En puerta, reforma para asignar presupuesto federal directo a los pueblos indígenas
El INPI impulsa una reforma para que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho y, con ello, reciban directamente recursos del Presupuesto federal. La institución asegura que busca alejarse de la visión paternalista de los gobiernos anteriores. Acepta que está rebasada ante la cantidad y gravedad de los abusos que se cometen contra los pueblos originarios. Se trata de más de 7 mil conflictos en todo el país. Un caso que ya se atiende, la semiesclavitud de rarámuris en minas clandestinas del norte de Sinaloa
Los pueblos indígenas recibirán
directamente los recursos federales de los ramos 28 y 33 del Presupuesto
de Egresos de la Federación y no solamente a través de los municipios
en que se encuentran. Con ello, podrán disponer de manera anual de un
presupuesto que ejercerán libremente. Es la reforma en materia indígena
que se cocina en la “4T” y que cuenta ya con el respaldo del
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señala Hugo
Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Falta convecer a otros miembros del propio gabinete lopezobradorista que miran como una medida radical que se considere a los pueblos originarios sujetos de derecho. La propuesta debe pasar también la aduana de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Julio Scherer Ibarra.
En entrevista con Contralínea,
el abogado de origen na’saavi o mixteco Hugo Aguilar Ortiz reconoce que
miles de comunidades indígenas siguen sometidas a cacicazgos que las han
explotado por siglos. Señala que los casos rebasan las capacidades del
INPI para atender las problemáticas de manera individual, pues se han
detectado más de 7 mil. Considera que todo se resolverá con la política
de evitar intermediarios en la relación entre las comunidades y las
autoridades federales. Ello terminará por “empoderar” a los pueblos
originarios y podrán liberarse de un sometimiento que data de hace
siglos, asegura.
En un caso, el de rarámuris explotados
en minas de la familia Sarmiento, en el norte de Sinaloa, dice ya se
están investigando los hechos y se ha pedido la ayuda de otras
instancias del gobierno federal. Advierte que si de olvido y despojo se
trata, el primer lugar es para todo el pueblo rarámuri o tarahumara,
pues en sus territorios no pasó siquiera la Reforma Agraria.
Rarámuris, los más olvidados: INPI
Asimismo, acepta que poco ha hecho la
oficina de la que es el coordinador jurídico con respecto de los
indígenas presos en las 245 cárceles del país. Dice que se han hecho
esfuerzos para liberar a quienes padecieron un proceso injusto o
irregular. Pero nada acerca de las condiciones de vulnerabilidad,
discriminación y abuso que padecen los indígenas al interior de las
prisiones.
Contralínea solicitó entrevista
con el INPI luego de que tuviera acceso a información sobre explotación
de las comunidades Alisos de Holguín, Jicapore y Las Juntas, en el
municipio de Sinaloa, epónimo del estado. En la región, enclavada en el
Triángulo Dorado del narcotráfico, la “Casa Grande” es de la familia
Sarmiento.
“Don Ramiro” es el dueño de minas donde
los indígenas machacan piedra en busca de oro. Rarámuris o tarahumaras
desplazados de Chihuahua (a los que en Sinaloa los “señores” llaman
“tarámaris”) trabajan en condiciones de explotación con castigos físicos
y sujetos a accidentes de los que deben sanar por sí solos.
Generalmente les pagan el jornal con 7
litros de maíz. Los que tienen la suerte de que les paguen con dinero
reciben 200 pesos por una jornada de 15 horas que los deja heridos y
exhaustos. Niños presentan manchas en la cara sin que se sepa el motivo,
pues no han sido revisados por médicos. Desde hace más de 4 meses no
suben las brigadas de trabajadores de la salud.
Ramiro Sarmiento, dueño de la mina, es
padre de Carlos Sarmiento Caraveo, regidor del municipio de El Fuerte
por el partido Movimiento Ciudadano. Contralínea solicitó una
entrevista con el funcionario sobre las condiciones laborales de los
indígenas en las minas de su familia. Formalmente se le solicitó su
versión de los hechos ante la oficina de comunicación social del
ayuntamiento citado, se le llamó a su teléfono celular y se le enviaron
mensajes a su correo electrónico y a su cuenta en una red social. Hasta
el cierre de edición, Sarmiento guardó silencio.
