Lozoya puede revelar trama de corrupción que involucra a los expresidentes de México
En
el que ya se perfila como el juicio más importante contra la corrupción
política-gubernamental-empresarial en México, el exdirector general de
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, podría revelar una
trama de saqueo que alcanza a seis expresidentes del país, orquestada
desde el gobierno de Miguel de la Madrid –ya fallecido– y que llegó a
involucrar a 60 empresas privadas ciento por ciento propiedad de la
petrolera, y otras 31 compañías participadas.
Y es que durante su administración al
frente de la petrolera, Lozoya Austin conoció a fondo el manejo al
margen de la ley de una estructura empresarial paralela que alcanzó su
máximo esplendor a fines del gobierno de Felipe Calderón y a principios
del de Enrique Peña Nieto. Para entonces, Pemex operaba como mafia en
paraísos fiscales y territorios fiscalmente laxos, donde constituyó más
de 30 empresas de papel (sin oficinas ni empleados).
De hecho, las adquisiciones de las
plantas chatarra de Agro Nitrogenados –que corresponde a uno de los dos
casos de presunta corrupción por los que será juzgado Lozoya Austin– y
Fertinal –cuya investigación está pendiente de judicializarse–, así como
la inversión del 51 por ciento del capital en el astillero español
Hijos de J Barreras –con el que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador amenazó también denunciarlo– involucran directamente ese esquema
empresarial paralelo.
Todas acontecieron durante la
administración de Lozoya y se hicieron a través de las empresas privadas
de Pemex, en especial del llamado Grupo PMI, cuyas empresas se
encuentran radicadas en paraísos fiscales, y que no están sujetas a las
leyes mexicanas porque no fueron constituidas aquí.
Otros fallidos negocios –por no decir
fraudulentos– en los que se empleó este mecanismo han sido la
participación de la petrolera mexicana en la española Repsol, en la
refinería Deer Park, así como en las sociedades para construir los
gasoductos Los Ramones y Chihuahua, privatizados tras la salida de
Lozoya de Pemex.
La mano de los expresidentes
La firma autógrafa del expresidente de
México Ernesto Zedillo Ponce de León consta en uno de los oficios clave
en este entramado empresarial. El documento data del 23 de mayo de 1989 y
en éste Zedillo autorizaba –en su calidad de secretario de Programación
y Presupuesto– la constitución de la empresa privada PMI Comercio
Internacional, a la fecha aún cabeza del Grupo PMI.
En nombre del entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari, Zedillo avaló la solicitud de Pemex respecto a la
constitución de esa “sociedad privada”. El oficio sin número de folio
–dirigido al ya fallecido Fernando Hiriart Balderrama, en ese tiempo
titular de la extinta Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal– indica que, “por acuerdo del c. presidente de la República
(…) se autoriza la participación de Petróleos Mexicanos, conjuntamente
con el Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera en el
capital social de PMI Comercio Internacional”.
Desde su creación, PMI Comercio
Internacional ha encabezado la actividad del denominado Grupo PMI: PMI
Trading, Ltd; PMI Norteamérica, SA de CV; PMI Holdings Petróleos España,
SL; PMI Holdings, BV; PMI Services North America, Inc; PMI Pemex
Services Europe, Ltd; PMI Pemex Internacional España, SA; PMI Services,
BV; PMI Holdings North America, Inc; PMI Marine, Ltd, entre otras.
Pero las compañías privadas de Pemex se
empezaron a constituir antes, a fines del sexenio de Miguel de la
Madrid. El primer oficio de este gran fraude que aún debería resguardar
la Secretaría de Hacienda data del 31 de marzo de 1988 y es sobre la
autorización dada a Pemex para crear la empresa privada PMI Services,
BV, en los Países Bajos.
Se trata del oficio 1630, firmado por
quien fuera secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe
Armella. Éste es el primer soporte documental con carácter de
autorización relacionado con las 90 inversiones de Pemex en empresas
privadas. El oficio –dirigido a Hiriart Balderrama– indicaba que: “El
Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, en sesión celebrada el
4 de febrero del presente año [1988], aprobó la constitución de una
sociedad unimembre de nacionalidad holandesa que se denominará PMI
Services, BV, cuyo único accionista será Petróleos Mexicanos y tendrá
como objeto fundamental, aunque no exclusivo, servir de instrumento
corporativo para proveer a éste de servicios relacionados con la
comercialización de petróleo crudo y sus derivados”.
