del desgaste enemigo? Así lo hizo el PP en 1988 y 1994, las anteriores HG contra gobiernos del PSOE.
Pues no. El PP y sus voceros han emprendido una brutal campaña de desprestigio de los sindicatos. No sólo contra la HG, sino contra la misma existencia y actividad de los sindicatos. Y la munición que disparan es de grueso calibre: son unos parásitos del Estado que viven de sus subvenciones, actúan como grupos mafiosos en relación a los propios trabajadores, los "liberados" son una carga para las empresas y administraciones, los dirigentes y cuadros sindicales viven a cuerpo de rey... Es importante notar que, por ejemplo, ante casos de corrupción en cargos públicos, esos mismos medios (y todos los demás) lo atribuyen a pecados personales, no se plantean la necesidad de suprimir los cargos públicos remunerados. O, ante casos de torturas policiales, se tratan también como excesos personales. O, en situaciones de abusos empresariales, es obvio que son casos aislados, que no responden a la voluntad como colectivo de explotar a los asalariados (o a quien haga falta, como el sr. Díaz Ferran, aún presidente de la CEOE, podría explicarnos). No, en este caso se sugiere una conclusión más drástica: CCOO, UGT y el resto de sindicatos tendrían que desaparecer; de la quema podría salvarse algún que otro sindicato corporativo.
La explicación de esta actitud tiene que ver con la hipótesis de una ofensiva en toda la UE contra el estado del bienestar. El PP ya tiene puesta la vista más allá de la HG: concretamente, en el día después de las próximas elecciones, contando con ganarlas. Ese hipotético gobierno del PP sería el encargado de profundizar en el desmantelamiento del estado del bienestar y en el recorte aún más grave de los derechos laborales. Y para esa política, con un PSOE en la oposición después de haber dado los primeros pasos, sólo queda un enemigo a tener en cuenta: los sindicatos. El PP quiere que salgan adelante todas las medidas tomadas ya por el PSOE y unas cuantas más (la práctica privatización de las Cajas de Ahorro, acordada entre PSOE y PP, por ejemplo, ya figuraba en el programa electoral de éste último). Así que la tarea actual del PP es doble: conseguir que la HG sea un fracaso, para que todo lo "avanzado" por el PSOE se mantenga, y destrozar los sindicatos, para eliminar cualquier oposición cuando sea el PP quien gobierne y decida las políticas a aplicar.
Nunca hasta ahora se había dado tamaña campaña de desprestigio de los sindicatos. No hay que olvidar que muchos de esos medios y del propio PP, "exigían", hace menos de un año, que los sindicatos convocaran una HG contra Zapatero por "el aumento del paro". Claro que, entonces, aún no había comenzado la comentada ofensiva de la UE contra el estado del bienestar y se trataba únicamente, con la sencillez de lo clásico, de reclamar que todo el mundo le diera palos al PSOE, con o sin motivo. La situación ahora es diferente, y el PP se comporta de forma responsable y leal con la clase social cuyos intereses defiende: toma nota del objetivo principal que se marca desde la UE, deja que sea el PSOE quien empiece el trabajo sucio y, con visión estratégica, se pone a la labor de despejar obstáculos futuros para conseguir ese objetivo principal.
Así que, también en este aspecto, la HG va más allá de una batalla puntual. Si se quiere acabar con el estado del bienestar, también hay que acabar o neutralizar a quienes más voluntad y capacidad tienen para defenderlo, los sindicatos. Y, precisamente por ello, la HG ha de ser un éxito y los sindicatos han de salir reforzados. Aunque en muchas redacciones, platós y guiones para portavoces políticos ya están preparados los titulares ("fracaso de la HG", el más grande, junto con "actos violentos de los piquetes", "trabajadores privados de su derecho al trabajo", etc.), hay que contar con ello como un elemento más del paisaje.
La foto que la derecha quiere presentar del 29-S ya la sabemos. La realidad, por suerte para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas del Reino de España y de la UE, será bien distinta.
Litus Alonso, colaborador habitual de SINPERMISO, es actualmente miembro de las Ejecutivas estatal y de Catalunya de Comfia-CCOO (Federación de Servicios Financieros y Administrativos); también es delegado sindical en el BBVA.
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