Amenaza de incendio minero

11 Febrero, 2010 - 01:33
CREDITO:
Enrique Campos Suárez
El tema no está para los fetichistas del Centenario de la Revolución. Pero Cananea está al borde de un hecho de violencia.

El tema no está para los fetichistas del Centenario de la Revolución. Pero Cananea está al borde de un hecho de violencia. A diferencia de lo que ocurrió hace 104 años, cuando miles de trabajadores iniciaron una protesta que se tornó violenta en demanda de mejores condiciones laborales, ahora en este inicio del siglo XIX, la motivación es meramente judicial. Es la respuesta contundente de un poderoso dirigente sindical buscando el manto protector de la impunidad.

Napoleón Gómez Urrutia, quien literalmente heredó la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, no pudo explicar el destino de 55 millones de dólares propiedad de los trabajadores y huyó. Cuando sintió que le pisaban los talones, encareció su apuesta y en julio del 2007 llevó a la huelga a la emblemática mina de cobre de Cananea, Sonora.

Protegidos en la obsoleta ley laboral, que tiene tantas fallas que permite este tipo de acciones de corte político en contra de los intereses de una empresa, los fieles a Napito se han mantenido en esta huelga loca, loquísima. Todavía a principios de este año la empresa presentó una oferta para tratar de encontrar una salida negociada al conflicto. Pero como las motivaciones no son laborales, la orden de Napoleón fue: ni un paso atrás.

Y finalmente hoy después de casi tres años de esta irracionalidad, el Juzgado II de Circuito en Materia Laboral emitirá un fallo definitivo ante el amparo que inició el sindicato para evitar que las relaciones entre el Grupo Minero México y el sindicato se confirmen como desaparecidas.

Ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había determinado que no tenían nada que hacer juntos la organización sindical y la empresa de Germán Larrea. Además, la determinación judicial tiene carácter de definitiva, inapelable e inatacable. Por lo que dicen que buscarán recurrir a instancias internacionales. Pero lo cierto es que van a encarecer la resolución.
Los fieles a Napoleón ya esperan un fallo negativo, tras el cual el dueño de la mina podrá solicitar a la fuerza pública su intervención para recuperar sus activos.

Además, lo anuncian con total claridad: si no obtienen lo que quieren de la justicia, se van por la vía violenta. Tanto se teme de esta sección sindical que las Fuerzas Armadas ya notificaron a los trabajadores que mantienen tomadas las instalaciones que van a entrar a ellas, no a desalojarlos, pero sí a retirar los materiales explosivos que se mantienen en la mina. Y es que los materiales peligrosos que ahí se mantienen podrían implicar un serio peligro para todos.

Claro que ya acusan al Ejército de querer entrar a desalojarlos, lo cual es falso. Pero la creación de esa expectativa enrarece el ambiente, que es parte de su estrategia. Pero hay más. Otros de los grupos fieles al prófugo Gómez, como las secciones 261 y 265 del sindicato, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya advirtieron que si la resolución les resulta contraria a los mineros de Cananea, se van a violentar.

Advierten que desde hoy paralizarían el puerto de Lázaro Cárdenas y de paso detienen la siderúrgica ubicada en ese municipio michoacano. Napoleón, mientras tanto, dirige las operaciones desde su palacio de Canadá, sin que nadie lo moleste ni con el “pétalo” de una orden de captura de la Interpol por sus presuntos delitos. Pero también hay mineros que ya están hartos de estos manejos sindicales. Lo que demuestra que no es un monolito la agrupación minera.

Resulta que la Sección 120 anunció su decisión de separar a sus 450 trabajadores afiliados del sindicato propiedad de Gómez Urrutia. Total que mañana amenaza con ser un día intenso en la vida sindical y minera de México. La justicia demostró una vez más que no tiene vocación de ser expedita. Y lo que está a prueba ahora es la capacidad del Ejecutivo de hacer valer una resolución judicial inapelable.

La respuesta a esta pregunta estaría en la determinación del gobierno de Calderón de ponerle fin al abuso que cometía el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que adelanta un escenario complicado. Y más cuando estamos llenos de fetichistas que tienen elegido el 2010 como el año ideal para crear problemas sociales. Y cuando la mina de Cananea se tiene ganado un lugar en la historia, como precursor de un movimiento armado.

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