La OIT recibe presiones del gobierno mexicano
En:Articulistas Fecha:18 junio, 2011
Para no admitir una queja del Sindicato Mexicano de Electricistas
Martín Esparza Flores
Una vez más, quedó demostrada la sumisión del gobierno mexicano ante la iniciativa privada; sus operadores hicieron hasta lo imposible para presionar al Comité sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en no admitir la queja presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por violaciones flagrantes a convenios internacionales en materia laboral, como el 87, referente a las libertad sindical; y el 98, sobre el derecho a la negociación colectiva.
Los antecedentes sobre esta agresión contra los sindicatos independientes que, como se aprecia, rebasa nuestras fronteras, muestran a un gobierno insensible ante los reclamos de millones de trabajadores, pero entregado a la defensa de los intereses empresariales.
Una verdad absoluta que no admite réplica es que ni a Felipe Calderón, ni a su secretario del Trabajo, Javier Lozano, les importa acatar en lo más mínimo las observaciones que la OIT les ha hecho en varias ocasiones. La última, registrada con el número 359 del Comité de Libertad Sindical, del 30 de marzo pasado, relacionada con la autorizada práctica, por parte de las autoridades laborales de nuestro país, de los “contratos de protección”, operados a favor de un sinfín de empresas, por sindicatos blancos.
Cínicamente, una y otra vez, el gobierno de Calderón ha respondido, a la par de organismos empresariales como la Coparmex y la Concamin, que tales contratos “no existen” porque “están prohibidos por la ley”. La Concamin se ha atrevido incluso a asegurar que todo “es invención de la prensa”.
Lo que no han podido explicar es cómo las laxas leyes mexicanas permiten que personajes como el hoy prófugo Ramón Gómez Martínez, acusado de acoso y abuso sexual en contra de menores de edad, que acudieron a sus sindicatos blancos en busca de un empleo, siga representando a un importante número de estos organismos de supuesta representación sindical, con la complacencia de Javier Lozano; es decir, que desde el exilio, este delincuente sigue ostentándose el derecho de explotar y entregar en bandeja de plata a sus supuestos agremiados, ante diversas empresas, muchas de ellas trasnacionales. Y las autoridades, bien, gracias.
Es irrefutable que el gobierno mexicano ha perdido su papel de mediador entre las relaciones del capital y el trabajo, tal y como lo establece nuestra Constitución, convirtiéndose en juez y parte para menoscabar los derechos de los que menos tienen.
En nuestra estancia en Ginebra, Suiza, trascendió que funcionarios del Comité sobre Libertad Sindical fueron presionados por operadores del gobierno de México para desechar la queja presentada por el SME, en defensa de esa autonomía sindical tan pisoteada por los regímenes panistas.
Desde que Vicente Fox asumió la Presidencia de la República en el 2000 a la fecha, la OIT ha recibido 29 quejas por violaciones a los convenios internacionales por parte del gobierno mexicano; diez de ellas corresponden a la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
De nuestra parte, plantearemos nuevamente ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT nuestra queja porque sabemos que nos asisten el derecho y la razón, y seguiremos luchando porque en nuestro país se retorne al Estado de derecho que tanto anhelamos millones de mexicanos.
Fuente
Para no admitir una queja del Sindicato Mexicano de Electricistas
Martín Esparza Flores
Una vez más, quedó demostrada la sumisión del gobierno mexicano ante la iniciativa privada; sus operadores hicieron hasta lo imposible para presionar al Comité sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en no admitir la queja presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por violaciones flagrantes a convenios internacionales en materia laboral, como el 87, referente a las libertad sindical; y el 98, sobre el derecho a la negociación colectiva.
Los antecedentes sobre esta agresión contra los sindicatos independientes que, como se aprecia, rebasa nuestras fronteras, muestran a un gobierno insensible ante los reclamos de millones de trabajadores, pero entregado a la defensa de los intereses empresariales.
Una verdad absoluta que no admite réplica es que ni a Felipe Calderón, ni a su secretario del Trabajo, Javier Lozano, les importa acatar en lo más mínimo las observaciones que la OIT les ha hecho en varias ocasiones. La última, registrada con el número 359 del Comité de Libertad Sindical, del 30 de marzo pasado, relacionada con la autorizada práctica, por parte de las autoridades laborales de nuestro país, de los “contratos de protección”, operados a favor de un sinfín de empresas, por sindicatos blancos.
Cínicamente, una y otra vez, el gobierno de Calderón ha respondido, a la par de organismos empresariales como la Coparmex y la Concamin, que tales contratos “no existen” porque “están prohibidos por la ley”. La Concamin se ha atrevido incluso a asegurar que todo “es invención de la prensa”.
Lo que no han podido explicar es cómo las laxas leyes mexicanas permiten que personajes como el hoy prófugo Ramón Gómez Martínez, acusado de acoso y abuso sexual en contra de menores de edad, que acudieron a sus sindicatos blancos en busca de un empleo, siga representando a un importante número de estos organismos de supuesta representación sindical, con la complacencia de Javier Lozano; es decir, que desde el exilio, este delincuente sigue ostentándose el derecho de explotar y entregar en bandeja de plata a sus supuestos agremiados, ante diversas empresas, muchas de ellas trasnacionales. Y las autoridades, bien, gracias.
Es irrefutable que el gobierno mexicano ha perdido su papel de mediador entre las relaciones del capital y el trabajo, tal y como lo establece nuestra Constitución, convirtiéndose en juez y parte para menoscabar los derechos de los que menos tienen.
En nuestra estancia en Ginebra, Suiza, trascendió que funcionarios del Comité sobre Libertad Sindical fueron presionados por operadores del gobierno de México para desechar la queja presentada por el SME, en defensa de esa autonomía sindical tan pisoteada por los regímenes panistas.
Desde que Vicente Fox asumió la Presidencia de la República en el 2000 a la fecha, la OIT ha recibido 29 quejas por violaciones a los convenios internacionales por parte del gobierno mexicano; diez de ellas corresponden a la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
De nuestra parte, plantearemos nuevamente ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT nuestra queja porque sabemos que nos asisten el derecho y la razón, y seguiremos luchando porque en nuestro país se retorne al Estado de derecho que tanto anhelamos millones de mexicanos.
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