Agitación en puerta por imposición de Peña Nieto
Por
otro lado, pero en el contexto del conflicto postelectoral, Ricardo
Monreal, ex coordinador de la campaña presidencial de López Obrador,
presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia
contra Agustín Carstens
Al escribir estas líneas los magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se
alistaban a echar por tierra todos y cada uno de los agravios acusados
por los partidos del Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento
Ciudadano), entre los que destacan la denuncia por propaganda encubierta
realizada por Televisa a favor del abanderado priísta. Así, desechan
el último escollo legal para poder declarar el triunfo del priísta
Enrique Peña Nieto en la pasada elección presidencial, con una acción
revestida de legalidad pero que sin duda será reprochada histórica y
políticamente. Los togados de la Sala Superior se aprestaban a aprobar
un proyecto de Flavio Galván Rivera, Salvador Nava y Constancio Carrasco
que establece que no hay elementos que permitan presumir que se violó
la ley antes, durante y después de la elección del pasado primero de
julio.
Los magistrados del TEPJF sesionaban en medio de un importante dispositivo de seguridad, con destacada presencia militar, para discutir el proyecto que les presentó la comisión especial encargada de calificar la elección presidencial. Todo hace prever que, con base en las resoluciones de todos los recursos interpuestos por los partidos de izquierda que integran la coalición Movimiento Progresista, se desechará en las próximas horas el último recurso contra la elección presidencial y se realice la calificación de la misma, a más tardar este viernes. Se prevé que el organismo encabezado por el magistrado Alejandro Luna Ramos aliste del dictamen relativo a la declaratoria de validez de los pasados comicios presidenciales y de presidente electo, que se votará antes de que el Congreso de la Unión se instale formalmente este primero de septiembre.
El proyecto de sentencia que se discute sobre la impugnación de la coalición Movimiento Progresista, a través de la cual los partidos de izquierda solicitaron la anulación de la elección presidencial por presunta violación a principios constitucionales, como libertad de sufragio y equidad en los procesos electorales, propone declarar infundada la demanda del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, con el argumento de que “no hubo pruebas suficientes” para acreditar que el candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, hubiera rebasado el tope de gastos de campaña, incurrido en coacción del voto, comprado tiempo, particularmente en televisión para obtener cobertura preferencial, entre otras cosas.
La noche del miércoles, los tres magistrados que elaboraron el proyecto de resolución del llamado “juicio madre” ordenaron el cierre de la instrucción, es decir, el término de la recepción de pruebas y otros alegatos y convocaron a la sesión de la Sala Superior que se desahogó este jueves. Cabe destacar que las resoluciones tomadas por los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF han sido adversas a la coalición de partidos de izquierda, en especial la anulación de votos en poco más de 500 casillas que representan un porcentaje ínfimo respeto de lo que solicitó el Movimiento Progresista, por lo que todo parece indicar que se dará un fallo adverso a López Obrador.
TEPJF VS AMLO
Para resolver el denominado “juicio madre” en torno a la nulidad de la elección a la Presidencia de la República, el TEPJF recibió en cinco ocasiones a los representantes de los partidos en conflicto, aglutinados en la coaliciones Movimiento Progresista y Compromiso por México. Cabe recordar que el pasado jueves 12 de julio, los partidos de izquierda interpusieron la demanda de nulidad de la elección presidencial pasada. El 27 de julio se presentaron a la primera audiencia de alegatos, en la que fueron recibidos por los integrantes de la comisión calificadora de la elección a la presidencia, que integran los magistrados Salvador Nava Gomar, Constancio Carrasco y Flavio Galván. El 7 de agosto, los dirigentes nacionales del PRD y PT, Jesús Zambrano y Alberto Anaya, respectivamente, acompañados por los representantes de los partidos de izquierda ante el IFE, fueron recibidos por el magistrado presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos. El 21 de agosto se llevó a cabo la tercera y última audiencia de alegatos de los representantes del Movimiento Progresista ante la presencia de los magistrados María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López.
También los integrantes de la coalición Compromiso por México, que integran PRI y PVEM, acudieron, el 2 de agosto, a una audiencia de alegatos. El 21 de agosto se realizó la segunda audiencia para estos partidos ante los integrantes de la Comisión Calificadora, a la que acudieron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como Benito Neme, de la coordinación jurídica de la campaña presidencial priísta.
Con esos antecedentes, este jueves al revisarse la impugnación presentada por el Movimiento Progresista, los magistrados desestimaron con gran imparcialidad la pretensión de la nulidad de la elección presidencial. El proyecto presentado declaró infundado el argumento del probable financiamiento encubierto a la campaña de Enrique Peña Nieto a través de Monex. Justificó que el uso de tarjetas por parte de los priístas fue un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos para las personas que participaron en el proceso como representantes de ese partido. En cuanto a las tarjetas Soriana, argumentó que no se prueba que se hayan distribuido para que los ciudadanos votaran a favor de Peña Nieto. También aseguraron que “no existen pruebas” de que existió propaganda encubierta y que se tratan sólo de “afirmaciones dogmáticas” que no demuestran que haya habido un trato inequitativo de los medios de comunicación.
