Suprema Corte impulsa nuevos derechos para los trabajadores
El Economista
La SCJN ha ampliado en los últimos meses el reconocimiento de las garantías de los trabajadores, obligando al Congreso a reformar la ley y a mejorar el catálogo de derechos laborales.
Seguridad social para trabajadoras del hogar, parejas del mismo sexo con derecho a pensión, despidos por embarazo invalidados, todos estos casos tienen en común garantías laborales que la ley no reconocía hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo ordenó.
Por décadas, la legislación laboral no había atendido los nuevos estilos de vida, señala en entrevista Verónica Curiel Sandoval, coordinadora del bufete jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien agrega que, a medida que han cambiado los modos de producción y la dinámica de la sociedad, han surgido diferentes necesidades para los trabajadores.
Los usos y costumbres “son los principios generadores del derecho”. Si bien cada vez se está aprendiendo más a respetar las diferentes formas de vivir, ello requiere de nuevas reglas. O cambiar las existentes para incluir a quienes antes estaban relegados, reflexiona.
La función de la Corte es interpretar las normas, en este caso laborales, y asegurarse de que éstas respetan la Constitución, explica en entrevista el abogado Oscar de la Vega. Pero para que realicen esa tarea, sus integrantes deben ser “totalmente independientes y apolíticos”, apunta el socio fundador de la firma De la Vega & Martínez.
“Será interesante”, considera, cómo se pronunciarán sobre la ley de la “puerta giratoria”. Esa reforma impide que los funcionarios que dejan el servicio público puedan trabajar por 10 años en el mismo sector que supervisaron.
Si en otros casos los ministros han defendido el derecho al empleo que establece el artículo 5º Constitucional, a De la Vega la causa curiosidad saber cuál será su postura sobre este caso. De entrada, para él existe una “flagrante violación a la libertad de trabajo. Los términos son excesivos, 10 años sin ninguna retribución es demasiado”.
Es decir, eran trabajadoras reconocidas por la ley, pero no con normas acorde a su actividad y a los derechos de cualquier otro empleado. Tras siglos de trabajo, y luego de décadas de lucha organizada, dichas mujeres consiguieron que la Corte reconociera en diciembre pasado que no había razón por la cual estuvieran fuera del sistema de seguridad social y obligó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a implementar un programa piloto para afiliarlas y al Congreso, a reconocer sus derechos laborales.
Verónica Curiel dice que a veces la SCJN influye en la legislación. “La Corte, con criterios más avanzados, porque debe atender controversias entre diferentes órganos, tiene a veces una visión más amplia”.
Manuel Baldenebro Arredondo, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, discrepa de lo anterior. “Lo que pasa al interior del Congreso es que para cambiar las leyes debemos tomar en cuenta los impactos financieros. No sólo es cambiar la Ley del Trabajo y ya”.
Los legisladores deben analizar si hay presupuesto para implementar la ley, “para que no sea sólo letra muerta”. Además, antes de hacer cualquier cambio, se debe escuchar a los diferentes grupos que tienen que ver con la reforma, comenta.
Ésa no es la función de la Corte, ni mucho menos, recalca. “La justicia debe ser ciega y eso está perfecto. A los ministros no les debe importar si hay o no dinero para implementar esa ley”. A final de cuentas, tampoco es un problema del Legislativo, expresa.
“Lo que les decimos al gobierno, que es el peor empleador, y a las empresas, es que no salgan con que los trabajadores no tienen derechos. Esos ya los tienen, en el caso de las jubilaciones, si no hay dinero ahora, pues denle una solución como pagarla en un plazo, busquen la forma. Pero no se puede decir que no tiene el derecho”.
De acuerdo con el diputado federal, 60% de los conflictos en las juntas de Conciliación y Arbitraje tienen que ver con los diferentes niveles de gobierno. “Los trabajadores reclaman sus derechos, se los niegan, gastan en abogados, sobrecargan de más casos a las juntas, el asunto llega a la Corte. Y al final los ministros se manifiestan a favor de ellos”.
El abogado, especialista en derecho laboral, señala que adecuar las normas existentes a unas sin estereotipos es una tarea que debe recaer en el Poder Legislativo. El artículo 130 de la Ley del Seguro Social indica que sólo tienen derecho a la pensión por viudez las parejas integradas por hombre y mujer.
En enero de este año, la Corte consideró inconstitucional esa regla, pues discrimina a las parejas del mismo sexo. “El Congreso es quien debería ir acorde con el rumbo de la sociedad, porque son los representantes de los ciudadanos”, insiste De la Vega.
Más bien la Corte debe proteger los derechos constitucionales, dice. Si se pretende una mayor protección a los trabajadores, ésa debe venir de las leyes, porque son de aplicación general. “Mientras que las resoluciones en principio son al caso concreto, aun cuando puedan generar jurisprudencia”, concluye.
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La SCJN ha ampliado en los últimos meses el reconocimiento de las garantías de los trabajadores, obligando al Congreso a reformar la ley y a mejorar el catálogo de derechos laborales.
