Nuestra gente
Jueves, 20 de Mayo de 2010 20:07
CFE y LFC
Fernando ALMEYDA COBOS
Hasta el primer tercio del siglo XIX en México la energía eléctrica la proporcionaban compañías extranjeras. En 1911 se creó la Liga Mexicana de Electricistas (LME); en 1914 se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el que en 1936 se declaró en huelga contra Mex-Light, como consecuencia de la cual empresa y sindicato firmaron uno de los contratos más avanzados de la época, y en 1937 nació la CFE. En 1938, por la preocupación gubernamental de controlar la generación, la transmisión y la comercialización de la energía eléctrica, se publicó el decreto presidencial del “Proyecto Ley de Energía Eléctrica”, iniciándose así el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, de manera gradual, misma que concluyó en 1960.
Previa reforma al artículo 27 constitucional, el Gobierno Federal adquirió las empresas extranjeras concesionadas y en su lugar creó la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que se transformó después en Luz y Fuerza del Centro (LFC), misma que abastecía energía eléctrica al DF, y a gran parte de los municipios del Estado de México, de Puebla, de Michoacán, de Morelos y de Hidalgo; al resto del país lo atendía la CFE.
Como ha pasado con casi todos los grandes sindicatos de las paraestatales del país, sin una relación balanceada entre productividad y beneficios laborales, las “conquistas sindicales” —mayores las de LFC— llevaron paulatinamente a la quiebra tanto a LFC como a la CFE, y como la CFE suministraba energía al 70% de la población mexicana, en 1974 se puso a LFC en proceso de liquidación, impidiéndosele crecer en generación. Pese a lo anterior, en 1985 el sindicato de la CFE (Suterm) y el de LFC (SME) firmaron un acuerdo de delimitación de áreas de suministro, mismo que perduró hasta que, en el 2009, al negarse la Secretaría del Trabajo a dar la “toma de nota” al que la directiva del SME consideró como ganador de elecciones sindicales internas y se amenazó por esa razón con huelga, el Gobierno Federal consideró propicia la ocasión para que, en forma sorpresiva y a medianoche, “tomara” con fuerzas federales del orden las instalaciones de LFC y simultáneamente, no antes ni a través del Congreso como debió haber sido, decretara su extinción.
Nadie que crea en el país y en sus instituciones debe justificar que con dineros públicos se premie la ineficiencia y la corrupción que existe en todas las empresas paraestatales, pero también nadie debería eludir el juicio certero de repartir responsabilidades, pues los sindicatos cumplen con su función de lograr cada vez más y más “conquistas” aunque inmoralmente no midan los efectos de su desmedida ambición, pero las administraciones que pactaron con ellos las respectivas revisiones contractuales no cumplieron, aún cuando lo hubieran consentido en aras de la paz laboral, con sus obligaciones constitucionales.Ese proceso de extinción de LFC fue anticonstitucional; si el SME se hubiera ido a la huelga y fuera comprobable la ilegalidad de las elecciones impugnadas, la requisa procedía y hubiese sido el inicio correcto del cumplimiento de la liquidación ya decretada.Pero el Gobierno Federal fue efectivo en la campaña difamatoria a través de todos los medios de comunicación masiva, como ahora lo está haciendo imputándole al SME actividades de sabotaje en el DF, mintiendo arteramente porque no hay forma segura para nadie meterse a ductos eléctricos para provocar corto-circuitos, sino que los cables de alta tensión subterráneos son altamente susceptibles de fallar cuando por envejecimiento de sus aislamientos se “conectan” a tierra por medio del agua. Mienten quienes dicen que tirando alambres hacia los conductores sin aislamiento de las calles provocan esos corto-circuitos, lo cual es posible sólo si esos alambres hacen contacto simultáneo con dos de dichos cables, y aún en ese caso opera la protección hacia atrás más cercana que aisla el área de la falla.Por otra parte, sólo desde los cuartos de control, y desde las subestaciones principales, se pueden disparar circuitos, lo que los operadores hacen selectivamente cuando tienen que protegerse áreas determinadas de fallas detectadas.La privatización, que hace mucho se permite pese a lo que en contrario establece el artículo 27 constitucional, lo han hecho parecer necesario previa disminución presupuestal en la operación de las plantas de generación de la CFE que, como la de Lerma, opera sólo a poco más del 50%. Hay documentos que prueban que la inundación que afectó a Chiapas y a Tabasco en el 2007 se debió en gran parte a que por la voluntaria baja productividad de las hidroeléctricas que hacen uso de las aguas de las presas Chicoasén, Malpaso, La Angostura y Peñitas, éstas aportaron su caudal y su fuerza no utilizadas a las de por sí copiosas lluvias de entonces.Esas empresas privadas se llevan la tajada del león, pues hacen lo más fácil que es generar y le dejan la transmisión, la distribución y el cobro a la CFE. Para septiembre de este año la CFE habrá pagado a una empresa sueca la cantidad de 300 millones de dólares por la construcción de la planta Termoeléctrica Monterrey II, mediante contrato adjudicado de manera irregular como muchos otros aprobados por Alfredo Elías Ayub, a quien el Presidente Calderón le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería 2009, poco después de desaparecer a LFC con afanes evidentemente comparativos y mediáticos.
