Calderón declaró la guerra al narco y a los sindicatos independientes: gremios de EU
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2010, p. 15
El presidente de la Federación Estadunidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), Richard L. Trumka, envió a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al jefe de la mayoría en el Senado, Harry Reid, una carta en la que manifiesta el apoyo de esa organización a los gremios de asalariados mineros y electricistas de México, y señala que ambos gremios han sido “agredidos por el actual gobierno de Felipe Calderón”.
La carta señala el profundo rechazo que entre las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos ocasiona la política antisindical de Calderón Hinojosa y hace ver que sin tomar en cuenta lo pactado en el acuerdo laboral paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “el gobierno de México continúa violando los derechos de los trabajadores mexicanos con una impunidad casi total”.
Indica que “desafortunadamente Estados Unidos no ha presionado seriamente a México sobre este importante tema que tiene un impacto abrumador en los trabajadores y sus familias en todo el continente. El tiempo para hacerlo es ahora”.
La AFL-CIO hizo ver además que ayer mismo, a las 14 horas de Washington, se manifestaban contingentes de esta organización y de los trabajadores del acero frente a la Casa Blanca, “con pancartas de repudio a esa política antisindical del gobierno de Calderón”.
Richard L. Trumka, quien es un dirigente de origen minero y metalúrgico, y encabeza a la AFL-CIO, una de las organizaciones más fuertes de Estados Unidos, señala en la carta que al mismo tiempo que el presidente Calderón ha declarado la guerra contra el narcotráfico, también la ha declarado contra los sindicatos independientes, democráticos.
“Por ejemplo, el gobierno de México sistemáticamente ha atacado al sindicato de trabajadores mineros. Las autoridades se han negado a reconocer los resultados de las elecciones sindicales y han presentado falsos cargos criminales contra el líder del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia. Los activos del gremio se han confiscado por razones sin fundamento. Los trabajadores también han sido objeto de una prolongada campaña de represión que ha dejado dos muertos a manos de las fuerzas de seguridad y muchos otros heridos”, indica.
Añade que incluso ahora, “el secretario del Trabajo mexicano amaga con el uso de las fuerzas armadas para desalojar a los trabajadores en huelga en la mina de Cananea”.
En tanto, el pasado octubre, el presidente Calderón también despidió a 44 mil miembros del independiente Sindicato Mexicano de Electricistas, negándose completamente a negociar con el gremio, como lo indica el contrato colectivo de trabajo existente. El gobierno también se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones sindicales.
Finalmente, la administración de Calderón propone actualmente una reforma a la ley laboral que restringiría aún más los derechos laborales fundamentales, en contravención de sus obligaciones con la Organización Internacional del Trabajo y Estados Unidos y Canadá bajo el acuerdo de cooperación laboral con sus dos socios comerciales del norte.
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Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2010, p. 15
El presidente de la Federación Estadunidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), Richard L. Trumka, envió a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al jefe de la mayoría en el Senado, Harry Reid, una carta en la que manifiesta el apoyo de esa organización a los gremios de asalariados mineros y electricistas de México, y señala que ambos gremios han sido “agredidos por el actual gobierno de Felipe Calderón”.
La carta señala el profundo rechazo que entre las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos ocasiona la política antisindical de Calderón Hinojosa y hace ver que sin tomar en cuenta lo pactado en el acuerdo laboral paralelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “el gobierno de México continúa violando los derechos de los trabajadores mexicanos con una impunidad casi total”.
Indica que “desafortunadamente Estados Unidos no ha presionado seriamente a México sobre este importante tema que tiene un impacto abrumador en los trabajadores y sus familias en todo el continente. El tiempo para hacerlo es ahora”.
La AFL-CIO hizo ver además que ayer mismo, a las 14 horas de Washington, se manifestaban contingentes de esta organización y de los trabajadores del acero frente a la Casa Blanca, “con pancartas de repudio a esa política antisindical del gobierno de Calderón”.
Richard L. Trumka, quien es un dirigente de origen minero y metalúrgico, y encabeza a la AFL-CIO, una de las organizaciones más fuertes de Estados Unidos, señala en la carta que al mismo tiempo que el presidente Calderón ha declarado la guerra contra el narcotráfico, también la ha declarado contra los sindicatos independientes, democráticos.
“Por ejemplo, el gobierno de México sistemáticamente ha atacado al sindicato de trabajadores mineros. Las autoridades se han negado a reconocer los resultados de las elecciones sindicales y han presentado falsos cargos criminales contra el líder del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia. Los activos del gremio se han confiscado por razones sin fundamento. Los trabajadores también han sido objeto de una prolongada campaña de represión que ha dejado dos muertos a manos de las fuerzas de seguridad y muchos otros heridos”, indica.
Añade que incluso ahora, “el secretario del Trabajo mexicano amaga con el uso de las fuerzas armadas para desalojar a los trabajadores en huelga en la mina de Cananea”.
En tanto, el pasado octubre, el presidente Calderón también despidió a 44 mil miembros del independiente Sindicato Mexicano de Electricistas, negándose completamente a negociar con el gremio, como lo indica el contrato colectivo de trabajo existente. El gobierno también se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones sindicales.
Finalmente, la administración de Calderón propone actualmente una reforma a la ley laboral que restringiría aún más los derechos laborales fundamentales, en contravención de sus obligaciones con la Organización Internacional del Trabajo y Estados Unidos y Canadá bajo el acuerdo de cooperación laboral con sus dos socios comerciales del norte.
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