Contribución - ¿Se puede comparar la deuda pública de los países llamados «en desarrollo» con la deuda pública del Norte?
Nuestro compañero José Luis Hdz. nos envía este artículo por demás interesante y que además esclarece algunos relacionados con las políticas económicas actuales.
Damien Millet – Eric Toussaint (CADTM www.cadtm.org )
Aunque haya una enorme diferencia en las sumas, existe una primera similitud en cuanto a la evolución en el tiempo. La deuda externa pública de los PED y la deuda pública del Norte se han disparado en el curso de los años 70. En el Norte, la recesión generalizada de los años 1973-1975 obligó a los poderes públicos a endeudarse para relanzar la actividad económica: creación de empleo público, proyectos a cargo del Estado (por ejemplo, trenes de alta velocidad, Ariane o Airbus en Francia), política de grandes obras industriales o militares. Los Estados y las colectividades locales también fueron atrapados por el alza de los tipos de interés de principios de los años 80. Su deuda pública creció con rapidez porque se vieron obligados a contratar nuevos préstamos para hacer frente a los vencimientos, como en el Sur. Aquí también surgió el efecto bola de nieve.
A partir de la crisis internacional que estalló en el Norte en el año 2007, la deuda pública de los países más industrializados, que hasta entonces se había mantenido en un nivel elevado, en particular a causa de las reformas fiscales favorables a los más ricos, sufrió una nueva explosión debida al efecto conjugado de los planes de salvataje de los bancos y a la caída de la recaudación fiscal causada por la recesión económica de los años 2008-2009. La deuda pública de la Unión Europea pasó entonces de 7,3 billones de euros a 8,7 billones entre 2007 y 2009. El riesgo de un nuevo efecto bola de nieve es real.
La segunda similitud concierne a los tenedores de los créditos y los flujos financieros que éstos imponen. La parte de la deuda pública en el Norte en manos de ciudadanos de ingresos modestos es muy marginal. Cuando se hace una emisión de empréstitos en el Norte, mediante bonos del Tesoro, las grandes instituciones financieras privadas (bancos, compañías de seguros, mutual funds, fondos de pensiones, hedge funds) se llevan en pocos días la casi totalidad. También en este caso son estas instituciones y los particulares muy ricos los principales acreedores de la deuda pública del Norte. La diferencia más grande con los PED reside en el hecho de que su deuda exterior impone a éstos la obligación de obtener divisas fuertes para los reembolsos, lo que acarrea la exportación a cualquier precio.
Del lado de los deudores, el Estado reembolsa tomando las sumas necesarias de la recaudación de impuestos. Pero los ingresos del trabajo tributan mucho más que los beneficios del capital. Y además, la proporción de los impuestos indirectos, como el IVA, tiende a aumentar cuando, en términos relativos, son más gravosos para las clases populares y medias. Así, el Estado paga esencialmente a las ricas instituciones privadas con el dinero que han tributado las personas con ingresos modestos: se trata nuevamente de una transferencia de riqueza de la población (en este caso del Norte) a los capitalistas. Existe, en consecuencia, una profunda solidaridad objetiva entre las víctimas de la deuda externa pública de los PED y las de la deuda pública del Norte.
«Los mercados de títulos de la deuda pública (los mercados públicos de obligaciones), establecidos por los principales países beneficiarios de la mundialización financiera y luego impuestos a los otros países (con mucha frecuencia sin mayores dificultades) son, según el propio Fondo Monetario Internacional, la “piedra angular” de la mundialización financiera. Traducido a un lenguaje claro, es exactamente el mecanismo más sólido establecido por la liberalización financiera de transferencia de riqueza de ciertas clases y capas sociales y de ciertos países hacia otros. Atacar los fundamentos del poder de las finanzas supone el desmantelamiento de estos mecanismos y, por lo tanto, la anulación de la deuda pública, no solamente de los países más pobres, sino también de cualquier país cuyas fuerzas sociales activas se nieguen a ver que el gobierno continúa imponiendo la austeridad presupuestaria a los ciudadanos a título del pago de los intereses de la deuda pública.»
