Caso Monex: una multa y se acabó.
En
2003 el IFE impuso multas de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y
184 millones 198 mil 610 para el Partido Verde Ecologista de México, por
haber rebasado los topes para gastos de campaña.
Revista EMET - La Jornada
Los
casos Monex y Soriana guardan mucha similitud con lo ocurrido hace 12
años, cuando por primera ocasión se descubrieron financiamientos
ilícitos en las campañas presidenciales de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y que se conocieron como
Pemexgate y Amigos de Fox. Los candidatos eran Francisco Labastida Ochoa
y Vicente Fox Quesada, respectivamente.
En los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
En los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
Sin
embargo, en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, la Procuraduría
General de la República (PGR) nunca logró acreditar la existencia de
delitos que se tipifican en el Código Penal Federal como delincuencia
organizada, aunque en el ámbito electoral se impusieron multas
millonarias al PAN y al PRI por rebasar los topes de gastos de campaña,
pero no se modificaron los resultados de la elección.
Recursos volátiles
En
el caso conocido hoy como Monexgate, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga si los recursos que
debieron destinarse a promoción de Peña Nieto se desviaron para comprar
votos.
A
este respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha confirmado que
el PRI utilizó empresas privadas para adquirir tarjetas del Banco Monex y
que, a través de ellas, al menos 70 millones de pesos fueron
canalizados para actividades relacionadas con la elección presidencial;
ante la denuncia del Movimiento Progresista de que se trató de dinero
ilícito, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (Siedo) participa en las indagatorias.
La
Fepade únicamente podrá sancionar –en caso de que lo acredite– los
delitos de tipo electoral y tendrá que consignar a los responsables ante
jueces federales, pero los indiciados podrán enfrentar su proceso en
libertad bajo fianza, porque esos ilícitos no son considerados graves.
Asimismo, sus investigaciones no tendrán ningún impacto en la
calificación de la elección.
Para
que se considere que existió el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita, y que se violó la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, la Siedo tendrá que acreditar que el dinero
provino de un delito anterior y, a sabiendas, los priístas ocultaron su
origen.
¿El petróleo en la política?
En
mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy,
transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de
administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que
fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a
México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El
10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam) presentó denuncia penal ante la Procuraduría
General de la República (PGR) por el manejo irregular de recursos
federales a través del sindicato petrolero y se inició la averiguación
previa PGR/UEDO 182/2001 por lavado de dinero.
En
enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza,
miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se
convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los
mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El
5 de mayo de ese año, la PGR solicitó órdenes de aprehensión y el
juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a cargo
de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra
Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de la paraestatal Carlos
Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La
procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya
que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron
entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex.
En
2003, el IFE impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por
rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
El
26 de agosto de 2011 concluyó el Pemexgate. El juzgado 13 de distrito
con sede en la ciudad de México declaró prescrito el delito de peculado
electoral para el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Entre amigos
En
mayo de 2000, La Jornada publicó los primeros indicios de que en la
campaña presidencial de Vicente Fox se habían utilizado recursos
ilegales: el First National Bank denunció ante la PGR a Juan Pablo Fox
Quesada (hermano de Vicente) por el delito de fraude, y reveló que una
de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos
destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
En ese año, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En ese año, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En
el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el IFE impuso multas de
360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para el
Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para
gastos de campaña.
Las
investigaciones de la Fepade y la Siedo fueron archivadas por
considerar que no se cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
A tarjetazos
En
el caso que está en curso, el Movimiento Progresista denunció ante la
PGR, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) que por medio del Grupo Financiero Monex y la cadena de tiendas
Soriana el PRI trianguló millones de pesos para comprar votos a favor de
su candidato, Enrique Peña Nieto.
Las
primeras investigaciones, realizadas por el área de fiscalización del
IFE, han detectado que el tricolor utilizó a los grupos Koleos y Tiguan,
la comercializadora Atama y a las empresas Inizzio y Efra para
depositar más de 70 millones de pesos en tarjetas prepagadas de Monex.
La
dirigencia nacional priísta reconoció que usó los monederos
electrónicos (Monex) para pagar a sus representantes de casilla, y que
el dinero forma parte de la partida de gastos ordinarios del Comité
Ejecutivo Nacional.
Sin
embargo, el Movimiento Progresista ha señalado que existió un presunto
financiamiento ilegal y lavado de dinero en estas acciones.
También
ha denunciado que mediante miles de tarjetas de la cadena Soriana, en
las cuales se depositaron entre cien y mil pesos en cada una, se realizó
la compra de votos.
En
días pasados, la Fepade llevó a cabo diligencias en los estados de
Guanajuato y Zacatecas, y en ellas se tomó declaración a representantes
tricolores.
En
el caso de Guanajuato, declararon cuatro priístas; uno entregó una
tarjeta Monex Recompensas, mostró su nombramiento de representante de
casilla y aceptó haber recibido un pago por fungir como representante.
Revista EMET - La Jornada
Comentarios