México: Fracaso de la guerra que ahora niegan
lunes 14 de noviembre de 2011
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Desde el título Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, Human Rights Watch no deja el menor margen para el equívoco sobre la naturaleza y el contenido de su informe presentado a Los Pinos el día 9.
Resultado de una investigación realizada durante dos años en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco -es decir, no incluye a los paradigmáticos Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas-, con documentación oficial obtenida de 200 entrevistas con víctimas, cifras gubernamentales y 60 peticiones formales al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el informe de 236 páginas sostiene que integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal y sus tristes pares estatales “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”.
A pesar de lo focalizado de la investigación pero no las conclusiones de HRW, el general de cinco estrellas que festinaba la autocrática guerra que decretó para legitimarse en la silla presidencial, satisfacer exigencias de la Casa Blanca y el creciente reclamo ciudadano de más y mejor seguridad pública, muestra signos de agotamiento en el discurso y la gestión sexenales, al contestar por enésima ocasión que son los delincuentes “quienes violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”. Como si con tales prácticas inaceptables, pudiera justificar las sistémicas violaciones a los derechos humanos por las fuerzas federales y lo que José Miguel Vivanco llama “impunidad total” en que actúan.
Mas el informe de HRW contiene tesis que documentan el sangriento fracaso de la aventura guerrerista de un comandante supremo que se desenvolvió errático, con inseguridad, durante los funerales de Estado de los ocho funcionarios caídos en el cumplimiento de su deber. Una de ellas es que la guerra contra el crimen organizado provocó “un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad”.
El ahora fallecido Felipe Zamora salió a escena a desmentir a HRW y a defender a su jefe: “En México no estamos en guerra”, las violaciones de las garantías individuales son aisladas y existe un “compromiso sin precedente” en la materia. Tan seguro estaba el subsecretario de Gobernación que no aceptó preguntas de los reporteros.
Beneficiarios de las políticas financieras de Calderón Hinojosa, como BBVA Bancomer, por medio de BBVA Research, indirectamente dan la razón a los informantes, al sostener que la tasa de homicidios disminuyó de 11 a nueve, entre 2000 y 2008, y en los últimos tres años se disparó a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y estimó en 200 mil millones de pesos el costo que la violencia tiene al inhibir el consumo de las personas y las empresas.
En tanto que el número de mexicanos adictos a las drogas se duplicó en una década, los decomisos de narcóticos bajaron significativamente en este gobierno, para no hablar de los más de 55 mil muertos, 230 mil desplazados de sus hogares y/o ciudades, además de 10 mil desaparecidos. Si esto no revela un fracaso en toda la línea, entonces las palabras perdieron su significado original en el discurso oficial promotor del estado de derecho.
A la petición de HRW para que se reconociera que se cometieron violaciones al derecho humanitario, el abogado, economista y administrador público ofreció “revisarlas seriamente” y “la creación de un comité o canal de trabajo”. Y la muy mexicana promesa quedó en eso.
Fuente
Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Desde el título Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, Human Rights Watch no deja el menor margen para el equívoco sobre la naturaleza y el contenido de su informe presentado a Los Pinos el día 9.
Resultado de una investigación realizada durante dos años en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco -es decir, no incluye a los paradigmáticos Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas-, con documentación oficial obtenida de 200 entrevistas con víctimas, cifras gubernamentales y 60 peticiones formales al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el informe de 236 páginas sostiene que integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal y sus tristes pares estatales “habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia en diciembre de 2006”.
A pesar de lo focalizado de la investigación pero no las conclusiones de HRW, el general de cinco estrellas que festinaba la autocrática guerra que decretó para legitimarse en la silla presidencial, satisfacer exigencias de la Casa Blanca y el creciente reclamo ciudadano de más y mejor seguridad pública, muestra signos de agotamiento en el discurso y la gestión sexenales, al contestar por enésima ocasión que son los delincuentes “quienes violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”. Como si con tales prácticas inaceptables, pudiera justificar las sistémicas violaciones a los derechos humanos por las fuerzas federales y lo que José Miguel Vivanco llama “impunidad total” en que actúan.
Mas el informe de HRW contiene tesis que documentan el sangriento fracaso de la aventura guerrerista de un comandante supremo que se desenvolvió errático, con inseguridad, durante los funerales de Estado de los ocho funcionarios caídos en el cumplimiento de su deber. Una de ellas es que la guerra contra el crimen organizado provocó “un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad”.
El ahora fallecido Felipe Zamora salió a escena a desmentir a HRW y a defender a su jefe: “En México no estamos en guerra”, las violaciones de las garantías individuales son aisladas y existe un “compromiso sin precedente” en la materia. Tan seguro estaba el subsecretario de Gobernación que no aceptó preguntas de los reporteros.
Beneficiarios de las políticas financieras de Calderón Hinojosa, como BBVA Bancomer, por medio de BBVA Research, indirectamente dan la razón a los informantes, al sostener que la tasa de homicidios disminuyó de 11 a nueve, entre 2000 y 2008, y en los últimos tres años se disparó a 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y estimó en 200 mil millones de pesos el costo que la violencia tiene al inhibir el consumo de las personas y las empresas.
En tanto que el número de mexicanos adictos a las drogas se duplicó en una década, los decomisos de narcóticos bajaron significativamente en este gobierno, para no hablar de los más de 55 mil muertos, 230 mil desplazados de sus hogares y/o ciudades, además de 10 mil desaparecidos. Si esto no revela un fracaso en toda la línea, entonces las palabras perdieron su significado original en el discurso oficial promotor del estado de derecho.
A la petición de HRW para que se reconociera que se cometieron violaciones al derecho humanitario, el abogado, economista y administrador público ofreció “revisarlas seriamente” y “la creación de un comité o canal de trabajo”. Y la muy mexicana promesa quedó en eso.
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