Violencia estructural. En la imagen, familiares de los nahuas asesinados por integrantes del narcotráfico en Ostula, Michoacán
A este respecto, Hugo Aguilar Ortiz,
coordinador de Derechos Indígenas del INPI, señala que la institución ya
atiende el caso, a través de las coordinaciones de la institución en
Sinaloa y en Chihuahua.
El de los cacicazgos que subisten en el
país, es decir, de personas o familias que someten a comunidades enteras
o las “contratan” en condiciones de explotación, “es muy importante”.
Asegura que los casos no se resolverán de uno en uno, pues son
demasiados. Confía en que una nueva relación del Poder Ejecutivo federal
con las comunidades termine por empoderarlas y, con ello, se sacudan
los cacicazgos.
Originario de la comunidad de San
Agustín Tlacotepec, región mixteca de Oaxaca, y egresado de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, el funcionario dice que el esquema asistencialista ha quedado
atrás en el nuevo INPI. Ahora se busca un trato directo con las
comunidades, en el que se les considera sujetos de derecho público.
Señala que no habrá tratos con intermediarios de ningún tipo, sean
líderes políticos, organizaciones civiles no gubernamentales o de
cualquier otra índole.
“Estos dos principios básicos nos están
llevando a darle preponderancia a la comunidad como entidad colectiva.
Para la mayor parte de las actividades que ahora realiza el Instituto
[en las comunidades] estamos requiriendo que tengan el aval de la
Asamblea General Comunitaria.”
—¿Eso bastará para terminar con
cacicazgos que las han explotado por siglos? –se le pregunta al
funconarios que ha acompañado como asesor jurídico al actual director
del INPI, Adelfo Regino, desde que éste se desempañaba como secretario
de Asuntos Indígenas en el gobierno de Oaxaca (2010-2016).
Al Congreso de la Unión, iniciativa de Ley para que pueblos indígenas alcancen rango de sujetos de derecho
—Lo que estamos previendo es que al
fortalecer el poder colectivo de las comunidades, al fortalecer estos
órganos colectivos de toma de decisión, se desvanece cualquier
liderazgo, cualquier intento de que una persona o grupo de personas tome
decisiones por encima de una comunidad. Hay que recordar que en el
pasado se mantenían estos liderazgos gracias a cuotas, programas, a que
eran los gestores de la comunidad. En medio de comunidades en extrema
pobreza siempre había quienes se asumían como parte de una organización,
como parte de un liderazgo, por lo que se generaban clientelas
políticas a partir de los apoyos que se daban por parte de las
instancias gubernamentales. Este esquema se está haciendo a un lado.
Ahora se están entregando de manera directa los pocos apoyos de los que
dispone el Instituto.
—¿Cuentan con un diagnóstico de cuáles son las comunidades bajo este tipo de sometimiento?
—Más allá de tener un listado de todos
estos cacicazgos y liderazgos, tenemos una estrategia general de
empoderar a las comunidades y obviamente que eso va a redundar en que
los liderazgos de este tipo se sumen como uno más al interior de cada
una de sus comunidades. Tenemos ejemplos concretos que dan un giro a
esta situación.
—Pero me refiero a los cacicazgos hoy
vigentes que tienen sometidas a comunidades enteras por medio de la
fuerza. Generalmente se encuentran en lugares apartados donde no hay
muchas posibilidades de que las comunidades hagan valer sus derechos,
que tengan acceso a medios de comunicación y a que su situación sea
conocida por organizaciones defensoras de derechos humanos. Pareciera
que lo que se requiere es voluntad política para defender a esas
comunidades.
