Unidad de Acción ante la Crisis Social, Económica, Política y de Seguridad
A los tres Poderes de la Unión:
A los tres Órdenes de Gobierno:
Al pueblo de México:
Las
organizaciones sociales que participamos en este esfuerzo unitario,
coincidimos, en que la combinación de la emergencia sanitaria con la
crisis multidimensional que venía arrastrando el país desde hace
décadas, hace más urgente la construcción de un nuevo modelo de
desarrollo que logre el crecimiento económico con inclusión, justicia y
equidad.
Nos
encontramos ante la mayor crisis que México haya afrontado en muchas
décadas, se está profundizando la exclusión social, la incapacidad de la
economía para crecer y brindar bienestar y la inseguridad con la
violencia imponen el terror en el País. Los intereses que se
beneficiaron de un sistema corrupto e ineficiente, presionan para
mantener sus privilegios. Esta dinámica regresiva está debilitando la
gobernabilidad y empuja al colapso institucional y alimenta la
confrontación. Con el objetivo de contribuir a detener esta peligrosa
tendencia y con el propósito de transformar las actuales condiciones
para que haya prosperidad para todas y todos los mexicanos, es que nos
organizamos y unimos diferentes experiencias, democráticas, progresistas
y de izquierda, para avanzar en la construcción de un nuevo pacto, que
tenga la justicia, la libertad, la democracia, la seguridad humana y la
dignidad como premisas.
Aunque
la crisis está afectando a toda la sociedad, son los trabajadores del
campo y la ciudad quienes sufren sus más graves consecuencias. Millones
de personas del sector social de la economía y quienes subsisten en la
economía informal o el autoempleo son el más claro ejemplo de lo
anterior. La crisis ha traído consigo una importante pérdida de empleos
que se suma a la acelerada precarización del trabajo; la
sobreexplotación de diversos sectores de trabajadores como los
Jornaleros agrícolas y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios
han generado un marcado desequilibrio entre los factores de la
producción, marco dentro del cual se han desarrollado diversas
modalidades de subcontratación y tercerización que destruyen la
estabilidad en el empleo y evitan que existan salarios dignos.
En
la sociedad rural, los productores pequeños, medianos, excedentarios y
sectores de la agro exportación, tanto campesinos, indígenas y
empresarios, hemos enfrentado intereses de capitales nacionales e
internacionales, que socavan la propiedad social y el ejido, atentando
contra los derechos de las comunidades del campo, impactando en los
sectores y sistemas productivos, en la búsqueda por controlar los
territorios, la producción y el trabajo, atentando contra los derechos
del conjunto de los actores de la sociedad rural. En paralelo, se
produce la exclusión de nuestras formas diversas de organización rural,
en el diseño y aplicación de las políticas públicas, la existencia de
programas productivos presupuestalmente insuficientes, frente a la
fuerte, desequilibrada y desleal competencia internacional, así como de
los altos costos, lo que aunado a la pandemia sanitaria y el cambio
climático global, ponen en jaque el derecho de los mexicanos a una
alimentación sana, suficiente y con dignidad.
La
reducción de la desigualdad y la pobreza, a partir de un reparto más
equitativo del ingreso y de la riqueza, es posible si se restituye la
rectoría económica del Estado con trasparencia, rendición de cuentas y
orientación social. Estamos convencidos de que sólo de esta manera se
pueden generar las condiciones apropiadas para erradicar la corrupción
pública y privada, ampliar las acciones para garantizar la igualdad
sustantiva, combatir la discriminación, impulsar el cuidado del medio
ambiente y restablecer la paz en todo el país en el marco del respeto
pleno a los Derechos Humanos.
La
problemática medio ambiental es desde luego amplia, como el reto que
tenemos ante el cambio climático, las energías limpias y la protección
de nuestros ecosistemas. Desde muchos años atrás, la grave destrucción
de la naturaleza y culturas ancestrales tiende a agudizarse; muestra de
ello es la entrega de nuestros territorios y nuestra agua a los grandes
capitales, que tiene, entre otras consecuencias, la pérdida del derecho
humano al agua, así como del derecho a la energía. La crisis del agua
que enfrentamos es producto también del ejercicio discrecional de las
autoridades y ha sido alentada por las leyes actuales. De la misma
forma, la problemática asociada con la energía en el corto plazo, con
toda seguridad representará parte de los desafíos en materia energética
sobre la producción, la logística de distribución y almacenamiento.
En
el caso de las mujeres, cuya situación ya era grave antes de la
pandemia por el incremento de los feminicidios y las desapariciones
forzadas, es notorio el recrudecimiento de la violencia familiar durante
el confinamiento, lo que se refleja en el aumento de las cargas
relacionadas con las tareas domésticas y el cuidado de los niños, así
como en la constante violencia patriarcal. Esta situación ha llevado a
cientos de miles de mujeres a protestar contra los feminicidios y la
sistemática pérdida y ausencia de derechos.
