Huelga política nacional

José Antonio Almazán González
E
l próximo 16 de marzo al mediodía miles de banderas rojinegras serán colocadas en escuelas, barrios populares, comunidades agrarias y centros de trabajo para mostrar el repudio popular a los causantes del desastre nacional y en defensa de los derechos constitucionales violados por el mal gobierno. Quienes convocan a la huelga nacional son organizaciones sociales, sindicales, políticas y de ciudadanos, agrupadas en la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular (ANRP), entre los que destacan el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Otras organizaciones, como el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) continúan deliberando las modalidades de su participación en la huelga política nacional, particularmente el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que ha emplazado a huelga para el 25 de abril.

La ANRP señala que la huelga nacional del 16 de marzo es la oportunidad de todos y todas para detener a quienes usurpan el gobierno de la República y violentan los derechos del pueblo y su llamamiento, incluyente y plural, es “a la participación en todos los rincones de la patria a que paralicen la producción, la distribución de mercancías, a que ocupen las tierras que les han sido arrebatadas, a tomar los caminos, a protestar en las plazas, en los valles y senderos, armados de la razón y de la confianza en la lucha”. Sus demandas recogen demandas populares tales como: reducción de impuestos y precios de servicios públicos y alimentos.

Aumento salarial de emergencia y programa nacional de empleo, alimentación y vivienda; solución a las demandas del SME, a las huelgas mineras de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, son demandas de la UNT y la CNTE, así como respeto a la autonomía sindical, observancia plena de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Incremento del presupuesto para la educación, la ciencia y la cultura. Servicio médico universal. No a la privatización del petróleo, el agua, los minerales y la electricidad. Solución a los afectados ambientales. Programa emergente para asegurar la soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza en el campo. Respeto a la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Juicio político a Calderón. Libertad a los presos políticos. Castigo a los violadores de los derechos humanos y por el regreso de los militares a sus cuarteles.

Bajo la consigna: ¡O son ellos o somos nosotros!, maestros, mineros y electricistas categóricamente señalan que los grandes empresarios y sus políticos nos han llevado al límite de la sobrevivencia y del enfrentamiento. En tres años el número de pobres pasó de 40 millones a más de 50 millones; entre 7 y 8 millones de jóvenes carecen de escuela y empleo, nuestros ingresos se han reducido entre 30 y 40 por ciento. El crecimiento económico de México es el más bajo de América Latina y el peor en toda la historia moderna (...) Todos sabemos que la crisis social se profundizará en los próximos meses y años, si no ponemos un hasta aquí a quienes desgobiernan.

La conclusión de quienes integran la ANRP es clara. Mientras ellos, el mal gobierno y la oligarquía sigan dirigiendo al país no tenemos ninguna oportunidad de salir de la crisis social, pues ésta se profundizará junto con el terrorismo de Estado que en nombre del supuesto combate a la delincuencia organizada, militariza la nación y avanza hacia la implantación de una dictadura cívico-militar al servicio de Estados Unidos.

Las acciones de la huelga nacional se desarrollarán por lo menos en 25 estados de la República, pero se concentrarán solidariamente en Cananea, Sonora, y en alrededor de 300 centros de trabajo del SME. En defensa del derecho de huelga pisoteado por el mal gobierno y el nefasto Grupo México de la familia Larrea. En rechazo al inconstitucional decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido injustificado de 44 mil trabajadores electricistas.

Mientras la clase política y sus partidos discuten una reforma de Estado y tejen alianzas político-electorales sin principios para perpetuarse en el poder y seguir jodiendo al pueblo, y en tanto los usurpadores desdibujan los centenarios de la Independencia y la Revolución con pirotecnia y fuegos fatuos, buscando mediatizar los sueños de libertad, justicia y democracia del pueblo de México, abajo y a la izquierda el pueblo se organiza, expresando su malestar y coraje en contra del mal gobierno de múltiples formas como Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, los damnificados de Chalco, o los abucheos a Calderón en diversas partes del país. Sumemos todas nuestras voces en la huelga política nacional.

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