Expropiaciones: descalificación y soberanía
Periódico La Jornada
Editorial
Las aseveraciones del mandatario boliviano y, en general, la postura serena y conciliadora que ha asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la compañía eléctrica referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por medios de comunicación españoles, en el sentido de presentar la decisión como un
Por lo demás, los ataques mediáticos enderezados en días
recientes contra los gobiernos de La Paz y de Buenos Aires tienen origen
en el deconocimiento o en la omisión de una de las facultades básicas e
irrenunciables de los estados: intevenir los intereses de entidades
privadas cuando representen un obstáculo para el desarrollo y la
soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a las
asumidas recientemente por los gobiernos de Morales y de Fernández hayan
sido adoptadas en su momento por regímenes nacionales de distinto signo
político y en circunstancias históricas diversas: baste citar, como
botones de muestra, la política de intervencionismo estatal emprendida
por el gobierno de Franklin D. Roosevelt en el contexto del programa de
reactivación económica conocido como New Deal, tras el crac de
1929; la nacionalización de gran parte de la industria en Francia bajo
la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969) y la política de
expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas ingleses a
finales de la década de los 40.
En suma, las expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.
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Editorial
En medio de la campaña
de linchamiento mediático en contra del gobierno de Bolivia por la
expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de
Red Eléctrica Española (REE), el presidente de ese país, Evo Morales,
sostuvo ayer que las inversiones de la petrolera española Repsol en la
nación andina no corren riesgo y que la compañía
El ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, manifestó
ayer mismo la voluntad del gobierno de La Paz por compensar
económicamente a REE por las inversiones realizadas en el país. Dijo: será respetada como socio. Estos señalamientos tienen como inevitable telón de fondo la reciente nacionalización la filial de Repsol en Argentina, YPF, hecho que desató una oleada de descalificaciones y amenazas en contra del gobierno que encabeza Cristina Fernández.
vamos a contratar una empresa que haga la valoración de todos los activos que tiene la empresay afirmó haber tratado el asunto en términos
bastante amistososcon el ministro español `e Industria, José Manuel Soria.
Las aseveraciones del mandatario boliviano y, en general, la postura serena y conciliadora que ha asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la compañía eléctrica referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por medios de comunicación españoles, en el sentido de presentar la decisión como un
expolio, un
atentado a la libertad de empresay un acto de
abuso de poder contra España, y de colocarla, en conjunto con la medida adoptada semanas atrás por el régimen de Buenos Aires, como parte de una tendencia por
afianzaren América Latina
regímenes carismáticos a costa de expoliar propiedades privadas o de otros países. Semejantes afirmaciones resultan palmariamente falsas a la luz de las diversas alianzas existentes entre empresas extranjeras y gobiernos progresistas de la región, como el del propio Morales en Bolivia; el de Hugo Chávez en Venezuela –país en el que la propia Repsol cuenta con importantes inversiones– o los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
En suma, las expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.
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