El gobierno prefiere jugar a policías y ladrones que impulsar el gasto social: Dafne Cuevas

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de noviembre de 2010, p. 12
El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Rafael López Castañares, lamentó que de los 3 mil 784 millones de pesos que los diputados destinaron a la educación superior, “no se haya otorgado ni un solo peso a los fondos extraordinarios, salvó al correspondiente al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)”, lo que afectará principalmente el incremento de matrícula e infraestructura de las universidades estatales.

En tanto, el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas consideraron que en la discusión final del presupuesto para el campo no se fue al fondo del tema, ya que se pugnó por mayores recursos pero no por la calidad, aplicación oportuna y mayor vigilancia de los montos que reciben los gobiernos de los estados; se terminó aprobando la orientación que propuso el Ejecutivo.

A su vez, el titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, sostuvo que los recursos autorizados por la Cámara de Diputados al organismo serán suficientes “para cumplir nuestras metas, pero no lo suficiente para las nuevas que nos proponemos, como por ejemplo mayor sustentabilidad y combate al cambio climático”; es una oportunidad para buscar esquemas de financiamiento.

Luege subrayó que la partida no permitirá impulsar proyectos en sustentabilidad y cambio climático, pero destacó como “buena noticia que estamos por arriba del presupuesto que tuvimos este año; no cumple todas las expectativas, pero también estamos conscientes que necesitamos mayor esfuerzo en financiamiento y participación de la iniciativa privada y que no todo puede salir del presupuesto”.

Por su parte, López Castañares dijo que “en términos reales, si comparamos el presupuesto aprobado para 2011 con este año, pasamos de 3.1 a 4.1 por ciento; entonces, se puede decir que hubo un crecimiento”. Sin embargo, dijo que el monto de los fondos “son verdaderamente insuficientes para las instituciones, y ahora que se aprobó el presupuesto final, no hay un solo peso para ninguno de estos fondos de apoyo. Estos fondos han coadyuvado para que crezca la matrícula, el equipamiento, pero ahora cómo van a seguir manteniendo lo que ya crecieron las instituciones”.
Otro de los temas que preocupa a la ANUIES, indicó López Castañares, es el relacionado con el pago de servicios personales. “Este asunto quedó muy mal. a excepción de la UNAM; hay recortes muy significativos en el capítulo mil, y que aunque el monto del recorte se los ponen en otros rubros, esto les impacta de manera negativa muy fuerte a estas instituciones. Hay que recordar que el capítulo mil también es para la cuestión del pago de todos estos profesores e investigadores.

En tanto, José Luis Aguilera, coordinador del CAP, dijo que los 293 mil 652.14 millones de pesos que se aprobaron para el Programa Especial Concurrente significan 33 mil 800 millones de pesos más con respecto a la propuesta del Ejecutivo; es un buen monto, por ello las presiones que ejerció el presidente de la Comisión de Agricultura y dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Cruz López Aguilar, para obtener una reasignación de 4 mil 400 millones de pesos, fueron un “chantaje”.

Finalmente, para la directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Dafne Cuevas, al privilegiar el sector de la seguridad en el presupuesto, por sobre la salud y el desarrollo social, el gobierno sigue postergando el verdadero combate a la pobreza, que consiste en dar recursos suficientes para que los mexicanos tengan una adecuada calidad de vida, advirtieron activistas de organizaciones de la sociedad civil.

Cuevas, consideró que es muy preocupante el criterio de repartición del gobierno federal, cuyos efectos ya están a la vista, luego de tres años en los que las autoridades han preferido “seguir jugando a los policías y ladrones” en vez de impulsar el gasto social

Angélica Enciso, Matilde Pérez, César Arellano y Fernando Camac

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