Repiten magistrados razones tricolores y tornan acusados a los acusadores

Cientos de ciudadanos, la mayoría jóvenes, se manifestaron frente al tribunal electoral para exigir que los magistrados de la sala superior declararan la invalidez de la elección presidencialFoto Alfredo Domínguez

Arturo Cano

 

Periódico La Jornada
Viernes 31 de agosto de 2012, p. 7

¿Alguien esperaba otra cosa? Ni siquiera en el círculo íntimo de Andrés Manuel López Obrador había la mínima esperanza de que los magistrados atendieran su demanda de declarar la invalidez de la elección presidencial.

El proyecto de calificación de la elección presidencial llega, como todas las últimas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planchado. Trae tanto almidón que el magistrado Salvador Nava Gomar, académico de la universidad de los legionarios de Cristo, cuota del PAN según algunos, y primero en tomar la palabra, ni siquiera tiene la cortesía de escuchar a sus pares ni de esperar la calificación.
Adelanta: México tuvo una elección que no tiene por qué invalidarse; tuvo elecciones libres y auténticas. México tiene un presidente legítimo, electo por el pueblo: Enrique Peña Nieto, proclama quien se dice juzgador en un sistema democrático, pero que esta tarde suena a jilguerillo de antaño.
A dos meses de los comicios, la sesión del tribunal es vista en los pasillos del poder como mero trámite. La lectura del proyecto y los argumentos posteriores de los magistrados lo confirman.
Las izquierdas siguen cargando el sambenito del desprecio a las instituciones. Pero son otros actores políticos los que no han esperado esta tarde, es decir, la calificación de la elección presidencial que dará lugar a la entrega de la constancia de mayoría al ganador. El presidente Felipe Calderón se ha reunido varias veces con Enrique Peña Nieto para trazar la ruta del traspaso del poder. El principal operador de éste, Luis Videgaray, ha hecho lo propio con Alejandro Poiré, secretario de Gobernación.

Las pruebas que no prueban

Antes que la Estela de Luz (popularmente la suavicrema), el principal aporte sexenal al paisaje urbano son las vallas metálicas que acompañaron durante seis años miles de actos oficiales.

En la sesión en la cual los magistrados descalifican todas y cada una de las pruebas de la demanda de nulidad presentada por el Movimiento Progresista, no podía ocurrir de otro modo.
No encerrarán nuestra libertad, dice el cartel detrás de una plancha de acero, portado por uno de los cientos de jóvenes que toda la tarde gritan y ya entrada la noche siguen gritando ¡fraude!, ¡corruptos!, ¡rateros!
Son pocos, pero aguerridos. Pero la sala superior del TEPJF no los ve ni los oye, ocupada en las larguísimas intervenciones de los magistrados (cada uno interesado en lucirse con un discurso que razona el voto, aunque se repitan una y otra vez argumentos y frases).
Las líneas discursivas de los magistrados son, si se deja de lado la jerga jurídica que las adorna, iguales a las que políticos del PRI y del PAN, así como opinadores profesionales, han repetido hasta el cansancio en las semanas recientes.
A los magistrados les preocupa, de pasada, dejar claro que revisaron a fondo todas y cada una de las pruebas, y que trabajaron mucho (50 días dormimos poco). Una cosa más, en boca del presidente del tribunal: esta decisión unánime ha sido estrictamente jurídica.
Los magistrados, que dicen haber resistido presiones y amenazas, no se despachan sólo al Movimiento Progresista y su candidato, sino también al presidente Felipe Calderón, quien el 10 de julio dijo, respecto de la compra de votos mediante tarjetas de la tienda Soriana: “Es un tema que no digo que va a ser suficiente, no lo sé, para descalificar una elección con esas diferencias, pero que debe ser resuelto, por supuesto. No podemos quedarnos así nada más, ‘(en) qué tanto es tantito’”.
Para los magistrados no fue ni tantito.
¿Con esto demostramos que se compró el voto de los ciudadanos? Si ni siquiera fueron repartidas (las tarjetas de Soriana), dice Flavio Galván, quien hace seis años firmó la constancia de mayoría de Felipe Calderón. Con tono de viejo maestro, Galván se burla: El acta notarial prueba la existencia de pruebas semovientes. Y acuña una de las mejores frases de la sesión: Hay pruebas que no hacen prueba.

