La industria eléctrica en manos de trasnacionales
CONTRALÍNEA
El próximo gobierno tendrá que afrontar la desventajosa entrega que
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho del sector eléctrico
a las trasnacionales. Desde la llegada del Partido Acción Nacional
(PAN) al poder, en 2000, hasta 2011, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) otorgó un promedio de 772 permisos a productores independientes y
productores externos de energía. El gobierno federal pactó con muchos de
ellos la compra de su generación eléctrica mediante desventajosos
contratos para el país con vigencias de hasta 25 años.
Martín Esparza Flores*/Cuarta parte
Tales
son los casos de las extranjeras Iberdrola, EDF International, Unión
Fenosa, Mitsubishi, Intergen, Mitsui, TransAlta, EDFI y AES, que a
través de financiamientos vía proyectos de inversión de largo plazo han
garantizado su inversión, al obtener de la CFE el compromiso de
adquirirles su energía, al precio que ellas establezcan. Esto ocasiona
mayores costos operativos a la infraestructura eléctrica nacional, ahora
subutilizada, y genera el excesivo margen de reserva del 44 por ciento
alcanzado en 2009 contra el 21 por ciento observado en 2000. Tenemos así
una sobreproducción eléctrica que no utilizamos, pero que nos cuesta un
ojo de la cara.
Se ha entregado a particulares y en charola de plata el
negocio de la electricidad a un altísimo costo para las finanzas
públicas y para los millones de usuarios, que ahora pagan las
consecuencias con la arbitraria imposición de altas tarifas eléctricas.
No es aventurado afirmar que esta política entreguista de los panistas
ha hipotecado al sector en las próximas tres décadas. A diciembre de
2009, la compra de energía a las trasnacionales le costó al país más de
268 mil millones de pesos y se estima que por los compromisos adquiridos
de compra-venta de energía, de 2010 a 2041, los mexicanos pagaremos a
las firmas extranjeras 1.6 billones de pesos, según el análisis de la
Cuenta Pública 2009 practicado al sector eléctrico por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y entregado a la LXI Legislatura de la
Cámara de Diputados.
Pero el costo será mayor si se considera que los proyectos de
inversión de largo plazo de la CFE y su pasivo acumulado de 1999 a 2043
ascenderá a 545 mil 300 millones de pesos, según la tabla de
amortización y pago de intereses del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2010. Por ejemplo, al 31 de diciembre de 2009, la CFE pagó 63
mil 700 millones de pesos de capital y 42 mil 200 millones de pesos de
intereses, lo que significa que entre 2010 y 2043 tiene pendiente de
pago una amortización de 435 mil 400 millones de pesos, y de costo
financiero 131 mil 200 millones más. Cantidad que sumada a 1 billón 600
mil millones superará los 2 billones de pesos.
Datos de la CFE y de la Secretaría de Energía establecen con
exactitud la forma en que los gobiernos del PAN optaron por debilitar el
sector, cuya infraestructura costó a los mexicanos décadas de trabajo;
mientras en 2000 CFE y Luz y Fuerza del Centro generaban 191 mil 400
Gigavatio/hora (GWh) a nivel nacional, los permisionarios privados
apenas contribuían con 12 mil 200 GWh; para 2009, las cosas cambiaron
radicalmente a favor de los particulares, sobre todo extranjeros al
alcanzar una generación de 105 mil 900 GWh, mientras que el sector
público disminuyó a 157 mil 900 GWh.
En su análisis de 2009, la ASF estableció que, desde 2000, los
permisionarios venden electricidad a la CFE, colocada en el segmento de
la industria más rentable; el doméstico, que es donde se encuentran los
mayores problemas y más altos costos de suministro se están destinando a
las dos paraestatales (CFE y Luz y Fuerza del Centro, LFC).
“Los permisionarios tampoco corren riesgos debido a que venden la
energía comprometida a la CFE y aunque se presenten paros y haya una
menor demanda del energético, la paraestatal tiene que colocar los
excedentes al costo que sea necesario, la electricidad no se puede
almacenar y la CFE tiene que buscar que se consuma en el momento en que
se genera. Las altas tarifas de la electricidad no son producto
exclusivamente de la energía generada por el servicio público, también
se derivan de los altos costos de interconexión de los productores
independientes y de gas natural que es el único combustible que los
productores independientes de energía utilizan”. Negocio redondo.
Además, es importante resaltar que el excesivo número de
concesiones para privados ha impactado en los niveles de generación de
electricidad y en consecuencia en las ventas de CFE. De los 772 permisos
otorgados por la CRE, 24 corresponden a grandes productores
independientes, 595 a autoabastecedores, 58 para cogeneración, 37 para
importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48
para usos continuos. Todos ellos tienen autorizada una generación de 166
mil 700 GW hora/año.
Un análisis a fondo de esta política entreguista permite explicar
el porqué de la premura del gobierno de Calderón por desaparecer a LFC
mediante una acción autoritaria e ilegal; el análisis de la ASF no deja
lugar a dudas: “Con la liquidación de LFC, los particulares tendrán un
mayor campo de acción ya que tendrán que satisfacer la demanda de
electricidad de alrededor de 6 millones de usuarios y adicionalmente
podrán utilizar más abiertamente la infraestructura dejada por LFC”. La
desnacionalización está en marcha.
Dado lo anterior surgen las razones por las cuales la CFE se
encuentra en una insalvable quiebra técnica: tan sólo de 2001 a 2009,
recibió subsidios del gobierno federal por 563 mil millones de pesos. Y
sus pasivos al segundo trimestre de 2012 han llegado a los 849 mil
millones de pesos; 12.24 por ciento más que los registrados en el mismo
periodo de 2011 y que ascendieron a 756 mil 768 millones de pesos.
De no detener esta política antinacionalista, México estará
entregando sus recursos energéticos a los extranjeros, como ya sucede
con Petróleos Mexicanos, cuyos contratos de perforación y exploración
están en manos de trasnacionales. Este sector, que es estratégico
para cualquier país, debe rescatarse por el bien de las futuras
generaciones. No puede consentirse que el multimillonario saqueo
continúe en detrimento del nivel de vida de los mexicanos que cada día
pagan más cara la gasolina y la luz que consumen.
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