Fuente : François Chesnais, Tobin or not Tobin?, ATTAC, Mille et une nuits, París.
La tercera similitud reside en el hecho de que, tanto en el Norte como en el Sur, el cuantioso endeudamiento es un pretexto ideal para imponer políticas de austeridad y modificar las relaciones sociales en beneficio de los capitalistas. Estas políticas, aplicadas desde los años 80 paralelamente a los planes de ajuste estructural en el Sur, en la Unión Europea se inscribieron en el marco general del tratado de Maastricht: se dio prioridad a una fuerte reducción del déficit público, lo que implicó la prosecución de una política de austeridad, en especial con las privatizaciones, el cuestionamiento de la seguridad social y del sistema de jubilación por reparto, una reducción de los gastos en sanidad y en educación, etc.
En Francia, simbólicamente, los gobiernos nombrados por Jacques Chirac y luego por Nicolas Sarkozy han tomado dos medidas sin par: la reducción del impuesto sobre la renta (que no beneficia a más de la mitad de las familias que no tienen ingresos suficientes como para pagar impuestos) y la privatización parcial de varias empresas públicas, como Air France, Aéroports de Paris, France Telecom, Éléctricité de France, Gaz de France, Crédit Lyonnais, Dassault Systèmes, y varias empresas de autopistas. La reforma de las pensiones, programada septiembre/octubre del 2010, constituiría, si se aprobara, un importante retroceso para los asalariados franceses. Las consecuencias económicas de la deuda para la población —ajuste estructural en el Sur, austeridad en el Norte— son, como se ve, muy semejantes.
La cuarta similitud es la intervención del FMI, tanto en el Sur del planeta (lo cual no es una novedad) como en el Norte. Las medidas impuestas a Grecia, a España, a Rumania, a Hungría, a Lituania..., todos miembros de la Unión Europea, fueron elaboradas con la participación directa del FMI.
En consecuencia, por el origen, por el mecanismo mismo, por sus consecuencias, la deuda azota en el Norte y en el Sur con una fuerza impresionante. ¿Qué límites precisos se puede dar a la categoría de los PED? ¿Es lógico incluir a China? ¿A Rusia? ¿A los países del este de Europa que han ingresado en la Unión Europea). No se puede ser coherente atribuyendo unos límites arbitrarios, como hacen el FMI y el Banco Mundial, y proponiendo diferentes soluciones cuando las poblaciones son afectadas por unos mecanismos cuya lógica subyacente es la misma. Por ello es necesario reclamar las mismas soluciones, es decir, la anulación de la deuda pública del Norte con las grandes instituciones financieras privadas.
El CADTM plantea 8 propuestas alternativas para constituir una plataforma común de reivindicaciones de los movimientos sociales y políticos[1]
1. Expropiar los bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano
No existe una regulación duradera posible con instituciones financieras privadas. Los Estados deben retomar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera.
2. Decretar una moratoria unilateral (sin acumulación de intereses por morosidad) sobre el pago de la deuda mientras se realiza una auditoría (con participación ciudadana) de los créditos públicos —el deudor es el Estado—. De acuerdo con los resultados de esta auditoría, se deberá anular la deuda identificada como ilegítima.
Con su experiencia sobre el problema de la deuda en los países del Sur, el CADTM advierte contra una reivindicación insuficiente, como una simple suspensión del reembolso de la deuda. Se necesita una moratoria, sin los intereses de morosidad, de las sumas no reembolsadas.
La moratoria se aprovecha para proceder a un examen de los préstamos con el fin de identificar las deudas ilegítimas. La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Ésta permitirá determinar las diferentes responsabilidades en los procesos de endeudamiento y exigir que los responsables rindan cuentas a la colectividad. Las deudas identificadas como odiosas o ilegítimas deben ser anuladas.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir los paraísos fiscales. Gravar fuertemente las transacciones financieras.
