México: Políticas públicas para solucionar la pobreza
miércoles 3 de agosto de 2011
Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el informe 2010 sobre la situación de pobreza en que se encuentra el país; su medición tiene como objetivo central diseñar políticas públicas para resolver este problema.
Se consideran indicadores de ingreso, vivienda, servicios básicos, acceso a la educación, seguridad social, acceso a la salud y cohesión social (índice de Gini).
De acuerdo con este informe, el número de población en condiciones de pobreza pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52.0 millones para 2010, significa una variación de 6.5 puntos porcentuales; mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones, la población urbana reporta más pobreza.
Los dos renglones más afectados son: el acceso a la alimentación y la disminución del nivel de ingresos, o la pobreza por ingresos expresada en el sustancial crecimiento de la población vulnerable por ingresos.
Ambos guardan una estrecha relación con las condiciones de pobreza que experimentan las mujeres y son caldo de cultivo para la violencia social. En Chihuahua el número de personas vulnerables por ingreso en 2008 era de 234.6 y creció a 431.2 (miles), una variación muy alta, de 83.8 por ciento, casi el doble; también ahí las cifras de desempleo femenino son altas.
Con carencias por acceso a la alimentación hay 28 millones de personas, implica un incremento de 17.6 por ciento respecto a 2008; este indicador creció en 24 entidades del país. La situación más crítica está en Guerrero, Tabasco y el Estado de México.
Esto explica que durante el bienio y según la propia Coneval, el crecimiento más significativo se registró en la llamada “pobreza de patrimonio”, definida como la insuficiencia de ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
Para 2010 el número de población en el país en esta condición es de 57.7 millones de personas, cifra que representa un crecimiento de 10.3 por ciento respecto a 2008, se incrementó en 5.4 millones el número de personas con pobreza de patrimonio.
Por tanto, se requiere de políticas públicas que permitan incrementar el patrimonio, más y mejores ingresos; como prioridad dentro de esas nuevas políticas públicas está la política económica.
En la medida en que las mujeres tengan suficientes ingresos para educación, salud, vivienda y alimentación, entre otras cosas, ejercerán una menor presión en los programas destinados a enfrentar la pobreza como Oportunidades.
Actualmente existen 32 programas destinados a la “superación de la pobreza” con una asignación de 291.9 millones de pesos y son insuficientes; en contraparte se destinan muy pocos recursos a la generación de riqueza o inversión productiva.
El argumento es que ésa debe ser tarea del sector privado. Hay un Estado ausente en la rectoría económica y en la debida salvaguarda de una sociedad lastimada por la pobreza y la violencia social.
Según el diccionario la “cohesión social” es el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común; y justamente eso es lo que hoy –más que nunca– está en tela de juicio con el proyecto de nación.
Para Coneval esa cohesión social es el Índice de Gini, según este organismo no registró un crecimiento sustantivo; este índice mide la desigualdad social, pero lo cierto es que para las mujeres este indicador es lo suficientemente representativo (0.510) para dudar ampliamente del consenso que hay en torno a los resultados de las actuales políticas públicas.
Carmen R. Ponce Meléndez es economista especializada en temas de género.
Fuente
Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el informe 2010 sobre la situación de pobreza en que se encuentra el país; su medición tiene como objetivo central diseñar políticas públicas para resolver este problema.
Se consideran indicadores de ingreso, vivienda, servicios básicos, acceso a la educación, seguridad social, acceso a la salud y cohesión social (índice de Gini).
De acuerdo con este informe, el número de población en condiciones de pobreza pasó de 48.8 millones de personas en 2008 a 52.0 millones para 2010, significa una variación de 6.5 puntos porcentuales; mientras que la población en pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones, la población urbana reporta más pobreza.
Los dos renglones más afectados son: el acceso a la alimentación y la disminución del nivel de ingresos, o la pobreza por ingresos expresada en el sustancial crecimiento de la población vulnerable por ingresos.
Ambos guardan una estrecha relación con las condiciones de pobreza que experimentan las mujeres y son caldo de cultivo para la violencia social. En Chihuahua el número de personas vulnerables por ingreso en 2008 era de 234.6 y creció a 431.2 (miles), una variación muy alta, de 83.8 por ciento, casi el doble; también ahí las cifras de desempleo femenino son altas.
Con carencias por acceso a la alimentación hay 28 millones de personas, implica un incremento de 17.6 por ciento respecto a 2008; este indicador creció en 24 entidades del país. La situación más crítica está en Guerrero, Tabasco y el Estado de México.
Esto explica que durante el bienio y según la propia Coneval, el crecimiento más significativo se registró en la llamada “pobreza de patrimonio”, definida como la insuficiencia de ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación.
Para 2010 el número de población en el país en esta condición es de 57.7 millones de personas, cifra que representa un crecimiento de 10.3 por ciento respecto a 2008, se incrementó en 5.4 millones el número de personas con pobreza de patrimonio.
Por tanto, se requiere de políticas públicas que permitan incrementar el patrimonio, más y mejores ingresos; como prioridad dentro de esas nuevas políticas públicas está la política económica.
En la medida en que las mujeres tengan suficientes ingresos para educación, salud, vivienda y alimentación, entre otras cosas, ejercerán una menor presión en los programas destinados a enfrentar la pobreza como Oportunidades.
Actualmente existen 32 programas destinados a la “superación de la pobreza” con una asignación de 291.9 millones de pesos y son insuficientes; en contraparte se destinan muy pocos recursos a la generación de riqueza o inversión productiva.
El argumento es que ésa debe ser tarea del sector privado. Hay un Estado ausente en la rectoría económica y en la debida salvaguarda de una sociedad lastimada por la pobreza y la violencia social.
Según el diccionario la “cohesión social” es el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común; y justamente eso es lo que hoy –más que nunca– está en tela de juicio con el proyecto de nación.
Para Coneval esa cohesión social es el Índice de Gini, según este organismo no registró un crecimiento sustantivo; este índice mide la desigualdad social, pero lo cierto es que para las mujeres este indicador es lo suficientemente representativo (0.510) para dudar ampliamente del consenso que hay en torno a los resultados de las actuales políticas públicas.
Carmen R. Ponce Meléndez es economista especializada en temas de género.
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