Defensa perruna a televisoras
Revista Siempre!
Por Martín Esparza Flores
/
Martín Esparza Flores
Una vez más los cancerberos del duopolio televisivo en el Senado, con Javier Lozano Alarcón a la cabeza, recurrieron a las malas artes
legislativas para librar a Televisa y TV Azteca de una multa de
alrededor de 400 millones de pesos que deberían sufragar por haberse
negado a invertir en la digitalización de sus 500 estaciones de baja
potencia en el país, retrasando por un año el apagón analógico que
amenazaba, además, con cancelarles a las empresas privadas un importante
número de concesiones.
Ante el inminente apagón analógico, el panista Roberto Gil Zuarth intentó, junto con Lozano, aplicar de forma unilateral un madruguete
en el interior de la Cámara alta a través de una iniciativa para
reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como
la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, sin
tomar parecer a otras comisiones relacionadas con el tema, como la
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. La urgencia de los
subordinados a las poderosas televisoras llegó al extremo de no haber
consultado a sus propios compañeros de partido para la presentación del
proyecto de reforma.
Desde la discusión de la reforma en
telecomunicaciones efectuada en 2014, diversos actores parlamentarios
cuestionaron la parcialidad con que Lozano Alarcón actuaba en su papel
de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes a favor de
los intereses de Televisa y TV Azteca y en contra Telmex, del empresario
Carlos Slim.
Sumido en el fango de un indudable
conflicto de intereses, Lozano vuelve a torcer las leyes en beneficio de
los millonarios consorcios como antaño lo hizo en su papel de
presidente de la Cofetel, cuando aprovechó el cargo no únicamente para
hacer favores al duopolio y beneficiar a firmas como Telefónica,
propiedad del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, su exjefe y
amigo, sino además aprovechar este tráfico de influencias para vender
servicios de asesoría a través de su consultora Javier Lozano y
Asociados, a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, su cliente al que
por dos ocasiones consecutivas le autorizó prórrogas para su empresa
Unefon.
Siendo secretario del Trabajo en el
sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano maniobró para que la fibra
óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se adjudicara a
Televisa y sus filiales Megable y Telefónica. Según lo constató la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), la concesión otorgada en tan
desventajosas condiciones para el gobierno federal representó una
pérdida para el erario de 4 mil 448 millones de pesos.
Ahora, ha defendido con amenazantes
dentelladas a sus verdaderos jefes superiores, auxiliado por el también
panista Rodolfo Gil, librándolos de una multa de 400 millones de pesos y
concediéndoles una prórroga por un año más para ejecutar el apagón
analógico, argumentado con el peor de los descaros la defensa de los que
menos tienen: esa clase trabajadora a la que agredió en sus derechos
laborales, apoyado por funcionarios de dudosa ética como el ex
subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro Estrada, a quien ahora busca
apoyar para ministro de la Suprema Corte.
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