Es imprescindible hacer una reforma en profundidad de la fiscalidad que lleve a una armonización europea que permita impedir el dumping fiscal. El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, especialmente mediante el IRPF y el impuesto sobre sociedades, y una reducción del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transportes públicos, etc.), esencialmente, a través de una fuerte y discriminada rebaja del IVA de esos bienes y servicios vitales.
Desde 1980, continúan bajando los impuestos directos que pagan las rentas más altas y las grandes empresas. En la Unión Europea, entre 2000 y 2008, los tipos superiores del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades bajaron 7 y 8,5 puntos respectivamente. Estos miles de millones de euros de regalo fiscal se orientaron, principalmente, a la especulación y a la acumulación de riqueza por los más ricos.
Es necesario prohibir cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales. En todas las reuniones del G20 se rechazó, a pesar de las declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Hay que prohibir esos agujeros negros de las finanzas de la corrupción, de la delincuencia de alto nivel y de los tráficos ilegales. Se debe agregar al carácter progresivo de la tasa, un impuesto disuasivo para las transacciones especulativas y sobre los ingresos de los acreedores de la deuda.
4. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
El fraude fiscal priva de medios considerables a la colectividad y actúa en contra del empleo. Se debe proveer de medios públicos eficientes a los servicios de finanzas para luchar seriamente contra este fraude. Los resultados deben ser publicados y los culpables fuertemente sancionados.
5. Disciplinar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y por la prohibición de las ventas al descubierto.
La especulación a escala mundial representa varias veces la riqueza producida en el planeta. Los montajes sofisticados de la mecánica financiera la vuelve completamente incontrolable. Los engranajes que promueve desestructuran la economía real. La opacidad en las transacciones financieras es la regla. Para gravar las acreencias en su fuente, es necesario identificarlas. La dictadura de los mercados debe terminar.
6. Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, pero aumentando los salarios y las pensiones.
Repartir de otra manera las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza producida destinada a los asalariados se redujo netamente, mientras que los acreedores y las empresas aumentaron sus beneficios para luego dedicarlos a la especulación. Al aumentar los salarios, no sólo se favorece el poder de compra de la población sino que se refuerzan los medios de la protección social y de los regímenes de pensiones. Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción del salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de la población.
7. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en el curso de los últimos treinta años.
Una característica de estos últimos treinta años fue la privatización de gran número de empresas y servicios públicos. Desde bancos hasta el sector industrial, pasando por correos, telecomunicaciones, energía y transportes, los gobiernos dejaron al sector privado partes de la economía y por ese proceso perdieron cualquier capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, producidos por el trabajo colectivo deben retornar al dominio público.
8. Por una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea.
La Unión Europea surgida de los tratados constitucionales impuestos a las poblaciones es una verdadera máquina de guerra al servicio del capital y de las finanzas. Debe ser totalmente refundada por un proceso constituyente en el que la palabra de las poblaciones sea finalmente tomada en consideración. Esta otra Europa democratizada debe trabajar por la armonización por lo alto de la justicia fiscal y social, de manera que permita un aumento del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, la retirada de las tropas de Afganistán y la salida de la OTAN, la reducción radical de sus gastos militares, la prohibición de las armas nucleares y el compromiso firme en el desarme. Debe poner fin también a su política de fortaleza asediada por los candidatos a la inmigración, convertirse en un socio equitativo y realmente solidario con los pueblos del Sur del planeta.
Traducido por Raul Quiroz.