Agrega que ello “coadyuvará a que las
actividades comerciales del organismo en el extranjero se desarrollen de
una manera que le permita ser más competitivo con las empresas
petroleras que actúan en el mercado internacional, así como a reducir el
riesgo de que sus ingresos por la venta del petróleo crudo queden
sujetos a impuestos locales”. El documento también indica que “la
estrategia para la internacionalización de Petróleos Mexicanos es
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y con lo
previsto en el Programa Nacional de Energéticos 1984-1988”, impulsados
por el presidente De la Madrid. Por ello, resolvió autorizar la
participación de Pemex en el capital social de la empresa, mediante la
aportación de 340 millones 950 mil pesos. La segunda compañía fue PMI
Holdings, BV, también radicada en Países Bajos. Su autorización quedó
registrada en el oficio 1.1629, del 15 de junio de 1988, con la firma de
Pedro Aspe. Como secretario de Programación y Presupuesto, Aspe también
autorizó la creación de la tercera compañía PMI Holdings, NV, en las
Antillas Holandesas, entidad considerada como paraíso fiscal. Para 2007,
esta empresa fue reubicada en España con el nombre de PMI Holdings
Petróleos España.
Ya en la administración de Salinas, el
21 de febrero de 1992, Rogelio Gasca Neri –entonces subsecretario de la
Secretaría de Programación y Presupuesto– autorizó la constitución de
Pemex Capital, Inc, en Delaware, Estados Unidos. Según el documento, su
constitución fue necesaria para que la paraestatal lograra colocar deuda
en el mercado de Estados Unidos: Pemex Capital facilitaría la emisión
del papel comercial por 250 millones de dólares y su posterior
amortización.
El 20 de abril de 1993 fue autorizada la
creación de la sexta empresa “con carácter de no paraestatal”, Kot
Insurance Company, AG, en Las Bermudas. Para ello, se facultó a Pemex
invertir recursos públicos por 7 millones de dólares, revela el oficio
721.1.369, firmado por Carlos Ruiz Sacristán, subsecretario de Egresos
de la SHCP, y dirigido a Ernesto Marcos Giacoman, director corporativo
de Finanzas de la petrolera. El 5 de noviembre de 2003 –en el gobierno
de Vicente Fox–, el Consejo de Administración de la paraestatal acordó
trasladar el domicilio fiscal de la empresa a Suiza. El cambio fue
avalado por Felipe Calderón, entonces secretario de Energía y presidente
del consejo, consta en el acta de la sesión ordinaria 748 (Contralínea
115). “El Consejo de Administración, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 4, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, toma nota tanto de las gestiones tendientes a
cambiar el domicilio social de la filial Kot Insurance Company, de
Bermudas a Suiza, y aprueba el aumento de capital social de la filial,
conforme a las disposiciones legales aplicables”. Dicha empresa tiene
por objeto reasegurar las pólizas de seguros contratados por la
paraestatal y por sus organismos subsidiarios, compañías subsidiarias y
filiales. No obstante, carece de registro como paraestatal ante la
Secretaría de Hacienda y tampoco reporta su situación a las finanzas
públicas de México. “Kot reasegura 81.6 por ciento de las pólizas de
reaseguro con terceros no afiliados. Para ello, asigna cuidadosamente el
riesgo crediticio y monitorea en forma permanente el desempeño
financiero de los terceros a los que les ha transferido el riesgo”,
indicaba el Reporte anual que se presenta de acuerdo con las
disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y
otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de
diciembre de 2006, elaborado por Pemex (https://cutt.ly/lsumnGe ).
Las cosas no fueron distintas en el
sexenio de Peña Nieto: para entonces, la red empresarial paralela llegó a
sumar 90 empresas con participación accionaria de la petrolera; 60 de
ellas, ciento por ciento de su propiedad.
Muchos negocios contrarios al interés de
la nación se hicieron al amparo de esas empresas, en su mayoría
offshore. Entre los peores, destacan las compras de empresas quebradas,
como Fertinal, Agro Nitrogenados y el astillero español Hijos de J
Barreras; las pérdidas multimillonarias por la fallida inversión en
Repsol; los negocios fraudulentos de la refinería Deer Park, o las
adquisiciones sin licitación para las subsidiarias y el Corporativo, a
través de la filial Pemex Procurement International, radicada en Estados
Unidos y antes conocida como Integrated Trade Systems. Pero también
toda la comercialización internacional del crudo mexicano, en especial
al mercado de Estados Unidos y por lo cual parte del dinero de la venta
de ese bien nacional va a parar a la tesorería del Grupo PMI en Holanda.
El 26 de octubre de 2015, la
administración de Emilio Lozoya Austin ordenó una revisión de la
estructura empresarial paralela, luego de que el Consejo de
Administración de la petrolera –en su 900 sesión extraordinaria– obligó a
la Dirección Corporativa de Alianzas y Nuevos Negocios a realizar “un
análisis con base en los indicadores operativos y financieros, así como
en la integración del capital de las empresas filiales, a efecto de
proponer en su caso, la fusión, escisión, transformación o modificación,
enajenación o disolución y liquidación”.
