No permitiremos recortes a los salarios o a las pensiones, advierten los partidos griegos

Reuters, Xinhua, Dpa y Afp

Periódico La Jornada
Martes 15 de noviembre de 2011, p. 27

Atenas, 14 de noviembre. El primer ministro de Grecia, Lucas Papademos, comenzó hoy la batalla por la aprobación de una política económica austera y recesiva que permita al país desbloquear los créditos de "rescate" pactados con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre pasado. Sin embargo, los dos partidos de la derecha, Nueva Democracia y la Unión Popular Ortodoxa, respondieron que no van a respaldar nuevos recortes en los salarios generales ni en las pensiones.

Papademos se presentó hoy ante el Poder Legislativo unicamaral para iniciar el debate sobre las medidas que aplicará la administración tecnocrática impuesta la semana pasada para sacar a Grecia de la crisis económica y política. Esta discusión precederá la sesión en la que los legisladores decidirán si dan un voto de confianza al jefe de gobierno, este miércoles.

"Lo que está en juego es la pertenencia de Grecia a la eurozona. Podemos abordar el desafío con la solidaridad de la UE y de organizaciones internacionales, aplicando las políticas necesarias", señaló el economista en su primera presentación ante el parlamento.

La prioridad planteada por Papademos es lograr un nuevo acuerdo de unidad partidista que dé confianza a la UE, al FMI y al Banco Central Europeo sobre la ruta que Grecia tomará en los próximos meses, con el fin de reducir el sobregiro en el gasto gubernamental y el ritmo de crecimiento de la deuda pública, de 318 mil millones de dólares, equivalentes a 120 por ciento del producto interno bruto.

El jefe de gobierno, quien llegó el viernes al poder tras un acuerdo pluripartidista para remplazar al socialista Giorgios Papandreou, dijo que otros objetivos inmediatos de su administración serán la aprobación del austero presupuesto de 2012 y la introducción de "reformas estructurales", que incluyen privatización de entidades estatales y la apertura de mercados y actividades profesionales a la competencia extranjera.

Un paquete económico de esas dimensiones fue la condición impuesta el 27 de octubre por la UE y el FMI para entregar a Atenas un préstamo inicial de 8 mil millones de euros, en diciembre, y para preparar la liberación de créditos adicionales por 130 mil millones de euros, que involucrará también a la banca privada internacional.

Para generar más ingresos al Estado, la administración tecnocrática deberá incrementar la recaudación de impuestos, propiciando el cumplimiento de unas 900 mil personas y negocios retrasados en sus pagos. Esta evasión tributaria significa pérdidas por 41 mil millones de euros, según información del Ministerio de Finanzas divulgada en julio pasado.

El titular de esa cartera, Evangelos Venizelos, puso hoy un ultimátum a 150 mil contribuyentes para que paguen antes del 24 de noviembre, o de lo contrario serán exhibidos sus nombres en un sitio en Internet.

Aunque Papademos no lo mencionó ante el Parlamento este lunes, Grecia estableció ante la UE y el FMI el compromiso de allegarse fondos por 380 millones de euros con la privatización de entidades estatales. Hasta ahora, la venta de las frecuencias para teléfonos celulares le ha representado un ingreso de 50 millones.

Tras la presentación de Papademos, Antonis Samaras, líder de Nueva Democracia, respondió que el apoyo a la formación de un gobierno de emergencia y a medidas anteriores de política económica no implica el apoyo a más recortes en los ingresos de los trabajadores, que ahoguen más a la economía del país. El líder parlamentario ha dicho en días anteriores que el acuerdo con la UE y el FMI no debe abrir las puertas a la injerencia externa, pero esta vez no se refirió al tema.

Además del reto planteado por la derecha, miles de personas convocadas por sindicatos y organizaciones sociales desafiarán este martes al "gobierno de unidad nacional" con una manifestación en Atenas, en el inicio de una serie de protestas callejeras y paros laborales. Los organizadores esperan superar el nivel de participación logrado en la huelga general de 48 horas de finales de junio, que prácticamente paralizó al país.

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