Damien Millet – Eric Toussaint (CADTM www.cadtm.org )
Aunque haya una enorme diferencia en las sumas, existe una primera similitud en cuanto a la evolución en el tiempo. La deuda externa pública de los PED y la deuda pública del Norte se han disparado en el curso de los años 70. En el Norte, la recesión generalizada de los años 1973-1975 obligó a los poderes públicos a endeudarse para relanzar la actividad económica: creación de empleo público, proyectos a cargo del Estado (por ejemplo, trenes de alta velocidad, Ariane o Airbus en Francia), política de grandes obras industriales o militares. Los Estados y las colectividades locales también fueron atrapados por el alza de los tipos de interés de principios de los años 80. Su deuda pública creció con rapidez porque se vieron obligados a contratar nuevos préstamos para hacer frente a los vencimientos, como en el Sur. Aquí también surgió el efecto bola de nieve.
A partir de la crisis internacional que estalló en el Norte en el año 2007, la deuda pública de los países más industrializados, que hasta entonces se había mantenido en un nivel elevado, en particular a causa de las reformas fiscales favorables a los más ricos, sufrió una nueva explosión debida al efecto conjugado de los planes de salvataje de los bancos y a la caída de la recaudación fiscal causada por la recesión económica de los años 2008-2009. La deuda pública de la Unión Europea pasó entonces de 7,3 billones de euros a 8,7 billones entre 2007 y 2009. El riesgo de un nuevo efecto bola de nieve es real.
La segunda similitud concierne a los tenedores de los créditos y los flujos financieros que éstos imponen. La parte de la deuda pública en el Norte en manos de ciudadanos de ingresos modestos es muy marginal. Cuando se hace una emisión de empréstitos en el Norte, mediante bonos del Tesoro, las grandes instituciones financieras privadas (bancos, compañías de seguros, mutual funds, fondos de pensiones, hedge funds) se llevan en pocos días la casi totalidad. También en este caso son estas instituciones y los particulares muy ricos los principales acreedores de la deuda pública del Norte. La diferencia más grande con los PED reside en el hecho de que su deuda exterior impone a éstos la obligación de obtener divisas fuertes para los reembolsos, lo que acarrea la exportación a cualquier precio.
Del lado de los deudores, el Estado reembolsa tomando las sumas necesarias de la recaudación de impuestos. Pero los ingresos del trabajo tributan mucho más que los beneficios del capital. Y además, la proporción de los impuestos indirectos, como el IVA, tiende a aumentar cuando, en términos relativos, son más gravosos para las clases populares y medias. Así, el Estado paga esencialmente a las ricas instituciones privadas con el dinero que han tributado las personas con ingresos modestos: se trata nuevamente de una transferencia de riqueza de la población (en este caso del Norte) a los capitalistas. Existe, en consecuencia, una profunda solidaridad objetiva entre las víctimas de la deuda externa pública de los PED y las de la deuda pública del Norte.
«Los mercados de títulos de la deuda pública (los mercados públicos de obligaciones), establecidos por los principales países beneficiarios de la mundialización financiera y luego impuestos a los otros países (con mucha frecuencia sin mayores dificultades) son, según el propio Fondo Monetario Internacional, la “piedra angular” de la mundialización financiera. Traducido a un lenguaje claro, es exactamente el mecanismo más sólido establecido por la liberalización financiera de transferencia de riqueza de ciertas clases y capas sociales y de ciertos países hacia otros. Atacar los fundamentos del poder de las finanzas supone el desmantelamiento de estos mecanismos y, por lo tanto, la anulación de la deuda pública, no solamente de los países más pobres, sino también de cualquier país cuyas fuerzas sociales activas se nieguen a ver que el gobierno continúa imponiendo la austeridad presupuestaria a los ciudadanos a título del pago de los intereses de la deuda pública.»
Fuente : François Chesnais, Tobin or not Tobin?, ATTAC, Mille et une nuits, París.
