Para eso no lucharon
Escrito por José Manuel Pérez Durán, el 02-06-2010
El generalísmo Jose María Morelos o el mismísimo Emiliano Zapata no imaginaron el México de hoy. Cruentas las etapas de la Independencia y de la Revolución, costaron miles de vidas, el pueblo sufrió hambre y desesperación.
Hoy la estrategia fallida de la guerra contra el narcotráfico no es la mejor manera de celebrar el bicentenario y el centenario de los grandes movimientos emancipadores de México. El Siervo de la Nación y el Caudillo del Sur no lucharon para que nuestro país esté en la triste condición que se encuentra, de muerte, impunidad, desolación, pobreza de los más y concentrada la riqueza en las manos de unos cuantos. A fuerza de repetirse, pintando la violencia de sangre el entorno de la cotidianidad social, los mexicanos nos hemos acostumbrado a las noticias nefastas sobre el crimen organizado, pero no resignado. Separado de la sociedad en vez de ir de su mano, el gobierno repite el discurso de la no claudicación, pero en los hechos de la realidad rampante la gente común tiene otra visión. Pareciera contradictoria la frase de que la sociedad ha perdido la capacidad de asombro, puesto que no dejan de estremecerla expresiones de violencia inaudita como la decapitación del director del penal de Atlacholohaya. Habituada al recurso de la declaracionitis de funcionarios públicos, la sociedad tampoco se extraña que el secretario de gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, vierta una declaración de cajón: “el hecho se investigará, llegaremos hasta las últimas consecuencias y bla, bla, bla”. Lo cual, por supuesto, no abona al mejoramiento del estado de cosas del centro de reclusión más grande y poblado del estado, históricamente corrompido sí, pero cuyos eventos criminales recientes lo particularizan con problemas de soluciones radicalmente complejas que no atina a aplicar la Secretaría de Seguridad Pública como dependencia del área de responsabilidades de Hernández Benítez. Sin embargo, las expresiones indeseables no se limitan a la delincuencia organizada. Uno: precisamente en la tierra natal del general Emiliano Zapata, en el municipio de la antigua Villa de Ayala a la que pertenece el pueblo de Anenecuilco, la empresa SARE edifica un conjunto habitacional de entre 2 mil y 2 mil 500 viviendas. Campeones de quejas por parte de compradores de casas de interés social, la investigación de la compañera Yéssica Morales enfatiza que los dueños de la susodicha empresa planean perforar pozos que podrían afectar el suministro de agua a seis comunidades y trece ejidos. Pero ahí, donde grandes extensiones de la tierra dejaron de ser de campesinos que la trabajaron con sus propias manos, no llega la justicia social. Fingen demencia las autoridades municipales, estatales y federales que otorgaron los permisos de construcción y uso de suelo para un elevado número de viviendas que no serán de lugareños, sino enfocadas a clientes potenciales del Distrito Federal. Cómplice de SARE y otras compañías de mañas similares, la autoridad vuelve a apostar al olvido, a que pase el tiempo y “se enfríe” el asunto. Lo que hoy se denuncia, se denunció cuando inició la construcción de las Torres Altitude y, entonces presidido por el luego senador y aspirante a gobernador Adrián Rivera Pérez, el Ayuntamiento de Cuernavaca aseguró que estaba bien lo que pronto se demostró estaba mal de origen, a partir de los problemas de vialidad, seguridad y otros que el conjunto residencial no tardaría en evidenciar. Y dos: las secuelas del desalojo de trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro por parte de elementos de la Policía Federal. Una cosa fue que, en el cumplimiento del proceso de los Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), los “guardianes del orden” rescataran equipo para la Comisión Federal de Electricidad, otra la represión de que hicieron víctimas a miembros del SME y una más actos de simulación como los de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y diputados del Congreso Estatal pidiendo un informe detallado de la madriza generalizada cuya condena no pasará del discurso en tribuna y la “justificación” para el trabajo de la ombudswoman Benítez, pues los policías golpeadores ni serán detenidos y mucho menos encarcelados… ME LEEN MAÑANA.
