Desmantelamiento IMSS-ISSSTE: en riesgo pensiones y seguridad social
/Primera parte
La
Convención Nacional por los Derechos a la Salud, Pensiones y
Jubilaciones, Seguridad Social, Trabajo y demás Derechos Sociales, que
se llevó a cabo hace unos días en el auditorio del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), representa un parteaguas histórico en la lucha que
están emprendiendo miles y miles de jubilados y pensionados del país
ante el inminente riesgo de perder los ahorros de toda una vida que
debían garantizarles una vejez digna.
Es de vital importancia saber que está surgiendo un gran frente nacional que empezará a exigir al Estado poner en la mesa
de los grandes problemas nacionales el tema del incierto futuro que
espera a millones de mexicanos de la tercera edad, debido en gran medida
al manejo irresponsable que los tecnócratas neoliberales han hecho de
sus fondos para el retiro, que lo mismo han servido para financiar el
creciente déficit presupuestal del gobierno federal que las “deudas
corporativas” de las grandes empresas del país.
Los mismos organismos internacionales están advirtiendo del riesgo que implica la bomba de tiempo
en que se ha convertido el pago de pensiones a las finanzas públicas,
sobre todo porque al ceder el manejo de los ahorros de millones de
trabajadores tanto del apartado “A” como ahora del “B”, el Estado otorga
a los bancos la libertad de transformar su antes sentido social al de
un carácter privado de riesgo mediante cuentas individuales.
Esta imprudente cesión de los millonarios recursos para las pensiones tiene postrado,
y en un callejón sin salida, al Estado mexicano, que como ya es
costumbre, busca indexar a la pobreza de la clase trabajadora ahora más
miseria. Lo analizado por organizaciones de jubilados y pensionados del
país en la pasada Convención Nacional, que en una primera etapa
representaron directamente a más de 200 mil personas, dejó en claro que
la situación a que se ha llegado es producto también del dócil
acatamiento de los gobiernos neoliberales a los lineamientos impuestos
por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en fecha
reciente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). No se ha actuado, en este sentido, en la defensa de
los intereses de la clase trabajadora, sino en función de acrecentar las
ganancias de la banca privada. En el mediano plazo los costos sociales
pueden ser muy altos.
Los directamente afectados piden, con la ley y la razón en la mano,
que no únicamente los funcionarios de primer nivel, sino también los
legisladores federales, expliquen a la nación entera quiénes son los
directamente responsables de poner en riesgo el derecho a un retiro
tranquilo y honorable, pues resulta inaceptable que además de cobrar
altas comisiones por el manejo de cuentas, los bancos jueguen en un volado el dinero, y la vida misma de millones de trabajadores.
Las
reformas impuestas por los gobiernos neoliberales a los sistemas de
pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) han implicado demagógicos discursos en el sentido de que
son necesarias para mejorar la atención médica y garantizar pensiones
decorosas. De hecho, desde hace 20 años que iniciaron su operación las
administradoras de fondos para el retiro (Afore) los resultados no
fueron los esperados, y la atención en los nosocomios tanto del IMSS
como del ISSSTE raya en un encubierto genocidio.
Tanto
en las consultas externas como en urgencias, el servicio está saturado;
las camas de los hospitales no son suficientes para atender a una
población que empeora día a día en el nivel de su salud, pese a ser un
derecho constitucional, sobre todo porque además de no obtener los
medicamentos suficientes y de calidad, los exámenes y estudios tardan
incluso meses en realizarse, sin mencionar el tiempo de espera para
acceder a una operación.
Ejemplo de
la mortal ineficiencia es el creciente número de mujeres que año con año
mueren a consecuencia de cáncer cervicouterino o de mama; de forma
perversa, el gobierno satura los medios de comunicación con campañas de
prevención y atención temprana de estas modalidades de cáncer, pero
sucede que cuando una mujer es dictaminada con el mal, el tiempo para
iniciar su atención y tratamiento es muy tardado, lo que contribuye a
que su problema de salud se agudice rápidamente.
Resulta
ilógico que una persona deba esperar hasta 5 meses o más en acceder a
sus análisis y estudios de laboratorio. Se dan casos en los que cuando
una paciente empieza a ser atendida es porque ya presenta un cuadro de
metástasis. Todo esto a consecuencia del gradual desmantelamiento que
experimenta el sistema de salud del país desde hace más de 1 década, y
que, junto con el desmembramiento del sistema de pensiones, han
terminado por deteriorar la calidad en el servicio, poniendo en riesgo
la vida misma de los derechohabientes.
Es
necesario que quienes deberán enfrentar su vejez en condiciones de
auténtica supervivencia, se enteren del porqué ante la premura de las
urgencias financieras del Estado se han esfumado sus fondos para el
ahorro, y con estos su patrimonio labrado en años de trabajo. El tamaño
del conflicto social que se avecina es de proporciones mayúsculas si se
considera que actualmente hay, de acuerdo con la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro, 52 millones de cuentas individuales,
por lo que se estima que en la próxima década muchos de estos
trabajadores se sumarán a la población de la tercera edad y se darán
cuenta que sencillamente fueron esquilmados por las Afores, con el
consentimiento de las propias autoridades.
Es
innegable que los fondos de las pensiones para la jubilación de los
trabajadores financian hoy en día 4 de cada 10 pesos de la deuda que los
principales corporativos del país tienen colocada en el mercado
bursátil; es decir, que hasta el primer trimestre de 2015 las Afore
tenían como cartera de inversión en “deuda corporativa” unos 386 mil 200
millones de pesos, sin tomarse la molestia de preguntar a los
trabajadores sobre su anuencia o no de financiar con sus ahorros a sus
patrones.
De acuerdo con estimaciones
de la Auditoría Superior de la Federación, el adeudo global en
pensiones que presenta el gobierno mexicano asciende a la estratosférica
suma de 9 billones 167 mil 903 millones de pesos, lo que equivale al 69
por ciento del producto interno bruto. Y el escenario se torna más
dramático para las quebradas finanzas públicas si se considera que el
gobierno le debe a las Afores, o mejor dicho, al ahorro de los
trabajadores, 1 billón 300 mil millones de pesos.
Es
por ello que el panorama en este rubro es realmente preocupante, por lo
que los acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional de Jubilados y
Pensionados deberán ser la punta de lanza para iniciar un gran
movimiento nacional que llame a cuentas a los directamente responsables
de haber esfumado estos billonarios recursos, hurtados aparentemente de
manera legal, a millones de trabajadores cuya vejez digna y tranquila
está en riesgo.
Martín Esparza Flores*/Primera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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