Nada
se ha hecho para mejorar las condiciones de los indígenas presos. En la
imagen. última excarcelación del líder guerrerense Marco Antonio
Suástegui, opositor a la presa la Parota
—Necesitamos modificaciones
estructurales. Por eso el Instituto ha impulsado la idea de mejorar la
reforma constitucional adoptada en 2001 para fortalecer la capacidad de
los pueblos. Un ejemplo que va en la dirección que usted plantea: hoy en
día, las comunidades indígenas no tienen capacidad jurídica para
recibir recursos. Todo el entramado jurídico de nuestro país no les da
la capacidad para que una instancia de gobierno les transfiera
directamente los recursos. Frente a ese vacío, la comunidad necesita de
una asociación civil, de una organización que cuente con personalidad
jurídica y que tenga la posibilidad de expedir un recibo fiscal. En el
Servicio de Administración Tributaria no es fácil obtener un RFC
[registro federal de contribuyentes] para una comunidad indígena por la
razón de que la comunidad no es sujeto de derecho público. Todavía hay
muchas deficiencias en el entramado jurídico de nuestro país en el que,
desde hace siglos, estas comunidades tienen un reconocimiento limitado, e
incluso en algunos estados ni reconocimiento jurídico tienen. Eso los
lleva a ser presa fácil de liderazgos de esquemas clientelares porque
son los que les pueden resolver una problemática de esa naturaleza. Esto
es un solo ejemplo, del ámbito económico, pero lo mismo ocurre en el
ámbito político: para ser autoridad en muchos lugares hay que afiliarse a
algún partido político, no hay posibilidad de que las comunidades
tengan representación en los ayuntamientos, en los congresos, por vía de
sus propios sistemas. Entonces, vuelven a hacer clientela de partidos o
de organizaciones políticas. Lo mismo podría decirse en el ámbito
social y cultural porque no tenemos un reconocimiento pleno de las
comunidades.
—En el caso de la Sierra Tarahumara y
del Triángulo Dorado, padecen, además de los cárteles del narcotráfico,
un sistema de explotación en minas, en las que trabajan en condiciones
de semiesclavitud. ¿Qué hacer ante un caso como éste?
—Si pusiéramos en fila a los 68 pueblos
indígenas en estas condiciones que veníamos platicando, sin duda alguna
los hermanos rarámuris estarían en la parte final. La Reforma Agraria no
pasó por la Sierra Tarahumara. Hoy podemos encontrar casos en los que
los que se titularon las tierras de manera particular, se dieron
escrituras privadas sobre tierras y dentro de esas 2 mil o 3 mil
hectáreas de propiedad privada quedaron enclavadas comunidades de
rarámuris que tienen siglos de estar ahí. Cuando muchas de estas
comunidades quieren aprovechar su bosque, resulta que no se les puede
dar autorización porque no tienen título. Cuando estas comunidades
quieren impulsar un proyecto tampoco se les puede ayudar porque no
tienen la certeza jurídica en nuestro sistema sobre sus tierras. Y eso
acrecienta la pobreza, la marginación y la situación extrema en la que
viven los hermanos. Esto origina que tengan que salir a buscar en qué
emplearse. Tenemos conocimiento de algunos casos como el que usted
plantea en donde no hay formalidad en el trabajo que se desempeña y hay
un abandono cuando sufren algún accidente. Ahí, nuevamente, requerimos
de una modificación estructural. En el Instituto tenemos pequeños
programas que sirven de paliativos, pero no resuelven porque se requiere
de una política mucho más amplia, una modificación legal o
institucional. Voy a ponerle algunos ejemplos: nosotros tenemos algunos
apoyos que damos cuando hay desplazamientos, cuando hay conflictos por
tierras, conflictos políticos, llegando a tal naturaleza que expulsan a
algunas personas. Tenemos apoyos de alimentos, materiales de higiene
para la gente que está desplazada, pero eso atiende a la consecuencia y
no a la causa –advierte.
Un descanso en el camino a casa
“En el caso como el que estamos
platicando tenemos un pequeño fondito que llamamos de tercer nivel.
Damos un pequeño apoyo para mitigar el tema, pero el planteamiento
central es de otra naturaleza, las causas son estructurales y se
requiere de modificaciones mucho más profundas que estos paliativos que
podemos dar nosotros.”
—¿Y en concreto el INPI puede hacer algo frente a la situación que padecen los rarámuris empleados en minas de Sinaloa?