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CFE y LFC
Fernando ALMEYDA COBOS
Hasta el primer tercio del siglo XIX en México la energía eléctrica la proporcionaban compañías extranjeras. En 1911 se creó la Liga Mexicana de Electricistas (LME); en 1914 se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el que en 1936 se declaró en huelga contra Mex-Light, como consecuencia de la cual empresa y sindicato firmaron uno de los contratos más avanzados de la época, y en 1937 nació la CFE. En 1938, por la preocupación gubernamental de controlar la generación, la transmisión y la comercialización de la energía eléctrica, se publicó el decreto presidencial del “Proyecto Ley de Energía Eléctrica”, iniciándose así el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, de manera gradual, misma que concluyó en 1960.
Previa reforma al artículo 27 constitucional, el Gobierno Federal adquirió las empresas extranjeras concesionadas y en su lugar creó la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, que se transformó después en Luz y Fuerza del Centro (LFC), misma que abastecía energía eléctrica al DF, y a gran parte de los municipios del Estado de México, de Puebla, de Michoacán, de Morelos y de Hidalgo; al resto del país lo atendía la CFE.
Como ha pasado con casi todos los grandes sindicatos de las paraestatales del país, sin una relación balanceada entre productividad y beneficios laborales, las “conquistas sindicales” —mayores las de LFC— llevaron paulatinamente a la quiebra tanto a LFC como a la CFE, y como la CFE suministraba energía al 70% de la población mexicana, en 1974 se puso a LFC en proceso de liquidación, impidiéndosele crecer en generación. Pese a lo anterior, en 1985 el sindicato de la CFE (Suterm) y el de LFC (SME) firmaron un acuerdo de delimitación de áreas de suministro, mismo que perduró hasta que, en el 2009, al negarse la Secretaría del Trabajo a dar la “toma de nota” al que la directiva del SME consideró como ganador de elecciones sindicales internas y se amenazó por esa razón con huelga, el Gobierno Federal consideró propicia la ocasión para que, en forma sorpresiva y a medianoche, “tomara” con fuerzas federales del orden las instalaciones de LFC y simultáneamente, no antes ni a través del Congreso como debió haber sido, decretara su extinción.
Nadie que crea en el país y en sus instituciones debe justificar que con dineros públicos se premie la ineficiencia y la corrupción que existe en todas las empresas paraestatales, pero también nadie debería eludir el juicio certero de repartir responsabilidades, pues los sindicatos cumplen con su función de lograr cada vez más y más “conquistas” aunque inmoralmente no midan los efectos de su desmedida ambición, pero las administraciones que pactaron con ellos las respectivas revisiones contractuales no cumplieron, aún cuando lo hubieran consentido en aras de la paz laboral, con sus obligaciones constitucionales.Ese proceso de extinción de LFC fue anticonstitucional; si el SME se hubiera ido a la huelga y fuera comprobable la ilegalidad de las elecciones impugnadas, la requisa procedía y hubiese sido el inicio correcto del cumplimiento de la liquidación ya decretada.Pero el Gobierno Federal fue efectivo en la campaña difamatoria a través de todos los medios de comunicación masiva, como ahora lo está haciendo imputándole al SME actividades de sabotaje en el DF, mintiendo arteramente porque no hay forma segura para nadie meterse a ductos eléctricos para provocar corto-circuitos, sino que los cables de alta tensión subterráneos son altamente susceptibles de fallar cuando por envejecimiento de sus aislamientos se “conectan” a tierra por medio del agua. Mienten quienes dicen que tirando alambres hacia los conductores sin aislamiento de las calles provocan esos corto-circuitos, lo cual es posible sólo si esos alambres hacen contacto simultáneo con dos de dichos cables, y aún en ese caso opera la protección hacia atrás más cercana que aisla el área de la falla.Por otra parte, sólo desde los cuartos de control, y desde las subestaciones principales, se pueden disparar circuitos, lo que los operadores hacen selectivamente cuando tienen que protegerse áreas determinadas de fallas detectadas.La privatización, que hace mucho se permite pese a lo que en contrario establece el artículo 27 constitucional, lo han hecho parecer necesario previa disminución presupuestal en la operación de las plantas de generación de la CFE que, como la de Lerma, opera sólo a poco más del 50%. Hay documentos que prueban que la inundación que afectó a Chiapas y a Tabasco en el 2007 se debió en gran parte a que por la voluntaria baja productividad de las hidroeléctricas que hacen uso de las aguas de las presas Chicoasén, Malpaso, La Angostura y Peñitas, éstas aportaron su caudal y su fuerza no utilizadas a las de por sí copiosas lluvias de entonces.Esas empresas privadas se llevan la tajada del león, pues hacen lo más fácil que es generar y le dejan la transmisión, la distribución y el cobro a la CFE. Para septiembre de este año la CFE habrá pagado a una empresa sueca la cantidad de 300 millones de dólares por la construcción de la planta Termoeléctrica Monterrey II, mediante contrato adjudicado de manera irregular como muchos otros aprobados por Alfredo Elías Ayub, a quien el Presidente Calderón le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería 2009, poco después de desaparecer a LFC con afanes evidentemente comparativos y mediáticos.
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