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Parten caravanas de familias jornaleras mexicanas hacia el norte del país

 

En 2020, el 42% de la población que viajó de la Montaña de Guerrero estaba conformada por niñas, niños y adolescentes. El número de mujeres y niñas también ya es prácticamente igual a la de los hombres.

La mayoría de las familias se traslada a Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y Baja California. Foto: Cuartoscuro

Apenas terminó la fiesta de Todos Santos, el 1 y 2 de noviembre, comenzó la migración masiva de familias jornaleras mexicanas al interior del país, principalmente desde estados sureños, los más empobrecidos. En 2020, sólo de la Montaña de Guerrero salieron más de 15,300 hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes para trabajar en campos del norte, centro y occidente. En este año, hasta octubre pasado, han viajado 10,572 personas.

“Son desplazamientos, a lugares muy lejanos, de niños, niñas, madres embarazadas, madres trabajadoras y una gran población que se va sin ningún respaldo institucional y sin registro oficial”, dijo Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El padrón del año pasado y de éste lo ha levantado personal de ese organismo.

Al inicio del confinamiento, en abril de 2020, el sector agrícola fue declarado por el gobierno federal como actividad esencial. “Las familias jornaleras se vieron obligadas a salir de sus comunidades”, pues “su situación económica es muy precaria”, señaló Barrera en conferencia de prensa desde la Casa del Jornalero Agrícola, en Tlapa, Guerrero.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario, en el que está comprendida la agricultura, creció 0.7% en el tercer trimestre de 2021 con relación al mismo periodo de 2020. Esas actividades aportaron más de 605,156 millones de pesos. Sin embargo, los salarios de estas personas no suelen superar los 200 pesos diarios, según la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

El número de trabajadoras agrícolas se ha incrementado, subrayó el antropólogo y activista. En 2020, Tlachinollan registró a más de 7,669 “mujeres mayores, jóvenes, madres y niñas”. Con ellas viajaron 7,754 hombres y niños.

De las 15,323 personas que migraron de la región de la montaña de Guerrero, 6,553 eran niñas, niños y adolescentes. Es decir, es el 42% de la población migrante. En los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 el Inegi reportó un gran nivel de deserción escolar, más de 310 adolescentes de entre 13 y 18 años dejaron sus estudios porque tenían que trabajar, según la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (Ecovid-Ed).

De enero a septiembre de 2021, Tlachinollan ha registrado que de las 10,572 personas migrantes jornaleras, 2,286 son niñas, niños y adolescentes. La representación de esta población cayó a 21 por ciento.

Abandono de las autoridades

“Después del 2 de noviembre salen familias enteras y ya están preparándose para trasladarse a los campos agrícolas” de Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y Baja California, principalmente, explicó Abel Barrera, defensor de derechos humanos. Algunos viajan en camionetas privadas, pero muchos más en autobuses que contratan las familias o enviados por las empresas agrícolas.

El pasado 3 de noviembre partieron siete camiones con población jornalera de Ayotzinapa y Malinaltepec, informó Miguel Martínez Peralta, del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña. Un día después, el 4, “salieron otros 6 camiones de las comunidades de Jilotepec y Tototepec”. El 6 y el 7 se fueron otros 23 camiones de Ayotzinapa.

Su situación migratoria, aunque sea en su propio país, les pone en un lugar de vulnerabilidad, recalcó Barrera. Y se enfrentan a ella sin respaldo institucional de ninguno de los tres órdenes de gobierno. “No hay seguimiento” de su viaje y tampoco de las condiciones en las que trabajan en sus destinos.

“En esta nueva temporada no estamos encontrando eco en las autoridades del estado para atender a la población indígena jornalera de la Montaña. Se requiere de una intervención interinstitucional” e intergubernamental, dijo.

“Está saliendo la gente y no hay atención en salud, hospedaje, servicio de agua” para que su tránsito sea decente. “Y en los campos los explotan, los engañan, los malmiran. Y hay situaciones de otro tipo, enfrenta maltratos, discriminación por parte de autoridades, patrones y mayordomos”.

Las personas se van “con la esperanza de poder mejorar las condiciones de vida. Pero sabemos están en una situación de abandono, de falta de atención, las niñas y los niños no van a la escuela, las mamás trabajar en condiciones poco propicias para su salud, viajan en autobuses destartalados”. 


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