Al grupo en el poder no le importan las consecuencias de un nuevo fraude electoral
La
última novedad es que hasta el Banco de México se prestó a cometer un
delito, situación que debería aclararse legalmente para que el banco
central no quede manchado
Revista EMET
En cuestión de horas sabremos si el grupo
en el poder tiene la osadía de burlarse nuevamente de los ciudadanos.
Está visto que no le importan las consecuencias de un nuevo fraude
electoral, ya que sólo así el Instituto Federal Electoral (IFE) pudo
prestarse a operar burdas maniobras tendientes a lograr que el Tribunal
Electoral dé su reconocimiento a Enrique Peña Nieto como presidente
electo, incluso sin agotar la revisión de las pruebas presentadas por el
Movimiento Progresista sobre las ilegalidades cometidas por el PRI,
antes y durante la campaña.
La última novedad es que hasta el Banco de México se prestó a cometer un delito, situación que debería aclararse legalmente para que el banco central no quede manchado, y con el baldón de servir al PRI. Ayer martes, el aún senador Ricardo Monreal debió haber presentado una denuncia contra el gobernador de la institución, Agustín Carstens, por alteración de datos en una cuenta de Scotiabank que habría sido utilizada por el PRI para triangular fondos públicos destinados a la campaña de Peña Nieto, por un monto de 50 millones de pesos.
Monreal dijo desconocer el origen de esos recursos que finalmente manejó el PRI, por lo que pidió al IFE tome cartas en el asunto para que se cumpla el ordenamiento constitucional de que los comicios sean limpios. Ya sabemos que no lo hará, porque desde las once de la noche del primero de julio, Leonardo Valdés Zurita se apresuró a elogiar el desarrollo de las elecciones, que elevó al nivel de ejemplares y las más transparentes de la historia.
Como las cosas se han estado complicando para la autoridad electoral, la oligarquía considera la necesidad de apuntalar una maniobra que no debe fracasar. En este contexto cabría analizar la inexplicable agresión contra el vehículo de la embajada estadounidense en la carretera libre a Cuernavaca el pasado viernes. ¿Qué se buscó con tal operativo de la Policía Federal? No cabe suponer que matar a los ocupantes de la camioneta súper blindada, pues los 12 policías que participaron en el atentado sabían que las balas no iban a producir un daño al blindaje.
La hipótesis más creíble es que se trató de una provocación orientada a distraer a la opinión pública en vísperas de que el Tribunal Electoral dé su fallo “definitivo e inatacable” sobre la validez de la elección, y proceder a otorgar a Peña Nieto el reconocimiento de presidente electo, con los principales medios de comunicación ocupados en los pormenores del atentado de Tres Marías, que involucró nada menos que a dos agentes de la CIA, junto a un miembro de la Marina de México.
Obviamente, este hecho tendría que motivar también una reacción del gobierno estadounidense, el cual aprovecharía para demandar una investigación exhaustiva, en la que naturalmente habrá de participar la principal agencia de espionaje de la Casa Blanca. Por supuesto, también dio margen para que Felipe Calderón demostrara su firme lealtad al gobierno de Washington, como en efecto sucedió, a fin de justificar la importancia estratégica (para él) de la Iniciativa Mérida. Y todavía hay quienes se preguntan cómo es posible que Genaro García Luna siga tan campante como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. La respuesta es muy obvia.
Es incuestionable que los 12 policías que realizaron el operativo recibieron la orden de actuar como lo hicieron, no iban a llevar a cabo una acción tan desprovista de justificación por iniciativa propia. Así queda plenamente demostrado que los grandes centros de poder trasnacional no aceptan, bajo ningún concepto, que los mexicanos vivamos en una democracia y seamos dueños de nuestro destino. Porque hay que aclarar una vez más que la izquierda en México no busca implantar el socialismo, sino una democracia participativa con sus atributos y obligaciones.
La actuación del Movimiento Progresista no podía ser más apegada a la ley, a los lineamientos constitucionales, mientras que el PRI y sus aliados han actuado de manera por demás violatoria de los ordenamientos constitucionales. Sin embargo, para la oligarquía el “villano” de la contienda es la coalición que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, hecho tan patético que despertó la conciencia de la juventud estudiosa del país y la llevó a organizarse en un movimiento digno de admiración que será decisivo en la lucha cívica que se vislumbra, en cuanto Peña Nieto recibiera el aval del Tribunal Electoral.