—Para este caso de los hermanos
rarámuris, ya dimos la indicación a nuestro centro coordinador tanto en
Chihuahua como en Sinaloa para que lo rastreen y que ofrezcan el apoyo
en lo que se pueda para mitigar este caso específico, pero necesitamos
nosotros tener un marco jurídico mucho más adecuado para responder de
manera estructural esta situación, y ahora con la pandemia nosotros
tenemos el temor de que se incrementen ese tipo de cuestiones.
—Hay otro caso de comunidades Ódami, en
el que los amenazan hasta con armas largas para expusarlos de su
territorio. La familia Alderete Arciniega los desplaza desde el sexenio
pasado de manera impune y parece que puede seguirlo haciendo en este
nuevo sexenio.
Demanda generalizada en los pueblos indígenas
—No conozco el caso particular, pero es
muy común lo que se está planteando. En nuestro país han corrido dos
procesos antagónicos: por un lado, a raíz de la lucha de [Emiliano]
Zapata, se generó el derecho de los pueblos a que conserven y titulen
sus tierras; pero por otro lado el neoliberalismo ha impulsado
fuertemente que se puedan titular de manera individual como pequeña
propiedad algunas superficies de tierras. En muchos lados de la
República tenemos encimamientos de documentos. Es muy común, porque ahí
no es una actividad del Estado sino propia de una delegación del Estado:
que los notarios públicos escrituren una superficie de tierras sin
indagar el origen de esas tierras. En todo el Istmo de Tehuantepec
encontramos ese fenómeno, en la Península de Yucatán, en el caso de los
rarámuris… Necesitamos una acción fuerte del Estado para establecer
parámetros de interpretación y que se respete la propiedad que el Estado
les dio a las comunidades. Este trabajo lo venimos ya conversando con
la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] para
que en su intervención se adopte lo que en los tribunales se está
diciendo como control de constitucionalidad y convencionalidad, porque
hay este antagonismo jurídico. Pero si uno mira los tratados
internacionales y advierte que en el país primero fueron los indígenas,
entonces tiene que haber una interpretación más amplia hacia los
derechos de los pueblos y este solo toque de interpretación puede
generar un giro importante en el tratamiento de muchos conflictos como
los que usted plantea. Estamos en diálogo para que los programas de la
Sedatu tengan este enfoque de derechos indígenas y pueda cambiar desde
el ángulo del Estado el tratamiento y la solución de estos conflictos.
Estamos promoviendo que se establezcan mesas interinstitucionales para
atender problemáticas añejas. Así estamos atendiendo los temas de los
yaquis, los lacandones, el de Chimalapa: con una interpretación amplia, a
partir de los tratados internacionales busquemos una solución de fondo a
estos añejos conflictos, y si nosotros marcamos la pauta con estos que
son emblemáticos a nivel nacional podremos ver que se repliquen en otros
que son de menor envergadura.
—¿Cuántos conflictos de este tipo hay en el país?
—No hay un diagnóstico preciso para
saber cuántos conflictos agrarios hay. Pero estamos hablando de más de 7
mil conflictos a nivel nacional, generados por ese esquema como el que
usted me está planteando: la lucha entre pequeños propietarios con la
propiedad colectiva. También tenemos indefinición de linderos entre
propiedad colectiva producidos sobre todo por deficiencias técnicas. En
su momento se medían con aparatos que tenían un margen de error muy
grande, hoy en día tenemos aparatos con un margen de error al milímetro y
ahí se generan delimitaciones de territorio de propiedad colectiva que
requieren de diálogo y consenso entre las partes para pasar esta difícil
de conflictividad que hemos estado viviendo.
Viviendas más precarias entre los indígenas desplazados. La imagen, de familias agredidas en Chalchiuitán, Chiapas
—¿Qué distingue al INPI de lo que fue la
Cdi (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) o el
Instituto Nacional Indigenista (INI), anteriormente? En México casi 22
millones de personas se asumen indígenas de unos de los 68 pueblos
tribus y naciones que habitan más de 64 mil localidades. En una
pretendida “cuarta transformación”, ¿qué papel va a jugar el INPI?
