Odebrecht, perseguida en Brasil, consentida en México
5 de diciembre de 2015
Destacado
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| Pobladores
de municipios cercanos a la cuenca del Río Pescados, en Veracruz,
protestan por el proyecto de hidroeléctrica, que el consorcio
trasnacional Odebrecht pretende construir en la zona. Foto: Yerania Rolón |
El
gigantesco consorcio brasileño Odebrecht ha actuado “como un cártel” en
su país de origen y en otros de América y Europa. México no es la
excepción, pero aquí el gobierno federal –al contrario que en otras
latitudes– no sólo la consiente con contratos multimillonarios sino que
le ofrece la posibilidad de realizar negocios con toda opacidad y una
trinchera desde la cual hacerse fuerte mientras enfrenta investigaciones
en otros sitios. Y las baterías del emporio sudamericano están
enfocadas en Pemex.
MÉXICO, DF
(Proceso).- Marcelo Odebrecht, heredero de una de las trasnacionales de
la energía y la construcción más grandes de América Latina, está preso.
Enfrenta en Brasil una serie de procesos por el presunto pago de
sobornos para obtener contratos, algo que ya motivó la apertura de
investigaciones en otros seis países. No es el caso de México, donde su
empresa se consolida en el sector energético con opacidad y gracias a
grandes beneficios concedidos por el gobierno.
Con
presencia en el país desde 2005, cuando se le asignó la reconfiguración
de una refinería, el despegue de la empresa en México se inició en 2011.
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) subastó el proyecto denominado
Etileno XXI, en Nanchital, municipio colindante con Coatzacoalcos, en
Veracruz, para que construyera y operara un megadesarrollo petroquímico a
través de la subsidiaria Braskem, en sociedad con la mexicana Idesa.
Previsto
para inaugurarse este mes, Etileno XXI ha sido publicitado como la
mayor obra en su tipo de América Latina. Su proveedor será PGPB, que le
suministrará gas etano para la producción de etileno, polietileno,
polipropileno y otros derivados, con precios y contraprestaciones que
permanecen ocultos.
El proyecto de Nanchital no es el
único en el que Odebrecht participa. Otra obra opaca, considerada la
inversión más grande del sector energético mexicano en décadas, es el
gasoducto Los Ramones, que para la construcción de su segunda fase,
contrató a la mencionada empresa brasileña, en asociación con la
mexicana Arendal y la argentina Techint. Ninguna plataforma de
transparencia tiene registro sobre el contrato. Sólo por comunicados se
sabe que la obra –de 450 kilómetros de longitud– fue asignada por 935
millones de dólares (15 mil 573 millones de pesos).
Meses
antes de conseguir dicha asignación, Marcelo Odebrecht visitó México y
fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos. El 1 de octubre de
2013, tras una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto, la
Presidencia de la República emitió un comunicado anunciando que la
gigantesca compañía sudamericana invertiría 8 mil 100 millones de
dólares (134 mil 907 millones de pesos) en el país durante los
siguientes cinco años, es decir, en el resto de la administración
peñanietista.
A mediados de 2014, el escándalo de los
sobornos golpeó la imagen del consorcio y llevó a procesos judiciales
tanto a la empresa como a su dueño, en Brasil, mientras que los
gobiernos de Perú, Ecuador, Panamá, Portugal, Italia y Suiza abrieron
investigaciones y auditorías sobre sus contratos, luego de que el
magnate Odebrecht fuera detenido y encarcelado el pasado 19 de junio.
Fue
justo el periodo del escándalo y la prisión, durante el cual la firma
brasileña incrementó sus contratos en México hasta superar los 35 mil
millones de pesos sin que ninguna instancia haya transparentado al menos
los datos relativos a sus contratos en el sector petrolero.
Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2040, ya en circulación
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