El colmo fue que antes de votar y dar su opinión del proyecto presentado, el magistrado Salvador Nava señaló que “México ya tiene Presidente Electo en la figura de Enrique Peña Nieto”, sin que la mayor parte de los magistrados hubieran aprobado la sentencia.
TENSIÓN
La sesión del máximo tribunal electoral arrancó en un clima tenso. Horas antes el campamento del Frente contra la Imposición quedó cerrado con las vallas metálicas que cercan las instalaciones del TEPJF, colocadas por policías y militares. Atrás del cerco, se divisaba el campamento con leyendas como “El PRI representa corrupción” o “TEPJF no te vendas como el IFE”, y los manifestantes encabezados por Raymundo Zamora, advertían que si el priísta Enrique Peña Nieto recibe fallo favorable y avalan su triunfo como Presidente, “se agravará” la situación del país. El activista señaló que “no podemos mantenernos viendo, si Peña Nieto queda como Presidente, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, comenzará una represión selectiva, pero lo podemos evitar saliendo todos a las calles”.
Integrantes del colectivo #YoSoy132 se congregaron en las inmediaciones de la sede del Tribunal Electoral, en la parte lateral del inmueble en el cruce de la avenida Santa Ana y Carlota Romero, en Culhuacán, tras las vallas metálicas y bajo la vigilante mirada del personal militar y policíaco. La esquina más custodiada es precisamente donde se ubica el acceso al estacionamiento de los magistrados. Además, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumó a las protestas gritando consignas en contra de Enrique Peña Nieto. Más de 600 alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán partieron de la puerta de esa institución educativa, ubicada en la calle Santa Ana, para caminar sobre Eje 3 Oriente Carlota Romero y estacionarse frente al TEPJF. Los estudiantes politécnicos portaban mantas que destacaban: “No somos títeres de Peña” y “Sal de tu burbuja, compañero, aquí están los politécnicos”.
Por otra parte, en la sede del PRD, su dirigente nacional, Jesús Zambrano, anunció que los militantes del Sol Azteca en todo el país se mantenían en “máxima alerta” a fin de conocer y valorar los términos de la sentencia de la autoridad electoral y así establecer la posición de esta fuerza política. El “chucho” Zambrano insistió en que les asiste la razón en el juicio de inconformidad a través del cual exigen se declare la invalidez de la elección federal del 1 de julio. A su vez, la diputada electa Ariadna Montiel, destacó que con la decisión de los magistrados electorales se decidirá el rumbo de México. Dijo que “los magistrados deberán invalidar la elección, pues cuentan con todos los elementos aportados por miles de mexicanos que el PRI intenta llegar a la Presidencia de la República con sus viejas prácticas”. Reiteró que la invalidez del proceso es el camino jurídico viable para reparar ese agravio.
A la espera de que el TEPJF califique la elección presidencial, el movimiento #YoSoy132 alista una movilización –“marcha fúnebre para enterrar la democracia”- de las islas de Ciudad Universitaria a la sede del Tribunal Electoral. El sábado, los jóvenes estudiantes proyectan otra movilización, a las 9:00 horas, del cruce de Viaducto con Calzada La Viga, para confluir con otras organizaciones en el cruce de Fray Servando y La Viga, y trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se dará lectura a un contrainforme al Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón. Más tarde, planean trasladarse a la plancha del Zócalo capitalino.
DEMANDA MONREAL A CARSTENS
Por otro lado, pero en el contexto del conflicto postelectoral, Ricardo Monreal, ex coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y directivos de Scotiabank por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada. El político zacatecano declaró que presumen que están involucrados en la alteración de una transferencia electrónica que realizó Luis Videgaray, cuando era secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, por más de 50 millones de pesos.
Entrevistado en las instalaciones de la PGR, Monreal aclaró que también se señala a los gerentes y directivos de Scotiabank, al igual que autoridades del Estado de México, a fin de que se les investigue por delitos financieros, peculado, así como también lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada. Dijo que “hay pruebas contundentes de que fueron alteradas transferencias electrónicas por 50 millones de pesos y 55 días después corrigen y alteran (los documentos). La procuraduría es la que debe determinar, pero me temo que hay graves irregularidades. No es la única transferencia electrónica, tenemos más pruebas que vamos a presentar en el transcurso de los próximos días”.
