Ajuste de cuentas en una justicia selectiva
Revista Siempre!
En:Articulistas Fecha:18 agosto, 2012
La percepción de millones de mexicanos
Martín Esparza Flores
En:Articulistas Fecha:18 agosto, 2012
La percepción de millones de mexicanos
Martín Esparza Flores
La percepción de millones de mexicanos
es unánime: en nuestro país la ley se aplica con base en dos premisas:
el poder del dinero y el poder público. Por tanto, siguiendo el axioma
impuesto por la realidad y la carencia de una mínima ética en la
aplicación de la deontología jurídica, en México tenemos una justicia
selectiva que ha terminado por borrar la existencia mínima del estado de
derecho.
La Constitución y las leyes en las
distintas materias son letra muerta, sobre todo y es lamentable decirlo,
porque los jueces, magistrados y ministros, que deben actuar con base
en dos poderosos fundamentos: su conciencia y el conocimiento de las
leyes, no se sujetan, la mayoría de las veces, a lo estrictamente
establecido en el orden jurídico sino a la consigna política o el
interés económico.
Todo el país se vio reflejado en el ya célebre documental Presunto culpable,
exhibido en febrero de 2011, donde José Antonio Zuñiga, un joven
tianguista, fue acusado de homicidio y condenado a 20 años ocho meses de
prisión por el juez Héctor Palomares Medina, quien basó su veredicto en
la declaración de un testigo falso, desechando todo un cúmulo de
pruebas que incluso ubicaron al inculpado en otro sitio, el día y hora
de los hechos.
De no haber salido a la luz pública tan
atroz abuso, Zuñiga se hubiera hecho viejo en prisión, pero para
vergüenza del país, hay miles de presuntos culpables aún tras las rejas,
como sucede con los once trabajadores del Sindicato Mexicano de
Electricistas, a los que el gobierno federal les fabricó delitos por la
manifestación de sus ideas y la lucha por recuperar su empleo.
Tales son los casos de nuestros
compañeros, presos políticos: Miguel Márquez Ríos, detenido
arbitrariamente en Puebla y que a la fecha ha cumplido un año diez meses
de injusta reclusión; también, nuestros compañeros Eusebio Valdez M;
Francisco J. Domínguez; Alvaro Figueroa; Gabriel Rodríguez; Ulises
Uribe; Marco Cortés; Hugo Medina; Rogelio García; Rodolfo Vivas y
Gilberto Burgos, que llevan un año cuatro meses, presos en el Reclusorio
Oriente.
En el caso de Miguel Márquez, los
delitos que se le imputan: privación ilegal de la libertad de policías
federales; resistencia a particulares e ir en contra del consumo y la
riqueza nacional, fueron modificados en las reformas al artículo 366 del
Código de Federal de Procedimientos Penales. Y al no ser catalogados
como graves, permiten llevar el proceso en libertad bajo caución; sin
embargo, los jueces no resuelven y actúan bajo consigna. Los 10 presos
políticos del Oriente enfrentan delitos de motín, daño en propiedad
ajena, robo en pandilla y con violencia, los cuales no se aplicaban
desde la época de Díaz Ordaz, cuando se ejecutó la brutal represión a
los estudiantes del 68.
Es una lástima que en nuestro país la
ley pueda negociarse o aplicarse con criterios políticos pese a las
declaraciones rimbombantes y los buenos deseos de los ministros de la
Corte.
Y por más justa que aparente ser, la ley
manipulada desde las más altas esferas oficiales sencillamente no es
justicia, pues se asemeja más a un ajuste de cuentas a favor de los
hombres del poder, permitida con toda la inmoralidad por los altos
magistrados que no sólo aniquilan el equilibrio de poderes sino que se
convierten en lacayos de los políticos en turno.
¿O habrá alguien que lo dude?
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