—Históricamente, en el INI se pensaba
que los indígenas debían integrarse a la vida nacional y esto
significaba que dejaran de ser indígenas para volverse “mexicanos”, que
hay que “aculturarlos” para que dejen de ser pobres. Ese era el enfoque
integracionista desde los inicios del INI. Posteriormente, con lal Cdi,
se le dio un enfoque desarrollista. Se dijo: “Los indígenas son pobres y
lo que hay que hacer es invertir, trasferir recursos, hacer obras de
infraestructura y así los sacamos de la pobreza”. Ambos enfoques son
interesantes, pero no son plenos porque tienen un sentido paternalista
del tema. Ya tenemos resultados de la Cdi: se hicieron importantes obras
camineras, de agua potable, de infraestructura social en los pueblos
indígenas. Sin embargo, las condiciones siguen porque es como un tambo
sin llenadera, porque es la actitud de que el Estado el que lleva los
beneficios, el que asume la responsabilidad de sacar al otro de su
pobreza.
“El Instituto está buscando [ahora] un
nuevo esquema que sintetice todas las anteriores. Para nosotros la
cultura y la identidad deben de prevalecer, no son condición para salir
de la pobreza, es decir, no hay que dejar de ser indígena para salir de
la pobreza. La segunda, los pueblos tienen la capacidad para salir ellos
mismos de la pobreza conforme a sus criterios, sus medios y sus
decisiones. El Estado tiene que coadyuvar. Nosotros consideramos que
dándoles el carácter de sujeto de derecho público vamos a abonar más a
que ellos mismos trabajen y contribuyan a salir de la pobreza y
marginación en la que están. Ese es el enfoque central de ahora el
Instituto.”
—Otra vez, según su interpretación, se
resolvería con la reforma que en materia de derechos y cultura indígena
que se prepara. ¿Pero puede hacerse algo hoy ante la urgente situación
de comunidades sin modificar el entramado jurídico al que se refería
anteriormente?
—Cada municipio hoy en día, desde el más
grande hasta el más pequeño, recibe recursos de la Federación. Lo
recibe de manera directa, tiene autonomía de gestión y de
implementación. Hoy en día el municipio representa un actor importante y
está sacando su propio esquema de desarrollo, no requiere que el Estado
haga las cosas por el municipio. El Estado coadyuva por mandato legal,
da su ramo 33 y su ramo 28, y el municipio viene pujando para salir de
la pobreza. Nosotros consideramos que si les damos un tratamiento como
al municipio a las comunidades, y las dejamos a ellas impulsar su propio
desarrollo, consideramos que podemos mejorar sus niveles de bienestar
y, sobre todo, que sean un actor importante en este país.
Caminos y carreteras, colapsadas en temporada de lluvias
—Es una aspiración que probablemente
encuentre resistencias por parte de otras instancias. ¿Una reforma como
la que usted plantea sería impulsada por este gobierno?
—El Presidente de la República ha tomado
esta idea en varios de sus programas que han tenido mucho éxito, que
muestran que la idea es viable, como el programa de pavimentación de
caminos en cabeceras municipales. Se están entregando recursos de manera
directa, no contratan empresas y ya tenemos casos donde sobran recursos
y se lo regresan al presidente. El modelo puede funcionar, el
presidente está convencido de eso y creo que lo que hay que buscar es el
momento y los medios para plantear esta reforma. En el esquema general
yo no veo ningún obstáculo. Hoy en día, si usted y yo constituimos una
asociación civil ante un notario público, pedimos nuestra autorización
de constitución y tramitamos nuestro RFC, podríamos recibir fondos
públicos según la ley, porque al constituirnos ante un fedatario público
le damos certeza al Estado de que vamos a manejar los recursos con
transparencia y pues nos volvemos sujetos fiscalizables. Si esto es así
en nuestro país, no advierto cuál sería el obstáculo para que les demos
ese trato a comunidades. Hasta hoy, los que han objetado esta idea dicen
que no se cumple con el principio de certeza, si es que se les da el
recurso sin tener un afianzamiento jurídico. Yo lo que les digo es que
miren [el fraude de] la “Estafa Maestra”. En él empresas bien
constituidas, cuando fueron a verificar el domicilio, resultó que era
lote vacío o que era una casa abandonada. Yo les he dicho a varios que
eso no va a ocurrir con las comunidades: así les demos 20, 50, 100 mil
millones de pesos, ellos no se van a ir del lugar donde están. Las veces
que quieran ir a fiscalizar ahí van a estar porque ahí está su
territorio, ahí están sus muertos, su historia, su iglesia, su pueblo.