Para
que nuestro proyecto de nación avance, es necesario fortalecer la
democracia, asumiendo las acciones necesarias para lograr la paz en todo
el país sin menoscabo de los derechos humanos de la población. Otro
componente de la democratización de la vida nacional es la participación
política de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas y
proyectos específicos con la visión de las comunidades y sectores
sociales involucrados, en el contexto de las consultas adecuadas para
recuperar y asumir sus propuestas.
Frente
al alarmante panorama nacional, hacemos pública nuestra decisión de
avanzar en un amplio proceso de convergencia. Llamamos a todos los
movimientos y organizaciones sociales del país a unirse a este esfuerzo,
con el objetivo de construir un nuevo sujeto social e histórico capaz
de impulsar y hacer oír las exigencias sociales, que no deben ser
ignoradas por más tiempo, y enfrentar los amagos de los intereses
contrarios al cambio.
Anunciamos
que esta voluntad manifiesta será refrendada pronto con acciones y
diversas iniciativas en todo el ámbito nacional. Exigimos que todos los
órdenes de gobierno y los poderes de la unión escuchen la voz de los
movimientos sociales, cuyas organizaciones tendrán que ser parte
esencial del diálogo social para enfrentar la crisis en marcha.
Demandamos, además, el establecimiento de mecanismos permanentes de
interlocución, de incidencia en política pública y de acuerdo entre el
gobierno y los distintos actores sociales, con el propósito de
fortalecer la gobernabilidad democrática.
Llamamos
a realizar una gran Convención Nacional de las organizaciones sociales y
civiles para delinear juntos la lucha por un nuevo país. Aspiramos a
unir las fuerzas del movimiento popular para construir una salida a la
crisis democrática y justa para todos.
Convocaremos,
a partir de esta Convención, a un gran Diálogo Nacional para construir
un Acuerdo, con todas aquellas fuerzas sociales y políticas que, siendo
diferentes a nosotros, estén dispuestas a participar en la lucha por un
nuevo proyecto de nación con bases democráticas, incluyentes y plurales.
Con
el propósito de superar la emergencia nacional, impedir que lleguemos a
una crisis humanitaria y promover la transformación del modelo
económico, político y social del país, proponemos que como prioridades
nacionales se incluyan los siguientes temas:
1.
Reforma fiscal progresiva y multianual para la redistribución del
ingreso, misma que debe ser consensada y vigilada desde la sociedad.
2.
Reasignación urgente de recursos presupuestales hacia los sectores de
salud, campo, educación, investigación y seguridad social, con el
propósito de promover la reconstrucción integral del sistema de salud,
del sector educativo, ciencia y cultura, y del campo; con la premisa de
garantizar el acceso pleno de toda la población a sus servicios y
programas, en especial de los sectores de menores recursos.
3.
Establecer una política de Estado para impulsar la soberanía y la
autosuficiencia alimentarias, hacer valer los derechos de los pequeños y
medianos productores agropecuarios, pesqueros, forestales, artesanales y
acuícolas; y garantizar una alimentación sana y equilibrada para todos
los mexicanos.
4.
Construir una Nueva Perspectiva de Derechos dentro de la Constitución,
que involucre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y una
nueva generación de derechos humanos al agua, la alimentación, la
energía, la consulta, la tierra, el territorio y la ciudad. Respeto
pleno a estos derechos. No al fracking. Dar a los pueblos originarios,
comunidades y ciudadanía un papel fundamental en los espacios de
contraloría social y participación en la toma de las decisiones en la
gestión del agua, los recursos naturales, su territorio y su cultura;
con pleno respeto al Convenio 169 de la OIT.
5.
El gobierno debe tomar medidas extraordinarias para hacerse de recursos
para enfrentar la situación de emergencia y para promover proyectos de
transformación de la economía. Entre estas medidas, deberá contemplarse
el gravar de forma especial las ganancias del gran capital, e incluso la
suspensión temporal del pago de la deuda externa y el FOBAPROA.
Adicionalmente, proponemos que negocie con Canadá y EE. UU. un fondo de
cooperación para reducir las asimetrías que tiene México con sus socios
comerciales para potenciar, de esta manera, a la región de Norteamérica,
así como el uso de cualquier fondo multilateral que no comprometa
nuestra soberanía.
6.
Recuperación pronta de los puestos de trabajo perdidos, crear un seguro
de desempleo y establecer una nueva política laboral a partir de la
consolidación de la reforma en materia de justicia laboral, la
promoción de políticas públicas para la recuperación del poder
adquisitivo de los salarios contractuales, el acatamiento de los
convenios ya ratificados de la OIT y del respeto de todos aquellos
ordenamientos que salvaguardan los derechos de los trabajadores, la
contratación colectiva auténtica y la libertad de asociación sindical.
7.