Escrito por:
Blanca Juárez
Seguridad social para trabajadoras del hogar, parejas del mismo sexo con derecho a pensión, despidos por embarazo invalidados, todos estos casos tienen en común garantías laborales que la ley no reconocía hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo ordenó.
Por décadas, la legislación laboral no había atendido los nuevos estilos de vida, señala en entrevista Verónica Curiel Sandoval, coordinadora del bufete jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien agrega que, a medida que han cambiado los modos de producción y la dinámica de la sociedad, han surgido diferentes necesidades para los trabajadores.
Los usos y costumbres “son los principios generadores del derecho”. Si bien cada vez se está aprendiendo más a respetar las diferentes formas de vivir, ello requiere de nuevas reglas. O cambiar las existentes para incluir a quienes antes estaban relegados, reflexiona.
La función de la Corte es interpretar las normas, en este caso laborales, y asegurarse de que éstas respetan la Constitución, explica en entrevista el abogado Oscar de la Vega. Pero para que realicen esa tarea, sus integrantes deben ser “totalmente independientes y apolíticos”, apunta el socio fundador de la firma De la Vega & Martínez.
“Será interesante”, considera, cómo se pronunciarán sobre la ley de la “puerta giratoria”. Esa reforma impide que los funcionarios que dejan el servicio público puedan trabajar por 10 años en el mismo sector que supervisaron.
Si en otros casos los ministros han defendido el derecho al empleo que establece el artículo 5º Constitucional, a De la Vega la causa curiosidad saber cuál será su postura sobre este caso. De entrada, para él existe una “flagrante violación a la libertad de trabajo. Los términos son excesivos, 10 años sin ninguna retribución es demasiado”.
¿Legisla la Corte?
Uno de los trabajos que antes resultaban invisibles y ahora, poco a poco, está dejando de serlo, es el del hogar, comenta Verónica Curiel. “En su momento, la ley laboral no los contempló. Luego los incluyó, pero de manera superficial”.Es decir, eran trabajadoras reconocidas por la ley, pero no con normas acorde a su actividad y a los derechos de cualquier otro empleado. Tras siglos de trabajo, y luego de décadas de lucha organizada, dichas mujeres consiguieron que la Corte reconociera en diciembre pasado que no había razón por la cual estuvieran fuera del sistema de seguridad social y obligó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a implementar un programa piloto para afiliarlas y al Congreso, a reconocer sus derechos laborales.
Verónica Curiel dice que a veces la SCJN influye en la legislación. “La Corte, con criterios más avanzados, porque debe atender controversias entre diferentes órganos, tiene a veces una visión más amplia”.
Manuel Baldenebro Arredondo, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, discrepa de lo anterior. “Lo que pasa al interior del Congreso es que para cambiar las leyes debemos tomar en cuenta los impactos financieros. No sólo es cambiar la Ley del Trabajo y ya”.
Los legisladores deben analizar si hay presupuesto para implementar la ley, “para que no sea sólo letra muerta”. Además, antes de hacer cualquier cambio, se debe escuchar a los diferentes grupos que tienen que ver con la reforma, comenta.
Ésa no es la función de la Corte, ni mucho menos, recalca. “La justicia debe ser ciega y eso está perfecto. A los ministros no les debe importar si hay o no dinero para implementar esa ley”. A final de cuentas, tampoco es un problema del Legislativo, expresa.
“Lo que les decimos al gobierno, que es el peor empleador, y a las empresas, es que no salgan con que los trabajadores no tienen derechos. Esos ya los tienen, en el caso de las jubilaciones, si no hay dinero ahora, pues denle una solución como pagarla en un plazo, busquen la forma. Pero no se puede decir que no tiene el derecho”.
De acuerdo con el diputado federal, 60% de los conflictos en las juntas de Conciliación y Arbitraje tienen que ver con los diferentes niveles de gobierno. “Los trabajadores reclaman sus derechos, se los niegan, gastan en abogados, sobrecargan de más casos a las juntas, el asunto llega a la Corte. Y al final los ministros se manifiestan a favor de ellos”.
Justicia sin estereotipos
Oscar de la Vega coincide: lo económico no debe ser un parámetro en la Corte, “sino la interpretación de la norma jurídica. Ése es el balance que debe haber, aun cuando genere consecuencias económicas. Debe impartir justicia sin partido”.El abogado, especialista en derecho laboral, señala que adecuar las normas existentes a unas sin estereotipos es una tarea que debe recaer en el Poder Legislativo. El artículo 130 de la Ley del Seguro Social indica que sólo tienen derecho a la pensión por viudez las parejas integradas por hombre y mujer.
En enero de este año, la Corte consideró inconstitucional esa regla, pues discrimina a las parejas del mismo sexo. “El Congreso es quien debería ir acorde con el rumbo de la sociedad, porque son los representantes de los ciudadanos”, insiste De la Vega.
Más bien la Corte debe proteger los derechos constitucionales, dice. Si se pretende una mayor protección a los trabajadores, ésa debe venir de las leyes, porque son de aplicación general. “Mientras que las resoluciones en principio son al caso concreto, aun cuando puedan generar jurisprudencia”, concluye.
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