México: Desigualdad, gasto público y política social
miércoles 16 de noviembre de 2011
Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)
El gasto en desarrollo humano es el que está más ligado a las capacidades básicas de las personas: salud, educación y obtención de recursos para una vida digna. Por ello el Informe sobre Desarrollo Humano, México 2011, del Programa de Naciones Unidad (PNUD), reviste la mayor importancia.
A continuación se señalan algunas de las principales conclusiones de este documento, ya que ponen el dedo en la llaga de la enorme desigualdad del país y de cómo el gasto público con el actual esquema en lugar de combatirla la profundiza, y además genera nuevas desigualdades:
-Con 81.7 por ciento de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad es difícil imaginar que este grupo haya decidido que la Cámara de Diputados aprobara un esquema de transferencias gubernamentales que otorga el 40.3 por ciento de esos recursos al 20 por ciento de la población más rica del país.
-El marco institucional para el diseño, seguimiento y revisión del gasto público es deficiente para evitar su asignación con un importante componente de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por qué el gasto total per cápita ejercido en las entidades federativas se concentra en los municipios con menores carencias, y no donde criterios de equidad lo recomendarían.
-Tampoco es creíble suponer que la inmensa mayoría de los mexicanos apruebe que a las y los adultos mayores en zonas rurales se les otorguen 175 pesos.
-Tampoco parece razonable pensar que el 90 por ciento de los productores con menos tierra hayan exigido a sus representantes populares que dieran hasta el 80 por ciento de los apoyos al campo al 10 por ciento de los productores con más tierra, o que más de 27 millones de potenciales electores sumidos en la pobreza se manifestaran por restringir el presupuesto del programa Oportunidades a 2.5 por ciento del gasto total en desarrollo humano.
La buena educación como un privilegio de clase
-Existe un trato diferenciado para el derecho universal a la educación básica. Así, las y los niños con menos recursos no sólo tienen que tomar clase en las aulas menos equipadas y con más alumnos por profesor, sino también en escuelas donde sus directores y maestros tienen menos años de educación, y en los municipios donde estos docentes han tenido los peores puntajes en el examen docente de la carrera magisterial.
-México tiene un problema de corrupción, en la eficacia de su política y en la calidad de su burocracia (¡sic!). Es necesario elevar la ética del quehacer público, corregir los incentivos políticos y aumentar las capacidades institucionales no para dejar al margen de los debates y las decisiones presupuestales a los ciudadanos.
-Cuando una gran parte de la población es pobre, es muy importante inhibir las prácticas de manipulación o condicionamiento en la entrega de apoyos sociales a cambio del voto, pues esto limita las oportunidades y la autonomía de personas altamente vulnerables.
-Es necesario generar un marco legal que obligue a los estados del país y al Distrito Federal a hacer pública la información pertinente que transparente el plan de ejercicio del gasto público, y que contemple sanciones en caso de que esto no ocurra; otorgar o fortalecer la autonomía política, de gestión y los recursos de las entidades fiscalizadoras, y concentrar sus tareas en el monitoreo del cumplimiento de los objetivos del gasto.
Ya que las mujeres son las principales depositarias de estas enormes desigualdades nacionales (de género y socioeconómicas), no pueden menos que estar comprometidas con la necesidad de realizar cambios profundos, con una visión de Estado, más allá de los acuerdos entre la clase política y los poderes fácticos.
Fuente
Carmen R. Ponce Meléndez (CIMAC)
El gasto en desarrollo humano es el que está más ligado a las capacidades básicas de las personas: salud, educación y obtención de recursos para una vida digna. Por ello el Informe sobre Desarrollo Humano, México 2011, del Programa de Naciones Unidad (PNUD), reviste la mayor importancia.
A continuación se señalan algunas de las principales conclusiones de este documento, ya que ponen el dedo en la llaga de la enorme desigualdad del país y de cómo el gasto público con el actual esquema en lugar de combatirla la profundiza, y además genera nuevas desigualdades:
-Con 81.7 por ciento de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad es difícil imaginar que este grupo haya decidido que la Cámara de Diputados aprobara un esquema de transferencias gubernamentales que otorga el 40.3 por ciento de esos recursos al 20 por ciento de la población más rica del país.
-El marco institucional para el diseño, seguimiento y revisión del gasto público es deficiente para evitar su asignación con un importante componente de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por qué el gasto total per cápita ejercido en las entidades federativas se concentra en los municipios con menores carencias, y no donde criterios de equidad lo recomendarían.
-Tampoco es creíble suponer que la inmensa mayoría de los mexicanos apruebe que a las y los adultos mayores en zonas rurales se les otorguen 175 pesos.
-Tampoco parece razonable pensar que el 90 por ciento de los productores con menos tierra hayan exigido a sus representantes populares que dieran hasta el 80 por ciento de los apoyos al campo al 10 por ciento de los productores con más tierra, o que más de 27 millones de potenciales electores sumidos en la pobreza se manifestaran por restringir el presupuesto del programa Oportunidades a 2.5 por ciento del gasto total en desarrollo humano.
La buena educación como un privilegio de clase
-Existe un trato diferenciado para el derecho universal a la educación básica. Así, las y los niños con menos recursos no sólo tienen que tomar clase en las aulas menos equipadas y con más alumnos por profesor, sino también en escuelas donde sus directores y maestros tienen menos años de educación, y en los municipios donde estos docentes han tenido los peores puntajes en el examen docente de la carrera magisterial.
-México tiene un problema de corrupción, en la eficacia de su política y en la calidad de su burocracia (¡sic!). Es necesario elevar la ética del quehacer público, corregir los incentivos políticos y aumentar las capacidades institucionales no para dejar al margen de los debates y las decisiones presupuestales a los ciudadanos.
-Cuando una gran parte de la población es pobre, es muy importante inhibir las prácticas de manipulación o condicionamiento en la entrega de apoyos sociales a cambio del voto, pues esto limita las oportunidades y la autonomía de personas altamente vulnerables.
-Es necesario generar un marco legal que obligue a los estados del país y al Distrito Federal a hacer pública la información pertinente que transparente el plan de ejercicio del gasto público, y que contemple sanciones en caso de que esto no ocurra; otorgar o fortalecer la autonomía política, de gestión y los recursos de las entidades fiscalizadoras, y concentrar sus tareas en el monitoreo del cumplimiento de los objetivos del gasto.
Ya que las mujeres son las principales depositarias de estas enormes desigualdades nacionales (de género y socioeconómicas), no pueden menos que estar comprometidas con la necesidad de realizar cambios profundos, con una visión de Estado, más allá de los acuerdos entre la clase política y los poderes fácticos.
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