Fuente
El generalísmo Jose María Morelos o el mismísimo Emiliano Zapata no imaginaron el México de hoy. Cruentas las etapas de la Independencia y de la Revolución, costaron miles de vidas, el pueblo sufrió hambre y desesperación.
Hoy la estrategia fallida de la guerra contra el narcotráfico no es la mejor manera de celebrar el bicentenario y el centenario de los grandes movimientos emancipadores de México. El Siervo de la Nación y el Caudillo del Sur no lucharon para que nuestro país esté en la triste condición que se encuentra, de muerte, impunidad, desolación, pobreza de los más y concentrada la riqueza en las manos de unos cuantos. A fuerza de repetirse, pintando la violencia de sangre el entorno de la cotidianidad social, los mexicanos nos hemos acostumbrado a las noticias nefastas sobre el crimen organizado, pero no resignado. Separado de la sociedad en vez de ir de su mano, el gobierno repite el discurso de la no claudicación, pero en los hechos de la realidad rampante la gente común tiene otra visión. Pareciera contradictoria la frase de que la sociedad ha perdido la capacidad de asombro, puesto que no dejan de estremecerla expresiones de violencia inaudita como la decapitación del director del penal de Atlacholohaya. Habituada al recurso de la declaracionitis de funcionarios públicos, la sociedad tampoco se extraña que el secretario de gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, vierta una declaración de cajón: “el hecho se investigará, llegaremos hasta las últimas consecuencias y bla, bla, bla”. Lo cual, por supuesto, no abona al mejoramiento del estado de cosas del centro de reclusión más grande y poblado del estado, históricamente corrompido sí, pero cuyos eventos criminales recientes lo particularizan con problemas de soluciones radicalmente complejas que no atina a aplicar la Secretaría de Seguridad Pública como dependencia del área de responsabilidades de Hernández Benítez. Sin embargo, las expresiones indeseables no se limitan a la delincuencia organizada. Uno: precisamente en la tierra natal del general Emiliano Zapata, en el municipio de la antigua Villa de Ayala a la que pertenece el pueblo de Anenecuilco, la empresa SARE edifica un conjunto habitacional de entre 2 mil y 2 mil 500 viviendas. Campeones de quejas por parte de compradores de casas de interés social, la investigación de la compañera Yéssica Morales enfatiza que los dueños de la susodicha empresa planean perforar pozos que podrían afectar el suministro de agua a seis comunidades y trece ejidos. Pero ahí, donde grandes extensiones de la tierra dejaron de ser de campesinos que la trabajaron con sus propias manos, no llega la justicia social. Fingen demencia las autoridades municipales, estatales y federales que otorgaron los permisos de construcción y uso de suelo para un elevado número de viviendas que no serán de lugareños, sino enfocadas a clientes potenciales del Distrito Federal. Cómplice de SARE y otras compañías de mañas similares, la autoridad vuelve a apostar al olvido, a que pase el tiempo y “se enfríe” el asunto. Lo que hoy se denuncia, se denunció cuando inició la construcción de las Torres Altitude y, entonces presidido por el luego senador y aspirante a gobernador Adrián Rivera Pérez, el Ayuntamiento de Cuernavaca aseguró que estaba bien lo que pronto se demostró estaba mal de origen, a partir de los problemas de vialidad, seguridad y otros que el conjunto residencial no tardaría en evidenciar. Y dos: las secuelas del desalojo de trabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro por parte de elementos de la Policía Federal. Una cosa fue que, en el cumplimiento del proceso de los Servicios de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), los “guardianes del orden” rescataran equipo para la Comisión Federal de Electricidad, otra la represión de que hicieron víctimas a miembros del SME y una más actos de simulación como los de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y diputados del Congreso Estatal pidiendo un informe detallado de la madriza generalizada cuya condena no pasará del discurso en tribuna y la “justificación” para el trabajo de la ombudswoman Benítez, pues los policías golpeadores ni serán detenidos y mucho menos encarcelados… ME LEEN MAÑANA.
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