Nueva crisis en la CNDH
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) parece no tener
remedio, ni siquiera con la buena voluntad de su titular Rosario Piedra
Ibarra, quien no ha podido resolver vicios, deficiencias, abusos y grillas
internas que arrastra ese organismo desde el pasado, cuando al frente
estaba Luis Raúl González Pérez, quien no solamente abusó del cargo,
sino que hubo una deficiente atención a víctimas y un despilfarro de
recursos públicos, como lo informó hace unos días Contralínea en la investigación del reportero Zósimo Camacho.
Después del escándalo que armó el
secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, por el
despido injustificado de un subdirector del área de prensa, Lázaro
Serranía Álvarez, y del cual informaron los medios de comunicación, lo
que motivó su reinstalación, ahora sigue el cese de quien era la
directora general de Comunicación Social, Alejandra Ezeta Bagnis, a
quien quieren responsabilizar de las decisiones equivocadas de Estrada
Correa y de su jefa la maestra Piedra Ibarra.
Además del despido, a Ezeta le abrieron
un expediente en la Coordinación General de Seguimiento de
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, en donde su titular, Luciana
Montaño Pomposo, acusa a la exdirectora de Comunicación Social de “una
serie de negligencias y omisiones en la Dirección General entonces a su
cargo, que comprometieron a la Comisión…”
En un escrito fechado este lunes 27 de
julio, la abogada Montaño Pomposo amenaza a Ezeta Bagnis: “De dicha
investigación se presume la inobservancia a las labores propias de su
encargo, negligencia, falta de probidad, encubrimiento y algunas
acciones deliberadas de las que se pudieran desprender posibles
sanciones de carácter administrativo, al no conducirse en los términos
de los compromisos por Ud. [sic] firmados cuando causó alta en
la CNDH, así como de las normatividades que como servidor público estaba
obligada a observar (Código de Conducta y Código de Ética, Reglamento
Interno y Ley de la propia Comisión), todo lo cual está documentado, y
se traduce en pérdida de confianza, y por ende explica las razones de su
cese”.
Al final de la carta, la funcionaria de
la CNDH le reprocha a Ezeta faltar a varias reuniones para aclarar y
negociar su despido, y también le advierte: “esta CNDH deja a salvo sus
derechos para proceder como haya lugar”.
En respuesta a la coordinadora general
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, el martes 28
de julio la directora general de Comunicación Social cesada le envía el
siguiente escrito:
“…Usted sí sabe que dicha reunión se
llevó a cabo en presencia tanto de usted, como de la Mtra. Rosario
Piedra Ibarra y del Lic. Francisco Estrada Correa, CON LA ÚNICA
FINALIDAD DE FORZARME BAJO AMENAZA DE DESPIDO a que la suscrita
reconociese mi responsabilidad sobre el despido del C. Lázaro Serranía
Álvarez, lo cual, evidentemente no fue una decisión tomada por la
suscrita, sino por el Lic. Estrada Correa, lo cual, lo que se encuentra
debidamente documentado mediante diversas notas periodísticas, no así el
desarrollo de la reunión en comento de la que usted afirma que yo
estuve de acuerdo, sin que exista documento alguno que así lo acredite,
siendo que dicha reunión se realizó contraviniendo en perjuicio de la
suscrita, los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad,
honradez, lealtad y eficacia del Código de Ética de las Personas
Servidoras Públicas del Gobierno Federal…” [sic]
El despido de Ezeta le fue comunicado el
pasado 21 de julio mediante una carta enviada a través de correo
electrónico por la abogada Montaño Pomposo, en donde en plena pandemia
del Covid-19 le informa de su cese porque “no ha justificado las
inasistencias laborales con el documento idóneo”, y la convocaron a una
reunión en la CNDH que se realizaría dos días después.
El 23 de julio, Alejandra Ezeta acudió a
las 17 horas a dicha reunión, con la asistencia de una abogada, por
considerar que dicha notificación era una violación flagrante a sus
derechos fundamentales. Cuando arribaron a las oficinas del edificio
sede Jorge Carpizo, allá por Periférico Sur, en principio le impidieron
la entrada a la abogada de Ezeta, pero después le dieron acceso, para
que Montaño Pomposo les dijera que “se trataba de terminar de la mejor
manera”.
La abogada de la CNDH fue renuente para
tratar los temas por los cuales había citado a Ezeta, porque dijo que
sabía que habían entrado con grabadora de audio y video (lo cual era
falso), y Montaño Pomposo les advirtió que “por su bien nada de lo
tratado en la oficina debería de salir a la luz, pues ella estaba
actuando de buena fe”.
El 24 de julio le fue inhabilitada su
cuenta de correo institucional a Ezeta, con la finalidad de que no
pudiera rescatar ninguna información ni evidencia que pudiera utilizar
en algún proceso laboral y legal.
El 27 de julio, la abogada Montaño
Pomposo envió al correo personal de Ezeta una carta en donde da
respuesta a la contestación de notificación, la cual contiene
“aseveraciones falsas y tendenciosas sobre mi desempeño dentro de la
CNDH”, dice Ezeta.
El 28 de julio, la exdirectora general
de Comunicación Social envió un escrito al correo electrónico de Montaño
Pomposo, en donde hace la cuantificación de la indemnización que por
ley le corresponde.
Ezeta denuncia que durante su desempeño
en la CNDH estuvo sometida a violencia institucional, de género, verbal y
psicológica por parte de quien fuera su jefe inmediato, el secretario
ejecutivo Francisco Estrada Correa; además de sufrir conductas
discriminatorias de su parte y de la propia presidenta de la CNDH,
Rosario Piedra Ibarra, quien avaló el despido injustificado a pesar de
conocer la condición especial de salud por un padecimiento crónico de
Ezeta Bagnis.
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