La tercera similitud reside en el hecho de que, tanto en el Norte como en el Sur, el cuantioso endeudamiento es un pretexto ideal para imponer políticas de austeridad y modificar las relaciones sociales en beneficio de los capitalistas. Estas políticas, aplicadas desde los años 80 paralelamente a los planes de ajuste estructural en el Sur, en la Unión Europea se inscribieron en el marco general del tratado de Maastricht: se dio prioridad a una fuerte reducción del déficit público, lo que implicó la prosecución de una política de austeridad, en especial con las privatizaciones, el cuestionamiento de la seguridad social y del sistema de jubilación por reparto, una reducción de los gastos en sanidad y en educación, etc.
En Francia, simbólicamente, los gobiernos nombrados por Jacques Chirac y luego por Nicolas Sarkozy han tomado dos medidas sin par: la reducción del impuesto sobre la renta (que no beneficia a más de la mitad de las familias que no tienen ingresos suficientes como para pagar impuestos) y la privatización parcial de varias empresas públicas, como Air France, Aéroports de Paris, France Telecom, Éléctricité de France, Gaz de France, Crédit Lyonnais, Dassault Systèmes, y varias empresas de autopistas. La reforma de las pensiones, programada septiembre/octubre del 2010, constituiría, si se aprobara, un importante retroceso para los asalariados franceses. Las consecuencias económicas de la deuda para la población —ajuste estructural en el Sur, austeridad en el Norte— son, como se ve, muy semejantes.
La cuarta similitud es la intervención del FMI, tanto en el Sur del planeta (lo cual no es una novedad) como en el Norte. Las medidas impuestas a Grecia, a España, a Rumania, a Hungría, a Lituania..., todos miembros de la Unión Europea, fueron elaboradas con la participación directa del FMI.
En consecuencia, por el origen, por el mecanismo mismo, por sus consecuencias, la deuda azota en el Norte y en el Sur con una fuerza impresionante. ¿Qué límites precisos se puede dar a la categoría de los PED? ¿Es lógico incluir a China? ¿A Rusia? ¿A los países del este de Europa que han ingresado en la Unión Europea). No se puede ser coherente atribuyendo unos límites arbitrarios, como hacen el FMI y el Banco Mundial, y proponiendo diferentes soluciones cuando las poblaciones son afectadas por unos mecanismos cuya lógica subyacente es la misma. Por ello es necesario reclamar las mismas soluciones, es decir, la anulación de la deuda pública del Norte con las grandes instituciones financieras privadas.
El CADTM plantea 8 propuestas alternativas para constituir una plataforma común de reivindicaciones de los movimientos sociales y políticos[1]
1. Expropiar los bancos para transferirlos al sector público bajo control ciudadano
No existe una regulación duradera posible con instituciones financieras privadas. Los Estados deben retomar su capacidad de control y de orientación de la actividad económica y financiera.
2. Decretar una moratoria unilateral (sin acumulación de intereses por morosidad) sobre el pago de la deuda mientras se realiza una auditoría (con participación ciudadana) de los créditos públicos —el deudor es el Estado—. De acuerdo con los resultados de esta auditoría, se deberá anular la deuda identificada como ilegítima.
Con su experiencia sobre el problema de la deuda en los países del Sur, el CADTM advierte contra una reivindicación insuficiente, como una simple suspensión del reembolso de la deuda. Se necesita una moratoria, sin los intereses de morosidad, de las sumas no reembolsadas.
La moratoria se aprovecha para proceder a un examen de los préstamos con el fin de identificar las deudas ilegítimas. La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Ésta permitirá determinar las diferentes responsabilidades en los procesos de endeudamiento y exigir que los responsables rindan cuentas a la colectividad. Las deudas identificadas como odiosas o ilegítimas deben ser anuladas.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y una justa redistribución de la riqueza. Prohibir los paraísos fiscales. Gravar fuertemente las transacciones financieras.