Este país se diseñó para que todos participemos en la construcción de la
paz social. Lo único que podría haber como obstáculo es el señalamiento
de que no quieran que los pueblos reciban recursos, pero eso sería una
actitud discriminatoria porque estarían diciendo que los pueblos no
tienen capacidad.
—Todavía hay personas que no lo aceptan y
tiene posición de poder. El racismo está muy arraigado en determinados
sectores de la población, incluyendo aquellos que se asumen de
“izquierda” electoral. ¿Podría haber oposición por parte de algunos
sectores del propio gobierno federal?
—Sin duda va a haber voces que van a
plantear eso, pero yo creo que los planteamientos y decisiones del
presidente van en esta dirección. El recurso público no puede servir
para hacer clientela política. Tiene que ir para beneficio del pueblo.
Ese es el sentido de fondo de la transformación del presidente y yo creo
que se inscribe muy bien esta idea que hemos estado planteando. Hay un
consenso amplio entre las comunidades de que esto es lo que requerimos:
capacidad para insertarnos en la vida pública como un sujeto más.
Futuro incierto
—¿Hay algún programa o política que se desarrolle desde el INPI para atender las vulnerabilidades de los presos indígenas?
—Ahora se viene una actividad muy
importante con la Ley de Amnistía. El Instituto va a formar parte de la
Comisión de Amnistía junto con la Secretaría de Bienestar, la de
Hacienda y la de Gobernación. Estamos trabajando en actualizar nuestro
censo de presos e identificar potenciales beneficiarios de esta amnistía
en todos aquellos que fueron vulnerados en su garantía de efectivo
acceso a la jurisdicción del Estado: no les nombraron un intérprete, un
traductor o no tomaron en cuenta sus costumbres antes de juzgar. Todos
ellos van a entrar al análisis para ver si se benefician de esta Ley de
Amnistía y nos va a permitir hacer justicia a muchos que están
encarcelados, ya sea porque la extrema pobreza los orilló a cometer
algún ilícito o porque no tuvieron una defensa adecuada y eso los
mantiene presos. Ésta es una actividad que por mandato de ley se va a
llevar a cabo y donde los indígenas van a jugar un papel importante. El
Instituto viene empujando en todas las entidades que se adopte esta
legislación para los delitos de fuero común. Nosotros traíamos un apoyo
de excarcelación de presos, de todos aquellos que ya estaban por ser
liberados y necesitaban pagar reparación del año u otorgar una fianza
nosotros apoyábamos, pero, otra vez, era un paliativo y resolvía de
fondo el problema.
—Pero habrá quienes tengan que quedarse
en prisión. ¿Hay alguna posición frente a las condiciones que viven los
presos indígenas por razones de la lengua o incluso de discriminación?
¿Hay algo que se pueda hacer para que los que se tengan que quedar se
encuentren en condiciones dignas?
—No hemos trabajado esa parte, ésta le
toca al área de reinserción social de los gobiernos tanto federal como
local. Estamos más empeñados en la atención durante el proceso judicial.
Rebasa lo que el Instituto puede hacer. Es un tema que está en el área
de seguridad porque implica mejores instalaciones, mayores recursos,
pero sobre todo implica equilibrios. Nosotros trabajamos con nuestros
albergues comunitarios. El otro día, haciendo una comparación, veíamos
que el Estado destina mucho más dinero para alimentar a un preso que
para alimentar a un indígena en los albergues. Nosotros andábamos sobre
35 pesos el día que hicimos ese ejercicio, mientras un preso comía con
55 pesos al día. Sólo para mostrar el equilibrio de cómo estamos en el
país, eso sin demérito de que hay que atender el tema de los penales. Se
supone que las cárceles no están para castigar, o al menos ese es el
diseño de nuestro país; es un espacio para reinsertarlo a la sociedad y
esta parte es un déficit nacional de grandes proporciones. Es evidente
que quien sale de una cárcel sale en peores condiciones que en las que
entra.
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