Los peligros de una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
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El
pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo
parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó
una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cabe
señalar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de
1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y reformada por última
ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña
Nieto.
Según el artículo 1 de la Ley Federal de
Variedades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases y
procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de
variedades vegetales”, otorgando a la hoy Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader) atribuciones como “fomentar y promover las
actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor”,
“difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales
protegidas”, y “actuar como árbitro en la resolución de controversias
relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación a los
derechos de los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3.
En la iniciativa de reforma del diputado
Eraclio Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar y registrar
nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de
“fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la
piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los
agricultores causados por estos efectos”.
Aunque uno de los argumentos presentados
en esta iniciativa es favorecer la productividad del campo mexicano, lo
cual reduciría la importación de alimentos y la dependencia alimentaria
de nuestro país, la productividad de la que se habla en ella no
contempla la participación de las comunidades productoras de pequeña y
mediana escala ni el apoyo a formas tradicionales de producción
agrícola, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la
producción total en el país; por el contrario, únicamente beneficiaría a
grandes productores –principalmente transnacionales– que producen
industrialmente y con base en el monocultivo, permitiéndoles registrar
variedades de semillas nativas como propiedad privada.
En efecto, con la aprobación de esta
iniciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar y monopolizar las
semillas nativas y variedades vegetales que ya se producen en México –y
que son el sustento de dichas comunidades productoras y campesinas–, y
de que nuestro país se ciña a las disposiciones en materia de propiedad
intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá (Tmec), ratificado ya por el primero, por lo que con esta
iniciativa se adoptarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión
Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales).
El Acta UPOV 91, en términos generales,
permite que variedades de semillas nativas sean patentadas y por lo
tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y
productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de
manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir
semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se
contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos
con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas
patentes. De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual
sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la
puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se
criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o
autorización.
Por lo tanto, es claro advertir por lo
menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio
peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales
podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con
procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas,
practicados por comunidades campesinas.
La iniciativa de reforma de la Ley
Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo
en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que,
por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en
comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de
pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de
maíz nativo.
Por tales motivos, desde la sociedad
civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia
política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio
Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las
variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades
campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y
fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por
ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6
años ha evitado que el maíz transgénico ingrese a nuestro país, y la
Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo
modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos
para alcanzar la soberanía alimentaria.
Ahora que la Comisión de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la
iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su
aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas
transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza
abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas
entre campesinas y campesinos.
Finalmente, si bien es cierto que
reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han
realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el
proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del
Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación
de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo
cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para
reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y
alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también
atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y
campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad
y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
de las mexicanas y los mexicanos.
Víctor Manuel Chima Ortíz/Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC[OPINIÓN][ARTÍCULO][SEMANA]
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