Reforma laboral incierta
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ayer, en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma de la ley laboral que busca, a decir del blanquiazul, colocar al país en la modernidad en materia de trabajo sin afectar los derechos consagrados en el artículo 123 de la Constitución.
Entre otros puntos, la iniciativa panista propone regular la figura de la subcontratación o outsourcing; contempla incluir en la legislación modalidades de contratación por hora y temporada; plantea limitar el pago de salarios caídos; incorpora la multihabilidad obligatoria –a efectos de que los empleados desarrollen diversas funciones–, e incluye la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga, así como nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga. También plantea obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos.
Sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación laboral del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, la democratización sindical y las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados. Llama la atención, en primer lugar, que se pretenda incluir en estas reformas el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.
Por otra parte, no puede escapar al análisis el hecho de que la presentación de esta iniciativa tiene dos elementos de contexto insoslayables: por un lado, el refrendo y las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros, o la propia CTM, alabada en días recientes por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, como una de las organizaciones obreras más serias, responsables y sensatas– y, por el otro, una cruzada oficial contra el sindicalismo independiente, como se ha visto con la embestida gubernamental en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su entorno social de apoyo tras la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, es obligado preguntarse si, de ser aprobada esta reforma, los mecanismos de transparencia y democratización sindicales no se aplicarán en realidad de manera selectiva, como medio de golpeteo político en perjuicio de gremios considerados opositores.
Otro aspecto criticable del proyecto de reforma es que los legisladores panistas planteen elevar los requisitos necesarios para el emplazamiento a huelga y el establecimiento del arbitraje obligatorio en los conflictos –lo que abriría la oportunidad para que la autoridad respectiva dé por terminados los paros a su criterio– y no hagan lo propio con la creación de un verdadero órgano jurisdiccional en materia laboral que esté bajo control de jueces autónomos. Tal omisión es improcedente no sólo porque deja de lado una añeja demanda de sindicalistas, juristas y especialistas de la academia, sino porque de esa forma mantiene la facultad de la resolución de los conflictos laborales en manos las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias alineadas bajo la mascarada de un falso tripartidismo, a los designios del grupo político-empresarial que gobierna el país.
En suma, y a reserva de lo que ocurra en el debate legislativo sobre las reformas comentadas, es claro que éstas encierran, en su formulación presente, elementos que agudizan la incertidumbre y precariedad laboral en el país.
Fuente
Entre otros puntos, la iniciativa panista propone regular la figura de la subcontratación o outsourcing; contempla incluir en la legislación modalidades de contratación por hora y temporada; plantea limitar el pago de salarios caídos; incorpora la multihabilidad obligatoria –a efectos de que los empleados desarrollen diversas funciones–, e incluye la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga, así como nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga. También plantea obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos.
Sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación laboral del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, la democratización sindical y las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados. Llama la atención, en primer lugar, que se pretenda incluir en estas reformas el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.
Por otra parte, no puede escapar al análisis el hecho de que la presentación de esta iniciativa tiene dos elementos de contexto insoslayables: por un lado, el refrendo y las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros, o la propia CTM, alabada en días recientes por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, como una de las organizaciones obreras más serias, responsables y sensatas– y, por el otro, una cruzada oficial contra el sindicalismo independiente, como se ha visto con la embestida gubernamental en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su entorno social de apoyo tras la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, es obligado preguntarse si, de ser aprobada esta reforma, los mecanismos de transparencia y democratización sindicales no se aplicarán en realidad de manera selectiva, como medio de golpeteo político en perjuicio de gremios considerados opositores.
Otro aspecto criticable del proyecto de reforma es que los legisladores panistas planteen elevar los requisitos necesarios para el emplazamiento a huelga y el establecimiento del arbitraje obligatorio en los conflictos –lo que abriría la oportunidad para que la autoridad respectiva dé por terminados los paros a su criterio– y no hagan lo propio con la creación de un verdadero órgano jurisdiccional en materia laboral que esté bajo control de jueces autónomos. Tal omisión es improcedente no sólo porque deja de lado una añeja demanda de sindicalistas, juristas y especialistas de la academia, sino porque de esa forma mantiene la facultad de la resolución de los conflictos laborales en manos las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias alineadas bajo la mascarada de un falso tripartidismo, a los designios del grupo político-empresarial que gobierna el país.
En suma, y a reserva de lo que ocurra en el debate legislativo sobre las reformas comentadas, es claro que éstas encierran, en su formulación presente, elementos que agudizan la incertidumbre y precariedad laboral en el país.
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