Despiden a auditores por revelar robo en municipio de Guadajalara
Aunque
no hay una versión oficial de los despidos, los afectados presumen que
es en represalia por haber realizado la investigación del robo de
cheques.
Revista EMET
Guadalajara.- Tras ventilar que una red de funcionarios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se apropió de al menos 14 cheques emitidos a nombre de trabajadores sindicalizados de la Sección de Monitoreo, por un monto total de 324 mil pesos, tres auditores de la Contraloría interna del organismo fueron separados del cargo.
Aunque el director general del SIAPA, José Luis Hernández Amaya, conoce desde hace casi cuatro meses los señalamientos en contra de su director jurídico, Uriel Parga, y otros funcionarios, no ha habido sanción en su contra.
Ayer por la mañana, los auditores Pedro Olivares, Yolanda Cortés y Alfredo Pérez, así como la secretaria Fabiola Navarro, no pudieron entrar a trabajar.
Aunque no hay una versión oficial de los despidos, los afectados presumen que es en represalia por haber realizado la investigación del robo de cheques.
El director general conoció desde el 22 de mayo pasado las resoluciones de la Contraloría interna, en las que se pide que inicie personalmente las acciones legales que correspondan, ya que "el departamento jurídico y/o la sección de relaciones laborales de este organismo pueden ser juez y parte".
De hecho, un mes antes el director había sido advertido por el sindicato SEPSIAPA de los señalamientos que había en contra de sus subalternos.
"De acuerdo a la información que tenemos y a los cheques que nos mostró el Departamento de Legalidad de la Contraloría del SIAPA, nos percatamos que las personas involucradas dentro de este Organismo son Uriel Parga Ramírez, jefe del Departamento Jurídico, Enrique Peredo Avalos, jefe de Relaciones Laborales, y Francisco Javier Flores Pérez, Abogado interno, todos ellos del SIAPA", apunta el oficio entregado el 26 de abril al director general.
A pesar de contar con los elementos, Hernández Amaya no hizo nada al respecto y fue el Sindicato el que, en julio pasado, presentó, junto con los trabajadores afectados, las denuncias penales correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia que citó al director del sistema para que declare lo que conoce del asunto.
Se buscó ayer al director general del organismo, pero su área de Comunicación Social no respondió la solicitud de entrevista.
Con información de David Estrada
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