Santa Anna y sus modernos discípulos
Autor: Martin Esparza |
Sección:
Opinión
|
29 abril 2012
Si
el histórico defraudador de la nación Antonio López de Santa Anna
pudiera echar un vistazo a la política antinacionalista de los panistas,
seguramente volvería a morirse… ¡Pero de envidia! El servilismo que han
mostrado a las trasnacionales en el sector eléctrico, luego de casi 12
años en el poder, ha superado con creces la ganga que los estadunidenses
obtuvieron del apátrida presidente cuando compraron la mitad del
territorio nacional: más de 2 millones de kilómetros cuadrados por 15
millones de pesos a pagar en cómodas anualidades, según establecen
algunos historiadores.
Sin embargo, los hechos actuales muestran que la pésima operación
mercantil que hizo con el país el frustrado agente de bienes raíces que
lo gobernó, en reiteradas ocasiones hace poco más de siglo y medio, no
tiene punto de comparación con lo entregado ahora por la gente del
Partido Acción Nacional, pues además de desmantelar la industria
eléctrica que a los mexicanos les llevó décadas erigir, han terminado
por socavar una de las áreas estratégicas para la salvaguarda de nuestra
soberanía económica: la generación de energía.
Uno de los reportes oficiales más recientes señala que tras el
otorgamiento por parte de la Comisión Reguladora de Energía de 670
permisos de esta naturaleza a los productores independientes de energía
–la mayoría autorizados en los 2 recientes sexenios–, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) ha terminado por ceder a los particulares
(sobre todo a trasnacionales como Iberdrola y Unión Fenosa, entre muchas
otras) el 55 por ciento de la generación de energía eléctrica en todo
el país, con la desventajosa salvedad, muy al estilo Santa Anna, del
compromiso oficial para adquirir toda su producción a los precios que
más les convengan, no al país y sus habitantes, sino a los poderosos
monopolios internacionales. Ahora la entrega de la nación ya no se mide
por ceder miles de kilómetros cuadrados a precio de remate, sino por
otorgar multimillonarias ganancias a los capitales extranjeros.
En aras de la globalización y del fantasioso desarrollo económico,
los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón han pagado por la
compra de energía a las trasnacionales, de 2000 a la fecha, un promedio
de 30 mil millones de pesos anuales; de tal suerte que al cerrar en
diciembre próximo el sexenio de Calderón, los panistas habrán puesto en
los insaciables bolsillos de las firmas extranjeras algo así como
360 mil millones de pesos por una onerosa electricidad que los
mexicanos hubiéramos producido a precios más bajos si la política
antinacionalista, que en materia energética han mantenido en los últimos
cinco sexenios los gobiernos de corte neoliberal, no hubiera llegado al
límite de los excesos con el cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), a
través del anticonstitucional decreto de Calderón del 11 de octubre del
2009 y el desatado otorgamiento de concesiones a las trasnacionales, al
hipotecar recursos públicos por un monto de 1.3 billones de pesos para
las próximas dos décadas por la comprometida adquisición de energía.
Pero hay otros renglones torcidos en esta venta de garaje
de la industria eléctrica: desde antes del autoritario cierre de Luz y
Fuerza se había establecido un sistema de arrendamiento de los miles de
kilómetros de las redes de infraestructura que operaba en el centro del
país, de tal forma que las compañías privadas que desearan hacer uso de
las mismas en beneficio propio, deberían pagar, por ejemplo, 194 pesos
por poste ocupado y 351 pesos por fuente de poder instalada, tarifas que
estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006, pues apenas a un
mes de llegar al poder, Calderón ordenó un trato preferencial a sus
amigos de partido, como Ernesto Martens y Fernando Canales –ambos
exsecretarios de Energía con Vicente Fox–, quienes aparecieron de la noche a la mañana
como accionistas mayoritarios de la trasnacional WL Comunicaciones
(Wlcom), firma que ya contaba con una concesión para operar a través de
la red de Luz y Fuerza.
De un plumazo, los empresarios panistas, así como otros consentidos,
obtuvieron increíbles descuentos en perjuicio de las finanzas de la
paraestatal, lo que dio por resultado que el cobro del arrendamiento
quedara, a partir del 1 de enero de 2007, de la siguiente manera: por
poste ocupado deberían pagar sólo 50 pesos (un descuento del 74 por
ciento), misma tarifa vigente para la instalación de fuentes de poder
(descuento del 85 por ciento), lo que representaría –como en su momento
lo denunció el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– un quebranto
de 109 millones de pesos anuales para Luz y Fuerza del Centro.
