Autorizan diputados la tarifa especial eléctrica para pueblos
Denuncian que la paraestatal promueve procesos penales contra dirigentes de la UPOEG
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 16 de noviembre. En medio de hostigamientos, amenazas y demandas penales contra integrantes de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), se aprobó un presupuesto para la tarifa preferencial del electricidad y el pago del adeudo que se tiene a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, hay dos demandas penales contra los manifestantes.
Este miércoles los diputados federales aprobaron un presupuesto de 100 millones de pesos, de los cuales, 35 millones fue por parte del Congreso de la Unión; 15 millones por parte del gobierno del estado y 50 millones que aportarán para la condonación de la deuda con la paraestatal.
En conferencia de prensa, Plácido Valerio denunció que hay dos demandas penales, una en su contra y otra en contra de David Bracamontes, quien es el responsable de la toma de las instalaciones de la CFE en Ometepec.
Además de la intimidación por parte de militares a los estudiantes que tomaron las instalaciones de la CFE en Chilpancingo y del acoso que sufren familiares de David Bracamontes en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.
De hecho, en espots de radio de la CFE, se informa a la población sobre las tomas de las oficinas en Tlapa, Ometepec, Chilpancingo por parte de “diversos grupos personas” quienes, acusan impiden realizar operaciones básicas como la conexión de nuevos servicios, reconexiones, reparación de transformadores y el mantenimiento a las líneas.
“Por eso la CFE está emprendiendo acciones legales que el caso amerita”, advirtien en el aviso.
Al respecto, Plácido Valerio dijo que no les preocupan esas amenazas, “ya estamos curados de espanto”, pues recordó que desde que iniciaron el movimiento de resistencia, han recibido amenazas, y dijo que el movimiento de resistencia no termina, pues aún falta el aprobar la tarifa preferencial para las comunidades marginadas del estado, y mientras eso se da “vamos a pagar lo que creemos que consumimos, no lo que ellos creen, vamos a pagar un aproximado”.
Bracamontes Chona de igual forma denunció que como parte de las represalias que está tomando la CFE por las acciones del no pago, este lunes, su esposa le informó que un grupo de personas estaba merodeando su casa.
Agregó que se están juntando firmas de apoyo para integrar una averiguación contra el director jurídico de Ometepec, Alejandro Zúñiga, quien ha estado violentando los derechos humanos de algunas personas que adeudan a la CFE, ya que coloca las fotos de los deudores en las paredes de las instalaciones de la paraestatal.
Además de que el funcionario los amenazó con encarcelarlos e incluso dijo, algunos ya fueron citados por el Ministerio Público.
Bracamontes Chona junto con otros integrantes de la UPOEG de La Montaña y Costa Chica entregó un documento en el que exigen la destitución de Alejandro Zúñiga, así como se le habrá una investigación y se sancione a quien resulte responsable por la muerte de Romelia Ramírez, quien falleció luego de un enfrentamiento con un empleado de la CFE, al intentar evitar robo de cables.
Fuente
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Chilpancingo, 16 de noviembre. En medio de hostigamientos, amenazas y demandas penales contra integrantes de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), se aprobó un presupuesto para la tarifa preferencial del electricidad y el pago del adeudo que se tiene a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, hay dos demandas penales contra los manifestantes.
Este miércoles los diputados federales aprobaron un presupuesto de 100 millones de pesos, de los cuales, 35 millones fue por parte del Congreso de la Unión; 15 millones por parte del gobierno del estado y 50 millones que aportarán para la condonación de la deuda con la paraestatal.
En conferencia de prensa, Plácido Valerio denunció que hay dos demandas penales, una en su contra y otra en contra de David Bracamontes, quien es el responsable de la toma de las instalaciones de la CFE en Ometepec.
Además de la intimidación por parte de militares a los estudiantes que tomaron las instalaciones de la CFE en Chilpancingo y del acoso que sufren familiares de David Bracamontes en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.
De hecho, en espots de radio de la CFE, se informa a la población sobre las tomas de las oficinas en Tlapa, Ometepec, Chilpancingo por parte de “diversos grupos personas” quienes, acusan impiden realizar operaciones básicas como la conexión de nuevos servicios, reconexiones, reparación de transformadores y el mantenimiento a las líneas.
“Por eso la CFE está emprendiendo acciones legales que el caso amerita”, advirtien en el aviso.
Al respecto, Plácido Valerio dijo que no les preocupan esas amenazas, “ya estamos curados de espanto”, pues recordó que desde que iniciaron el movimiento de resistencia, han recibido amenazas, y dijo que el movimiento de resistencia no termina, pues aún falta el aprobar la tarifa preferencial para las comunidades marginadas del estado, y mientras eso se da “vamos a pagar lo que creemos que consumimos, no lo que ellos creen, vamos a pagar un aproximado”.
Bracamontes Chona de igual forma denunció que como parte de las represalias que está tomando la CFE por las acciones del no pago, este lunes, su esposa le informó que un grupo de personas estaba merodeando su casa.
Agregó que se están juntando firmas de apoyo para integrar una averiguación contra el director jurídico de Ometepec, Alejandro Zúñiga, quien ha estado violentando los derechos humanos de algunas personas que adeudan a la CFE, ya que coloca las fotos de los deudores en las paredes de las instalaciones de la paraestatal.
Además de que el funcionario los amenazó con encarcelarlos e incluso dijo, algunos ya fueron citados por el Ministerio Público.
Bracamontes Chona junto con otros integrantes de la UPOEG de La Montaña y Costa Chica entregó un documento en el que exigen la destitución de Alejandro Zúñiga, así como se le habrá una investigación y se sancione a quien resulte responsable por la muerte de Romelia Ramírez, quien falleció luego de un enfrentamiento con un empleado de la CFE, al intentar evitar robo de cables.
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