No podría ser de otra manera, porque hay cada vez más mexicanos conscientes de que no podremos aspirar a un mejor futuro mientras no tengamos la libertad elemental de elegir a nuestros gobernantes. Es muy evidente que quienes nos han “gobernado” desde hace tres décadas, se han esmerado en servir a intereses ajenos a los del ciudadano común. Tal situación se reconfirmaría con Peña Nieto en Los Pinos.
La última novedad es que hasta el Banco de México se prestó a cometer un delito, situación que debería aclararse legalmente para que el banco central no quede manchado, y con el baldón de servir al PRI. Ayer martes, el aún senador Ricardo Monreal debió haber presentado una denuncia contra el gobernador de la institución, Agustín Carstens, por alteración de datos en una cuenta de Scotiabank que habría sido utilizada por el PRI para triangular fondos públicos destinados a la campaña de Peña Nieto, por un monto de 50 millones de pesos.
Monreal dijo desconocer el origen de esos recursos que finalmente manejó el PRI, por lo que pidió al IFE tome cartas en el asunto para que se cumpla el ordenamiento constitucional de que los comicios sean limpios. Ya sabemos que no lo hará, porque desde las once de la noche del primero de julio, Leonardo Valdés Zurita se apresuró a elogiar el desarrollo de las elecciones, que elevó al nivel de ejemplares y las más transparentes de la historia.
Como las cosas se han estado complicando para la autoridad electoral, la oligarquía considera la necesidad de apuntalar una maniobra que no debe fracasar. En este contexto cabría analizar la inexplicable agresión contra el vehículo de la embajada estadounidense en la carretera libre a Cuernavaca el pasado viernes. ¿Qué se buscó con tal operativo de la Policía Federal? No cabe suponer que matar a los ocupantes de la camioneta súper blindada, pues los 12 policías que participaron en el atentado sabían que las balas no iban a producir un daño al blindaje.
La hipótesis más creíble es que se trató de una provocación orientada a distraer a la opinión pública en vísperas de que el Tribunal Electoral dé su fallo “definitivo e inatacable” sobre la validez de la elección, y proceder a otorgar a Peña Nieto el reconocimiento de presidente electo, con los principales medios de comunicación ocupados en los pormenores del atentado de Tres Marías, que involucró nada menos que a dos agentes de la CIA, junto a un miembro de la Marina de México.
Obviamente, este hecho tendría que motivar también una reacción del gobierno estadounidense, el cual aprovecharía para demandar una investigación exhaustiva, en la que naturalmente habrá de participar la principal agencia de espionaje de la Casa Blanca. Por supuesto, también dio margen para que Felipe Calderón demostrara su firme lealtad al gobierno de Washington, como en efecto sucedió, a fin de justificar la importancia estratégica (para él) de la Iniciativa Mérida. Y todavía hay quienes se preguntan cómo es posible que Genaro García Luna siga tan campante como titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal. La respuesta es muy obvia.
Es incuestionable que los 12 policías que realizaron el operativo recibieron la orden de actuar como lo hicieron, no iban a llevar a cabo una acción tan desprovista de justificación por iniciativa propia. Así queda plenamente demostrado que los grandes centros de poder trasnacional no aceptan, bajo ningún concepto, que los mexicanos vivamos en una democracia y seamos dueños de nuestro destino. Porque hay que aclarar una vez más que la izquierda en México no busca implantar el socialismo, sino una democracia participativa con sus atributos y obligaciones.
La actuación del Movimiento Progresista no podía ser más apegada a la ley, a los lineamientos constitucionales, mientras que el PRI y sus aliados han actuado de manera por demás violatoria de los ordenamientos constitucionales. Sin embargo, para la oligarquía el “villano” de la contienda es la coalición que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, hecho tan patético que despertó la conciencia de la juventud estudiosa del país y la llevó a organizarse en un movimiento digno de admiración que será decisivo en la lucha cívica que se vislumbra, en cuanto Peña Nieto recibiera el aval del Tribunal Electoral.
No podría ser de otra manera, porque hay cada vez más mexicanos conscientes de que no podremos aspirar a un mejor futuro mientras no tengamos la libertad elemental de elegir a nuestros gobernantes. Es muy evidente que quienes nos han “gobernado” desde hace tres décadas, se han esmerado en servir a intereses ajenos a los del ciudadano común. Tal situación se reconfirmaría con Peña Nieto en Los Pinos.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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