Crisis en Chile, advertencia a México para mejorar sistema de pensiones

El Economista

En las últimas semanas, el país andino se ha vuelto el centro de atención ante las intensas protestas que iniciaron por un aumento en los precios del transporte público.

Elizabeth Albarrán 23 de octubre de 2019, 23:56

El descontento social que se vive en Chile debe ser un llamado de atención para México, en el sentido de que ya no debe dejar pasar más tiempo para hacer su reforma en pensiones y que se hagan cambios estructurales en el sistema de capitalización, bajo el cual se rigen las afores y que no garantizan una vida digna durante la vejez de los mexicanos, coincidieron expertos.
“La experiencia chilena nos permite ver a México con una expectativa de mejora para el debate sobre la orientación del sistema de pensiones (...) Este debate debe cuidar que no se polaricen posiciones, sino que se ganen consensos para una reforma que ayude en el futuro, no sólo al sistema, sino también a la situación económica del país”, expuso Gustavo Leal, experto en pensiones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En las últimas semanas, Chile se ha vuelto el centro de atención ante las intensas protestas que iniciaron por un aumento en los precios del transporte público; a estas manifestaciones se aunaron otras inconformidades, como los reclamos de las bajas pensiones que dan las administradoras de fondos de pensiones (AFP), los bajos salarios y la desigualdad que existe en el país andino.
Para calmar las tensiones sociales, el presidente chileno, Sebastián Piñera, decidió cancelar el aumento en los precios del metro y anunció una serie de medidas en materia de seguridad social que incluye aumentar en 20% la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario.
Bajo este panorama, México debe tener claro que no puede perder más tiempo para corregir estructuralmente el Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, el esquema de capitalización de las afores, comentó el académico de la UAM.
“Hay un cansancio generalizado por la ausencia de beneficios”.
Berenice Ramírez, experta en pensiones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la situación en Chile refleja un cansancio generalizado y un sentimiento grande por la ausencia de beneficios vinculados a la salud y pensiones, así como los salarios bajos, situación que no está muy alejada de la realidad mexicana.
“Se debe hacer una revisión de este modelo de capitalización individual desde un contexto de mercado laboral con alta movilidad en la informalidad y bajos salarios. Tanto en México como en Chile se requiere hacer una reconstrucción general de un modelo de bienestar”, comentó la especialista de la UNAM.
Mencionó que los cambios de reducir las comisiones que cobran las afores y mejorar el régimen de inversión no van a traer resultados significativos, mientras no se corrijan los problemas de origen que tiene el modelo de capitalización. “El problema de este sistema es que todo sigue dependiendo de que la gente esté dentro del sector formal y tenga un salario estable”.
Carlos Lozano, director general de Nathal Actuarios y Consultores, recordó que entre el 2021 y el 2022 se tendrá una generación de personas que no se podrán pensionar o si lo hacen tendrán una pensión muy baja, que represente menos de 30% de su último salario.
“Lo que pasa en Chile es una demostración de que la sociedad se puede cansar y que no siempre se reacciona de la mejor manera. México debería tener en el radar que ese tipo de reacciones se puede dar porque el sistema mexicano es muy similar al chileno. Se debe plantear qué se hará en la siguiente década cuando se empiecen a retirar las personas y tengan una pensión raquítica”.
A su parecer, aplazar la reforma de pensiones hasta el tercer año de gobierno no es adecuado, “el que no se esté haciendo ahora implica que se tomen decisiones de emergencia. Olvidémonos de otros modelos como el chileno o el sueco, hagamos lo que más le conviene a México”.

Grupo de expertos debe estar despolitizado

Los expertos en pensiones coincidieron en que el grupo de trabajo que se cree para realizar una propuesta de reforma de pensiones debe estar despolitizado y debe priorizar los intereses de los trabajadores, después los del gobierno y al final el de las afores.
Para Gustavo Leal, sería bueno que el grupo de trabajo fuera más como la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones que se hizo en Chile, es decir, que la relación de este grupo sea directa con el presidente y no a través de la Secretaría de Hacienda.
A su parecer, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la SHCP, no debería formar parte de este grupo de trabajo, pues considera que puede existir un conflicto de interés por el hecho de haber sido presidente de la Asociación Mexicana de Afores durante el sexenio pasado.
Una vez que se aprueben los cambios en la Ley del SAR, que regresó a la Cámara de Diputados, la SHCP convocará a un grupo de trabajo que esté conformado por expertos en seguridad social, pensiones y finanzas públicas para que evalúen el sistema de pensiones y pueden realizar una propuesta de reforma para el país.

A pensiones, 41.6% de los recursos

Paquete de medidas chilenas costará al erario 1,200 millones de dólares

El paquete de medidas anunciadas por el presidente chileno, Sebastián Piñera, —para calmar el descontento social— tendrá para el erario un costo de 1,200 millones de dólares, indicó Felipe Larraín, ministro de Hacienda del país andino.
“Estos recursos están pensados para estar disponibles durante el 2020, por lo que nuestra estimación total para el próximo año es de alrededor de 1,200 millones de dólares; éste es el costo del paquete a lo cual habría que deducirle la recaudación que se va a producir”, dijo a la cadena CNN en Chile.
De este total, 41.6% se destinará a lo que se propuso en materia de pensiones por 500 millones de dólares, indicó el funcionario.
Entre las medidas anunciadas el martes pasado por el presidente chileno, está el aumento de 20%, inmediato, de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario.
Además, se realizarán aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro provisional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación.
Estas medidas se dan en medio de las protestas en contra del sistema de las administradoras de fondos de pensiones, que lleva más de tres décadas en el país y las cuales brindan una pensión baja a los trabajadores chilenos.
El paquete de medidas también incluye recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes, es decir, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas.
En materia de salud, el presidente chileno pidió que se aprobara de manera urgente un proyecto de ley que se envió al Congreso, donde se propone crear el seguro de enfermedades catastróficas y, por otra parte, crear un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias, no cubierto por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto.
Otra medida que se anunció es un ingreso mínimo garantizado de 350,000 pesos (chilenos) mensuales para todos los trabajadores con jornada completa.
Este beneficio se aplicará en forma proporcional a los menores de 18 y mayores de 65 años. (Redacción)

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