Como lo he informado, en julio de 2016
la gestión de José Antonio González Anaya en Pemex recibió los
resultados que revelaron que la petrolera poseía directa e
indirectamente 61 empresas filiales –de las cuales 60 eran de su total
propiedad y la restante (Hijos de J Barreras) de participación
mayoritaria– y 29 participadas (con capital accionario menor al 50 por
ciento).
Las empresas de su propiedad se
diseminaban en México y el extranjero, incluidos paraísos fiscales y
territorios fiscalmente laxos, como Islas Caimán; Delaware, Estados
Unidos; Países Bajos; Irlanda, Suiza y España, y que estarían implicadas
también en la presunta elusión internacional de impuestos.
El análisis concluyó que se debería
reducir su número y de “alinear algunos activos en las líneas de negocio
apropiadas”, como parte de la reorganización corporativa de Petróleos
Mexicanos. Por ello se inició un proyecto de reingeniería que “se
concibió para permitir optimizar la estructura corporativa de las
empresas filiales, empresas participadas y empresas productivas
subsidiarias, así como disminuir sus costos operativos, gestiones
administrativas y cargas del personal en sus roles de representantes y
consejeros”.
En uno de sus Libros blancos, la
petrolera dio cuenta al cierre del gobierno de Peña que “al mes de julio
de 2016, Pemex y sus subsidiarias participaban, de forma directa o
indirecta, en el capital social de 90 empresas; de las cuales, en 61
mantenían una participación accionaria mayor al 50 por ciento de su
capital social, y por lo tanto se consideran empresas filiales, y en las
29 empresas participadas restantes no rebasaban dicho porcentaje”.
La memoria documental Reingeniería corporativa de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias.
Periodo 2012-2018 reveló que de las 61 mayoritarias, siete las poseía
en forma directa y 54 en forma triangulada; mientras que de las
participadas, sólo dos eran inversiones directas y el resto, 27,
indirectas.
Según su actividad, en Upstream
participaban tres; en Downstream, una; en logística, 22; 10 en
comercialización; en producción y venta de petroquímicos, dos; en
cogeneración, una; astilleros, una; procura, una; financiera, tres;
administración inmobiliaria, tres; servicios portuarios, tres;
servicios, 19; tenedoras de acciones, 18; producción y venta de
fertilizantes, dos [las dos quebradas: Fertinal y Agro Nitrogenados]; y
en Fibra E, una.
Según el libro blanco, “derivado del
gran número de empresas en las que participaban tanto Pemex como sus
subsidiarias, se decidió analizar la situación operativa, legal, fiscal y
financiera de la totalidad de las empresas, con el propósito de
optimizar su estructura corporativa y disminuir los costos operativos”.
El resultado fue desastroso: 14 se
encontraban en proceso de liquidación y venta y 63 presentaban entre uno
y tres problemas (como duplicidad de funciones, mal desempeño
financiero o de plano se encontraban sin operar).
El esquema empresarial que Pemex
constituyó a lo largo de los años es tan complejo que los resultados de
la reingeniería al primer año fueron mínimos: y es que para julio de
2017 apenas había logrado vender 11 empresas, liquidar tres y fusionar
una.
Se inició entonces una segunda etapa,
que tampoco fue exitosa. Su evaluación, realizada en abril de 2018,
arrojó que se tenían 12 empresas vendidas, siete liquidadas y cuatro
fusionadas. En estas cifras se incluían los resultados de la primera
etapa.
Pese al supuesto esfuerzo por reducir estas empresas offshore, Pemex reincidió en su actuar: creó otras dos empresas privadas a pesar del proceso de reingeniería que estaba impulsando.
A septiembre de 2018, ya cuando se sabía
que López Obrador asumiría la Presidencia, el resultado no fue mejor:
su proceso de tres etapas y un ajuste consiguió vender 17 empresas y/o
participaciones accionarias; liquidar siete, y fusionar cuatro.
De esta manera, la gestión del ingeniero
Carlos Treviño heredó a la nueva administración del ingeniero Octavio
Romero un total de 62 empresas de su propiedad y participadas. Y es que,
con el programa de reingeniería, solamente pudieron impactarse 28
compañías, además de que en el proceso se crearon otras dos.
A la fecha, Pemex no ha podido extinguir
varias de esas compañías; según ha explicado el ingeniero Romero
Oropeza, esto ha ocurrido porque de varias de ellas dependen contratos
transexenales que no se pueden cancelar.
Sin duda, el juicio contra Lozoya Austin
podría dar luz respecto de esta trama terrible de corrupción, pero
sobre todo servir para repatriar miles de millones de pesos del erario
nacional que se trataron de privatizar y se dispersaron en cuentas
privadas en el extranjero, en especial en Países Bajos.
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