Tierra de ángeles

Una de las instituciones, esos ebúrneos templos habitados por ángeles, juzga la elección.

Como si los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) o los magistrados del TEPJF no debieran sus cargos al sistema que la clase política ha elegido para nombrar las cabezas de organismos ciudadanizados o aparatos judiciales: el reparto de cuotas.
¿No fue Leonardo Valdés Zurita –consejero presidente del IFE y este día urgido de cerrar el proceso electoral– propuesto por el PRD (partido, además, del que fue fundador)? Ahora pequeño demonio de las izquierdas, Valdés llegó al instituto gracias a las negociaciones de la corriente mayoritaria del PRD con el presidente Calderón.
Y aquí, los magistrados insisten en su independencia aunque todos sepan, entre la clase política, que para resolver un asunto en este tribunal los servicios de Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de los diputados del PRI, son más que invaluables.
Por las bocas de los magistrados pasan los argumentos que priístas, panistas y opinadores profesionales han divulgado profusamente en semanas recientes. En algunos temas, parece que se escucha al comentarista de la radio de hace 15 días.
El tribunal de cuotas dice que las cajas entregadas por la campaña de López Obrador, con todo y su volumen, sólo ofrecen, y eso cuando algo les conceden, leves indicios, aunque siempre vagos, generales e imprecisos.
Los juzgadores defienden a Televisa. De ninguna manera prueban que hubiese existido un convenio para promocionar a Peña Nieto, dice Pedro Penagos.
María del Carmen Alanís, magistrada e insuperable anfitriona, dibuja, basándose en datos de monitoreos del IFE, medios de comunicación equilibrados, en los que ni de broma puede haber venta encubierta de espacios. Ni de lejos se puede inferir, dice Alanís, que los medios electrónicos hayan realizado una cobertura sesgada.
¿Se compraron votos? La coalición pareciera concebir al ciudadano como un autómata, dice Manuel González Oropeza, en una frase que resume bien el tono general de las intervenciones: el Movimiento Progresista pasa de acusador a acusado, de quejoso a culpable.
Los magistrados defienden las encuestas con los argumentos de los demóscopos: los estudios de opinión no influyen en el comportamiento de los electores (en todo caso afectan al puntero, ¡porque generan hartazgo en los votantes!), no hay manera de probar que fueron usadas como propaganda ni tampoco que fueron manipuladas. Nada dicen, sin embargo, del dato curioso de que las encuestadoras ligadas a medios de comunicación hayan sido las que fallaron, y feo, en la diferencia entre el primer lugar y el segundo. Incluso, ya encarrerados, comparten el argumento que algún dueño de encuestadora dice con una risita: Le atinamos al orden en que quedaron.
Claro, y el tema se pierde en la incontinencia verbal de los magistrados: el IFE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberán continuar sus investigaciones. Si algo hallan, a la manera del Pemexgate o de Amigos de Fox, la justicia llegará en forma de multa.
Aprieta la noche y la indignación de los manifestantes crece. La mayoría son jóvenes, muchos de una escuela del Politécnico ubicada cerca de la sede del TEPJF. A las ocho y media comienzan a derribar las vallas que los separan de la reja de la sede judicial. Arrojan botellas, trozos de hielo y monedas al grito de ¡fraude, fraude!
Mientras, los magistrados rechazan la demanda de López Obrador. No muy lejos de aquí, horas antes, el IFE también le da palo a las izquierdas: una nueva multa por los anuncios titulados La presidencia no se compra. Por denigrantes y calumniosos.

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