Demandamos la ratificación inmediata del Convenio 190 de la OIT para
erradicar la violencia de género en los centros de trabajo y el impulso
de una nueva generación de reformas a las leyes laborales para
profundizar en la democratización y modernización del mundo del trabajo
que, entre otros temas, proteja los derechos laborales durante
emergencias como la actual, acabe con los abusos vinculados al
outsourcing, proteja los derechos de los jornaleros agrícolas,
establezca un solo régimen laboral para todos los trabajadores,
suprimiendo el apartado B del Artículo 123 constitucional, reglamente
las diferentes modalidades de trabajo a distancia y garantice derechos
plenos para todos los trabajadores y trabajadoras.
8.
Garantizar la estabilidad de los precios de los productos de la canasta
básica y de los servicios públicos necesarios y urgentes para la
población. Universalizar los programas sociales que hasta el momento ha
implementado el Gobierno Federal. Impulsar la protección y formalización
de los trabajadores del sector informal. Establecer un ingreso mínimo
universal.
9.
Control durante un plazo definido de común acuerdo por el gobierno y
los factores de la producción de los precios de los productos de primera
necesidad, medicinas y servicios públicos. Suspensión temporal de pago
de hipotecas y renta domiciliaria para los trabajadores despedidos y
personas de bajos recursos. Condonación de adeudos de energía eléctrica
para la población de bajos ingresos.
10.
Línea de créditos preferenciales a la pequeña y mediana empresa, con
bajos intereses para las entidades de la economía social y solidaria.
Emitir un decreto para la suspensión de los requerimientos y procesos
que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realiza sobre las
cooperativas de ahorro y préstamo. Junto a un programa de rescate y
reestructura de créditos en mora vía Finagro, para los pequeños y
medianos productores.
11.
Hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres fuera y dentro
del hogar estableciendo programas de protección y ayuda para mujeres,
niñas, niños y adolescentes.
12.
Diseñar una política de Estado para lograr la soberanía digital como
instrumento estratégico para la transformación y mayor competitividad de
la economía nacional.
13.
Alto a la violencia y construcción de la paz con el respeto pleno a los
derechos de todas y todos, particularmente de las comunidades del campo
y los pueblos originarios.
14.
Demandamos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable
2030 de la ONU, manteniendo su horizonte de universalidad y
multidimensionalidad, para una gobernabilidad global de multilateralidad
democrática.
15.
Urge fortalecer estructuralmente a la sociedad rural, desde el sur
Sureste hasta el norte, construyendo instrumentos para armonizar las
cadenas productivas, de suministro, comercialización y de valor, para
garantizar la atención de las necesidades con un enfoque regional, de
los productores pequeños, medianos, excedentarios y agro exportadores,
en las cadenas agropecuarias, alimentarias, de industrialización y
pesqueras, priorizando los productos nutricionales que garantizan la
soberanía alimentaria del país, al mismo tiempo que se disminuya la
concentración de la tierra, de los recursos naturales y de sus
beneficios como riqueza nacional, en la perspectiva de equidad y
justicia. Por ello, es indispensable, que desde los tres órdenes de
gobierno, según su peso y papel, se asignen recursos para la inversión,
en la reconstrucción de las cadenas productivas, de suministro, acopio,
comercialización y la agroindustria, que incluya la creación de apoyos a
las comunidades ribereñas de pescadores, un plan de acuacultura, y
maricultura, con un enfoque sectorial justo y equitativo.
A T E N T A M E N T E
Nueva Central de Trabajadores (NCT)-.Rùbrica
Unión Nacional de Trabajadores (UNT).- Rùbrica
Confederación Internacional de Trabajadores (CIT).- Rùbrica
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).- Rùbrica
Central Campesina Cardenista (CCC).- Rùbrica
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “Josè Dolores Lòpez Dominguez” (CIOAC-JDLD).- Rùbrica
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).- Rùbrica
Consejo Superior del Cooperativismo de la Repùblica Mexicana (MEXICOOP).- Rùbrica
Confederaciòn Nacional Cooperativa Pesquera, S.C. de R.L. (CONACOOP).- Rùbrica
Unión Campesina Democrática (UCD).- Rùbrica
Unión Campesina e Indígena de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).- Rùbrica
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).- Rùbrica
Red Agua para Todos.- Rùbrica
Organización de Pescadores.- Rùbrica
Unión Nacional de Productores Ganaderos.- Rùbrica
Consejo Mexicano del Cooperativismo.- Rùbrica
Productores Mexicanos Autosustentables de Caña.- Rùbrica
Unión de Sociedades de Producción Rural.- Rùbrica
Consejo Comunitario de Abasto Huehuetlán El Chico.- Rùbrica
Campesinos en Lucha Agraria, Vida AC.- Rùbrica
Gran Alianza de Industriales de la Masa y Tortilla de México A.C..- Rùbrica
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autònoma de Mèxico (STUNAM).- Rùbrica.-
Unión Nacional de Industriales de la masa y la tortilla A. C.
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