Ayotzinapa: hacia la verdad
Las implicaciones de la localización de este fragmento de verdad son, ante todo, dolorosas. Para la familia de Christian es la triste constatación, imposible de asimilar en los tiempos que en ocasiones demanda la opinión pública, de que el desenlace de la desaparición de su hijo fue cruento. Para el resto de las familias es la materialización de que el paradero de sus hijos pudo ser parecido, por lo que la noticia es fuente también de un sufrimiento indescriptible. No estamos ante informaciones abstractas sino ante evidencia que tiene que ver con vidas queridas, anheladas, extrañadas.
Pero como los propios familiares afirmaron en su reunión ante el presidente de la República, su lucha ha sido siempre por la verdad, “aunque duela”. Desde esa perspectiva, el hallazgo y la identificación de este pequeño fragmento de hueso abre una puerta de esperanza para determinar, ahora sí con certeza, el paradero de todos los estudiantes y esclarecer lo ocurrido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Se ha querido minimizar este hallazgo presentando como escasa la distancia entre el sitio donde se encontró el fragmento y el que la versión oficial presentó como paradero final de los jóvenes. Pero enfocar así el análisis sólo evidencia la pretensión de seguir defendiendo a toda costa y contra toda evidencia una versión que ha sido señalada en sus deficiencias por prácticamente todas las instancias, nacionales e internacionales, que la han auditado con seriedad.
Lo cierto es que hallar el resto de un normalista en un lugar diverso, a la distancia que sea, confirma que la PGR mintió cuando para cerrar el caso precipitadamente ubicó ese lugar como paradero de todos los normalistas, preparando legalmente el camino para el llamado a “dar la vuelta a la página” que se efectuó en noviembre de 2014 desde la Presidencia de la República.
En segundo lugar, es necesario ponderar las nuevas acusaciones. En las últimas semanas han sido acusados –y a veces detenidos– lo mismo presuntos integrantes de organizaciones criminales que exfuncionarios involucrados en la irregular investigación del caso.
Estas nuevas acusaciones son fundamentales, pero su propia ejecución muestra que no será sencillo llevar ante la justicia a los responsables: se ha revelado cómo, en el caso de un presunto líder de Guerreros Unidos, supuestos sobornos a integrantes del Poder Judicial de la Federación pudieron influir en las primeras determinaciones judiciales.
Se ha documentado también cómo ha logrado evadir la justicia un policía torturador que recibió cobijo en la dependencia a cargo de la seguridad de una entidad de la República. A ello habría que agregar la solicitud de asilo político de quien tuvo a su cargo la investigación mientras se construyó la versión oficial, procedimiento que también retardará la pronta rendición de cuentas.
Todas estas acciones muestran que la presentación de nuevas acusaciones y la obtención de órdenes de aprehensión son apenas pasos iniciales contra la impunidad, que para ser efectivos deben redondearse en los tribunales actuando conforme a derecho.
Las nuevas acusaciones y detenciones son fundamentales para romper los pactos de impunidad que rodean al caso. Hay que recordar que uno de los componentes esenciales de la mentira que se contó en 2014 fue que en los hechos había participado un grupo delictivo de influencia regional capaz de corromper a algunas autoridades municipales. Hoy sabemos que en ello también se mintió: la evidencia indica que esa organización criminal se benefició de una amplia red de protección con vertientes no solamente municipales, sino además estatales y federales, para realizar operaciones trasnacionales de tráfico de estupefacientes.
Las acciones legales en contra de los individuos que participaron de esta red y contra quienes, siendo parte de la misma, intervinieron con sus acciones u omisiones en la desaparición de los normalistas, aún están pendientes. El pacto de impunidad no está roto; en realidad, apenas comienza a resquebrajarse.
Se han dado a conocer videos que muestran interrogatorios que pueden encuadrarse como tortura, nuevas declaraciones que involucran a más autoridades y documentos de la Policía Federal hasta ahora desconocidos. Todos estos elementos corroboran la necesidad de agotar líneas de investigación que fueron descartadas con negligencia.
Sin embargo, la difusión pública de documentos y videos parece privilegiar el impacto inmediato en la opinión pública por encima de las acciones legales, al tiempo que perpetúa la zozobra de las familias que terminan conociendo por la prensa versiones que aluden al posible destino de sus hijos. Es fundamental que se actúe con extrema pulcritud para que también en eso esta nueva etapa se diferencie de aquélla en la se investigó precipitadamente para satisfacer un interés político.
En este mismo sentido es fundamental seguir atendiendo las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en cuanto a priorizar la prueba objetiva y técnica por encima de las declaraciones, siempre susceptibles de ser imprecisas o interesadas. Las declaraciones de individuos a cambio de incentivos son relevantes en todo sistema penal; empero siempre deben contrastarse con otras pruebas técnicas y con otros testigos.
Los tres avances reseñados muestran que se han dado pasos relevantes hacia la verdad. Es cierto que aún no sabemos a cabalidad qué ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala; pero de las muchas enseñanzas que dejan este atroz evento y sus secuelas, una de las más relevantes es que es mejor reconocer esa incertidumbre que precipitar narrativas sin sustento contundente. Los familiares han sido enfáticos al decir “no queremos otra verdad histórica”.
Finalmente hay que decir que no se ha llegado a este punto de forma gratuita. Los avances alcanzados son consecuencia de la lucha incansable de 43 familias que decidieron no conformarse con la mentira y sacudir a México por amor a sus hijos.
También ha sido determinante la participación del GIEI, del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de muchos y muchas periodistas que han realizado investigaciones valiosas.
El aporte de las organizaciones civiles que desde el primer día hemos acompañado a las familias, haciendo frente a descalificaciones e intimidaciones, también ha sido un factor relevante.
En esta última fase, además, el impulso gubernamental que a través de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia ha brindado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y desde la Unidad Especializada en la Investigación del mismo el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, ha sido también fundamental.
El proceso en ciernes muestra que es posible tender puentes en aquellas causas que México carga como heridas abiertas. Esfuerzos extraordinarios para alcanzar justicia y verdad como éste, que incluyen diálogo con las víctimas, que abren espacio a la necesaria asistencia técnica internacional y que implican trabajo con la sociedad civil, deben replicarse y expandirse.
Miles de víctimas están también a la espera de ser reconocidas en su dignidad y, sobre todo, a la espera de que la justicia y la verdad se impongan sobre la impunidad y la mentira.
En ese sentido, los avances en el caso Ayotzinapa son una esperanza de lo que aún puede hacerse en derechos humanos, especialmente importante cuando, en cuestiones como la militarización o la política migratoria, el panorama se ha vuelto sombrío.
Se ha abierto un camino hacia la verdad en el caso Ayotzinapa, un punto de inflexión. En los meses por venir veremos si ese camino se recorrerá con paso firme, seguro y certero para que la senda abierta puedan transitarla también tantos y tantas que en nuestro país anhelan justicia.
Este análisis forma parte del número 2282 de la edición impresa de Proceso, publicado el 26 de julio de 2020, y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
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