Entrega de televisores en tiempo electoral “es constitucional”: Sedesol
Los televisores entregados por el gobierno federal. Foto: Especial |
Ayer, el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena denunciaron por enésima vez que el gobierno federal mantuvo el programa de entrega de televisores digitales durante la campaña electoral, en el marco del programa de Televisión Digital Terrestre (TDT).
El diputado panista Juan Pablo Adame aseveró que el gobierno entregará más de 250 mil aparatos en varios municipios del estado de México y en tres delegaciones del Distrito Federal el próximo 6 de junio, un día antes de la jornada electoral.
En el estado de México, el gobierno repartirá más de 115 mil 808 aparatos en el municipio de Nezahualcoyotl, actualmente bajo alcaldía perredista; 68 mil 176 en Tlanepantla (PRI) y 24 mil 639 en Texcoco (Movimiento Ciudadano).
En el Distrito Federal, entregará 54 mil televisores en Coyoacán (PRD-MC-PT), 15 mil 841 en Benito Juárez (PAN) y 15 mil 869 en Cuajimalpa (PRI-PVEM).
En un comunicado que emitió a las 11 de la noche del miércoles pasado, la Sedesol reiteró que esa dependencia no es responsable de la instrumentación del programa, ya que solamente elaboró el padrón de beneficiarios –los “hogares de escasos recursos”– a partir de su base de datos.
E insistió en que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “implementar los programas y acciones vinculados con la Política de TDT para la entrega o distribución de equipos de señal digital, de acuerdo al calendario establecido en el Programa de Trabajo”.
Y aunque ese calendario contemple la entrega de un cuarto de millón de aparatos en víspera de los comicios, la Sedesol aseveró que la agenda de reparto resultó de una “determinación de orden constitucional” que ratificó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 31 de marzo.
La dependencia a cargo de Rosario Robles reiteró que a través de la implementación de su Programa de Blindaje Electoral 2015 garantizó la “legalidad, transparencia e imparcialidad en el uso de los recursos destinados a la superación de la pobreza”.
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