No obstante el tenso clima en que se lleva el último proceso legal en torno al juicio de inconformidad de la elección presidencial, previo a la calificación de dicha elección, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, pidió ya cerrar el capítulo del proceso y dejar atrás las diferencias políticas. Durante la sesión ordinaria de ese órgano electoral, pidió abrir un capítulo en el que la negociación y la construcción de acuerdos marquen el devenir de la vida pública de México, construyan mayorías en los espacios legislativos y constituyan la piedra angular de la gobernabilidad democrática.
Los magistrados del TEPJF sesionaban en medio de un importante dispositivo de seguridad, con destacada presencia militar, para discutir el proyecto que les presentó la comisión especial encargada de calificar la elección presidencial. Todo hace prever que, con base en las resoluciones de todos los recursos interpuestos por los partidos de izquierda que integran la coalición Movimiento Progresista, se desechará en las próximas horas el último recurso contra la elección presidencial y se realice la calificación de la misma, a más tardar este viernes. Se prevé que el organismo encabezado por el magistrado Alejandro Luna Ramos aliste del dictamen relativo a la declaratoria de validez de los pasados comicios presidenciales y de presidente electo, que se votará antes de que el Congreso de la Unión se instale formalmente este primero de septiembre.
El proyecto de sentencia que se discute sobre la impugnación de la coalición Movimiento Progresista, a través de la cual los partidos de izquierda solicitaron la anulación de la elección presidencial por presunta violación a principios constitucionales, como libertad de sufragio y equidad en los procesos electorales, propone declarar infundada la demanda del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, con el argumento de que “no hubo pruebas suficientes” para acreditar que el candidato presidencial del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, hubiera rebasado el tope de gastos de campaña, incurrido en coacción del voto, comprado tiempo, particularmente en televisión para obtener cobertura preferencial, entre otras cosas.
La noche del miércoles, los tres magistrados que elaboraron el proyecto de resolución del llamado “juicio madre” ordenaron el cierre de la instrucción, es decir, el término de la recepción de pruebas y otros alegatos y convocaron a la sesión de la Sala Superior que se desahogó este jueves. Cabe destacar que las resoluciones tomadas por los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF han sido adversas a la coalición de partidos de izquierda, en especial la anulación de votos en poco más de 500 casillas que representan un porcentaje ínfimo respeto de lo que solicitó el Movimiento Progresista, por lo que todo parece indicar que se dará un fallo adverso a López Obrador.
TEPJF VS AMLO
Para resolver el denominado “juicio madre” en torno a la nulidad de la elección a la Presidencia de la República, el TEPJF recibió en cinco ocasiones a los representantes de los partidos en conflicto, aglutinados en la coaliciones Movimiento Progresista y Compromiso por México. Cabe recordar que el pasado jueves 12 de julio, los partidos de izquierda interpusieron la demanda de nulidad de la elección presidencial pasada. El 27 de julio se presentaron a la primera audiencia de alegatos, en la que fueron recibidos por los integrantes de la comisión calificadora de la elección a la presidencia, que integran los magistrados Salvador Nava Gomar, Constancio Carrasco y Flavio Galván. El 7 de agosto, los dirigentes nacionales del PRD y PT, Jesús Zambrano y Alberto Anaya, respectivamente, acompañados por los representantes de los partidos de izquierda ante el IFE, fueron recibidos por el magistrado presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos. El 21 de agosto se llevó a cabo la tercera y última audiencia de alegatos de los representantes del Movimiento Progresista ante la presencia de los magistrados María del Carmen Alanís, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos López.
También los integrantes de la coalición Compromiso por México, que integran PRI y PVEM, acudieron, el 2 de agosto, a una audiencia de alegatos. El 21 de agosto se realizó la segunda audiencia para estos partidos ante los integrantes de la Comisión Calificadora, a la que acudieron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como Benito Neme, de la coordinación jurídica de la campaña presidencial priísta.
Con esos antecedentes, este jueves al revisarse la impugnación presentada por el Movimiento Progresista, los magistrados desestimaron con gran imparcialidad la pretensión de la nulidad de la elección presidencial. El proyecto presentado declaró infundado el argumento del probable financiamiento encubierto a la campaña de Enrique Peña Nieto a través de Monex. Justificó que el uso de tarjetas por parte de los priístas fue un mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos para las personas que participaron en el proceso como representantes de ese partido. En cuanto a las tarjetas Soriana, argumentó que no se prueba que se hayan distribuido para que los ciudadanos votaran a favor de Peña Nieto. También aseguraron que “no existen pruebas” de que existió propaganda encubierta y que se tratan sólo de “afirmaciones dogmáticas” que no demuestran que haya habido un trato inequitativo de los medios de comunicación.
El colmo fue que antes de votar y dar su opinión del proyecto presentado, el magistrado Salvador Nava señaló que “México ya tiene Presidente Electo en la figura de Enrique Peña Nieto”, sin que la mayor parte de los magistrados hubieran aprobado la sentencia.