Es imprescindible hacer una reforma en profundidad de la fiscalidad que lleve a una armonización europea que permita impedir el dumping fiscal. El objetivo es un aumento de los ingresos públicos, especialmente mediante el IRPF y el impuesto sobre sociedades, y una reducción del precio de acceso a los bienes y servicios de primera necesidad (alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción, transportes públicos, etc.), esencialmente, a través de una fuerte y discriminada rebaja del IVA de esos bienes y servicios vitales.
Desde 1980, continúan bajando los impuestos directos que pagan las rentas más altas y las grandes empresas. En la Unión Europea, entre 2000 y 2008, los tipos superiores del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades bajaron 7 y 8,5 puntos respectivamente. Estos miles de millones de euros de regalo fiscal se orientaron, principalmente, a la especulación y a la acumulación de riqueza por los más ricos.
Es necesario prohibir cualquier transacción que pase por los paraísos fiscales. En todas las reuniones del G20 se rechazó, a pesar de las declaraciones de intención, atacar realmente a los paraísos judiciales y fiscales. Hay que prohibir esos agujeros negros de las finanzas de la corrupción, de la delincuencia de alto nivel y de los tráficos ilegales. Se debe agregar al carácter progresivo de la tasa, un impuesto disuasivo para las transacciones especulativas y sobre los ingresos de los acreedores de la deuda.
4. Luchar contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
El fraude fiscal priva de medios considerables a la colectividad y actúa en contra del empleo. Se debe proveer de medios públicos eficientes a los servicios de finanzas para luchar seriamente contra este fraude. Los resultados deben ser publicados y los culpables fuertemente sancionados.
5. Disciplinar los mercados financieros, principalmente mediante la creación de un registro de propietarios de títulos y por la prohibición de las ventas al descubierto.
La especulación a escala mundial representa varias veces la riqueza producida en el planeta. Los montajes sofisticados de la mecánica financiera la vuelve completamente incontrolable. Los engranajes que promueve desestructuran la economía real. La opacidad en las transacciones financieras es la regla. Para gravar las acreencias en su fuente, es necesario identificarlas. La dictadura de los mercados debe terminar.
6. Reducir radicalmente el tiempo de trabajo para crear empleos, pero aumentando los salarios y las pensiones.
Repartir de otra manera las riquezas es la mejor respuesta a la crisis. La parte de la riqueza producida destinada a los asalariados se redujo netamente, mientras que los acreedores y las empresas aumentaron sus beneficios para luego dedicarlos a la especulación. Al aumentar los salarios, no sólo se favorece el poder de compra de la población sino que se refuerzan los medios de la protección social y de los regímenes de pensiones. Disminuyendo el tiempo de trabajo sin reducción del salario y creando empleos, se mejora la calidad de vida de la población.
7. Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en el curso de los últimos treinta años.
Una característica de estos últimos treinta años fue la privatización de gran número de empresas y servicios públicos. Desde bancos hasta el sector industrial, pasando por correos, telecomunicaciones, energía y transportes, los gobiernos dejaron al sector privado partes de la economía y por ese proceso perdieron cualquier capacidad de regulación de la economía. Esos bienes públicos, producidos por el trabajo colectivo deben retornar al dominio público.
8. Por una asamblea constituyente de los pueblos para otra unión europea.
La Unión Europea surgida de los tratados constitucionales impuestos a las poblaciones es una verdadera máquina de guerra al servicio del capital y de las finanzas. Debe ser totalmente refundada por un proceso constituyente en el que la palabra de las poblaciones sea finalmente tomada en consideración. Esta otra Europa democratizada debe trabajar por la armonización por lo alto de la justicia fiscal y social, de manera que permita un aumento del nivel y de la calidad de vida de sus habitantes, la retirada de las tropas de Afganistán y la salida de la OTAN, la reducción radical de sus gastos militares, la prohibición de las armas nucleares y el compromiso firme en el desarme. Debe poner fin también a su política de fortaleza asediada por los candidatos a la inmigración, convertirse en un socio equitativo y realmente solidario con los pueblos del Sur del planeta.
Traducido por Raul Quiroz.
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