Hasta diciembre de 2011, el país había regalado a los favoritos de los Santa Anna Azules
545 millones de pesos por el arrendamiento “subsidiado” de la
infraestructura de Luz y Fuerza, dinero que, sobra decir, dejó de
ingresar a las arcas públicas, pero además, y habrá que preguntarle a
Calderón, ¿a qué entidad pública le han pagado empresas como Wlcom su
minirrenta luego del cierre de Luz y Fuerza? ¿Ha recibido el dinero el
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, acaso la Comisión Federal de Electricidad?
¿Quién?
Los argumentos esgrimidos hasta el cansancio por Calderón y sus
funcionarios para justificar el cierre de LFC fueron “su inviabilidad
financiera” y “el costo excesivo del Contrato Colectivo del SME”. A dos
años y medio del cierre de la empresa, las 1 mil falsedades del
gobierno federal se han derrumbado ante el análisis de las cifras
oficiales y la desclasificación de documentos que los panistas pensaban
sacar de los archivos privados 12 años después de cometidos sus excesos
de poder.
A la luz de los hechos ha quedado demostrada la intención de los
panistas por alentar una política de privatización del sector
energético, incluido, por supuesto, el eléctrico. El SME ha convocado
desde siempre a los gobiernos panistas a un debate nacional para que, de
cara a los mexicanos, se dé una amplia explicación del por qué de la
extinción de Luz y Fuerza. El silencio ha sido la única respuesta.
Es mentira que LFC no tenía salidas viables para ser una entidad
rentable. Si los gobiernos priístas y panistas le hubieran permitido
construir sus plantas y generar su electricidad en vez de obligarla a
comprar la energía en bloque a la CFE a precios más elevados que las
tarifas industriales, el quebranto de sus finanzas nunca se hubiera
dado. Los datos ahí están, y son exactos: mientras en 2008 Luz y Fuerza
tuvo ingresos por 50 mil 791 millones de pesos, la compra de energía en
bloque a la CFE le representó un costo de 60 mil 727 millones de pesos.
Arbitrariamente la SHCP, la obligó a comprar caro y vender barato. No
hay empresa en el mundo que al operar así obtenga finanzas sanas.
Tendencia similar, y de ninguna forma casual, la que enfrenta Petróleos
Mexicanos por la carga impositiva que se le viene aplicando desde hace
varios sexenios.
Queda claro que los gobiernos, tanto priístas como panistas,
paulatinamente fabricaron de manera artificial la quiebra de Luz y
Fuerza: mientras en 1994 obtenía ingresos por 5 mil 913 millones de
pesos, pagaba a CFE por la compra de energía 3 mil 815 millones; es
decir, que utilizaba el 65 por ciento de sus recursos para tal fin, pero
en 2008 el porcentaje se disparó al 120 por ciento. Calderón y sus
funcionarios se han negado también a explicar, con cifras en la mano,
cómo es que los salarios y las prestaciones de los trabajadores del SME
fueron causales de la quiebra de la empresa cuando, como lo han relevado
documentos desclasificados, en 2008 tales conceptos apenas
representaron el 7.2 por ciento de los ingresos totales: 3 mil 172
millones de los 50 mil 791 millones de ingresos.
Desaparecer a Luz y Fuerza era el objetivo primario para después ir en contra del sindicato, para que nadie hiciera ruido
por la entrega de la industria eléctrica nacional a los extranjeros,
razón por la cual se pasó por alto la propuesta del Sindicato, para que
la paraestatal operara una empresa que diera a los usuarios a un bajo
costo el servicio de voz, imagen y datos, y que hubiera representado
ingresos anuales extras por más de 100 mil millones de pesos, que
sumados al cobro real de la renta de infraestructura a los particulares
(109 millones), arrojaría recursos por 100 mil 109 millones anuales, y
sumados a los 50 mil 791 de ingresos, en 2008, harían un total de 150
mil 900 millones.
¿Inviabilidad financiera, señor Calderón? Por supuesto que no, pues
la entrega del país que están haciendo los panistas a las
trasnacionales haría palidecer de envidia al propio Antonio López de Santa Anna. La actual, sí es una verdadera ganga.
*Secretario general de Sindicato Mexicano de Electricistas
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