TENSIÓN
La sesión del máximo tribunal electoral arrancó en un clima tenso. Horas antes el campamento del Frente contra la Imposición quedó cerrado con las vallas metálicas que cercan las instalaciones del TEPJF, colocadas por policías y militares. Atrás del cerco, se divisaba el campamento con leyendas como “El PRI representa corrupción” o “TEPJF no te vendas como el IFE”, y los manifestantes encabezados por Raymundo Zamora, advertían que si el priísta Enrique Peña Nieto recibe fallo favorable y avalan su triunfo como Presidente, “se agravará” la situación del país. El activista señaló que “no podemos mantenernos viendo, si Peña Nieto queda como Presidente, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, comenzará una represión selectiva, pero lo podemos evitar saliendo todos a las calles”.
Integrantes del colectivo #YoSoy132 se congregaron en las inmediaciones de la sede del Tribunal Electoral, en la parte lateral del inmueble en el cruce de la avenida Santa Ana y Carlota Romero, en Culhuacán, tras las vallas metálicas y bajo la vigilante mirada del personal militar y policíaco. La esquina más custodiada es precisamente donde se ubica el acceso al estacionamiento de los magistrados. Además, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumó a las protestas gritando consignas en contra de Enrique Peña Nieto. Más de 600 alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Culhuacán partieron de la puerta de esa institución educativa, ubicada en la calle Santa Ana, para caminar sobre Eje 3 Oriente Carlota Romero y estacionarse frente al TEPJF. Los estudiantes politécnicos portaban mantas que destacaban: “No somos títeres de Peña” y “Sal de tu burbuja, compañero, aquí están los politécnicos”.
Por otra parte, en la sede del PRD, su dirigente nacional, Jesús Zambrano, anunció que los militantes del Sol Azteca en todo el país se mantenían en “máxima alerta” a fin de conocer y valorar los términos de la sentencia de la autoridad electoral y así establecer la posición de esta fuerza política. El “chucho” Zambrano insistió en que les asiste la razón en el juicio de inconformidad a través del cual exigen se declare la invalidez de la elección federal del 1 de julio. A su vez, la diputada electa Ariadna Montiel, destacó que con la decisión de los magistrados electorales se decidirá el rumbo de México. Dijo que “los magistrados deberán invalidar la elección, pues cuentan con todos los elementos aportados por miles de mexicanos que el PRI intenta llegar a la Presidencia de la República con sus viejas prácticas”. Reiteró que la invalidez del proceso es el camino jurídico viable para reparar ese agravio.
A la espera de que el TEPJF califique la elección presidencial, el movimiento #YoSoy132 alista una movilización –“marcha fúnebre para enterrar la democracia”- de las islas de Ciudad Universitaria a la sede del Tribunal Electoral. El sábado, los jóvenes estudiantes proyectan otra movilización, a las 9:00 horas, del cruce de Viaducto con Calzada La Viga, para confluir con otras organizaciones en el cruce de Fray Servando y La Viga, y trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se dará lectura a un contrainforme al Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón. Más tarde, planean trasladarse a la plancha del Zócalo capitalino.
DEMANDA MONREAL A CARSTENS
Por otro lado, pero en el contexto del conflicto postelectoral, Ricardo Monreal, ex coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila y directivos de Scotiabank por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada. El político zacatecano declaró que presumen que están involucrados en la alteración de una transferencia electrónica que realizó Luis Videgaray, cuando era secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, por más de 50 millones de pesos.
Entrevistado en las instalaciones de la PGR, Monreal aclaró que también se señala a los gerentes y directivos de Scotiabank, al igual que autoridades del Estado de México, a fin de que se les investigue por delitos financieros, peculado, así como también lavado de dinero, alteración de documentos y delincuencia organizada. Dijo que “hay pruebas contundentes de que fueron alteradas transferencias electrónicas por 50 millones de pesos y 55 días después corrigen y alteran (los documentos). La procuraduría es la que debe determinar, pero me temo que hay graves irregularidades. No es la única transferencia electrónica, tenemos más pruebas que vamos a presentar en el transcurso de los próximos días”.
No obstante el tenso clima en que se lleva el último proceso legal en torno al juicio de inconformidad de la elección presidencial, previo a la calificación de dicha elección, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, pidió ya cerrar el capítulo del proceso y dejar atrás las diferencias políticas. Durante la sesión ordinaria de ese órgano electoral, pidió abrir un capítulo en el que la negociación y la construcción de acuerdos marquen el devenir de la vida pública de México, construyan mayorías en los espacios legislativos y constituyan la piedra angular de la gobernabilidad democrática.
Lilia Arellano - Opinión EMET
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