Todos somos idiotas… y culpables - Ricardo Rocha
04 FEBRERO 2010
Así que a la presunción de imbecilidad habrá que agregar la de culpabilidad. En pocas palabras, para este gobierno no sólo somos débiles mentales sino delincuentes. Por lo menos eso se desprende de las perlas declarativas, primero del secretario de Gobernación, que revienta el derecho fundamental de inocencia. Ahora, según él, todos resultamos culpables y estamos obligados a probar que somos inocentes. Así, desde la insultante arrogancia del poder ha dicho que no tiene que ofrecer disculpa alguna a 12 de los detenidos por el michoacanazo, que estuvieron presos 240 días en una cárcel de alta seguridad acusados falsamente de vínculos con el crimen organizado. Sobre su liberación, por orden de un juez, el abogado Gómez Mont expresó tan campante que “lo que yo entiendo que dice la resolución es que fue por prueba insuficiente, no porque se haya determinado inocencia o culpabilidad”. Sólo le faltó decir que este gobierno es tan fregón que puede acusar y encarcelar a quien se le pegue la gana y luego emplear todo el aparato del Estado para probar sus sospechas. Un juego sucio en el que los ciudadanos también podríamos sospechar que, por ejemplo, se trató de una maniobra para restarle votos a la izquierda en la pasada elección de julio.
Lo peor es que ya no es un hecho aislado o una mala ocurrencia, sino de una actitud de soberbia cada vez más preocupante. Porque, con esa misma jactancia, Gómez Mont dictaminó ipso facto y a larga distancia que la matanza de 16 jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez se debió a un pleito entre pandillas. Una presunción que retomó el propio presidente Calderón dos días después en gira por Japón, donde condenó el “cobarde” crimen múltiple, pero también concluyó que “probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. Una insinuación brutal que ha indignado y enfurecido a padres y hermanos.
Una vez más la criminalización de las víctimas como actitud sistemática de gobierno. Con todo el tufo autoritario que ello representa en una visión perversa de la realidad: a las mujeres las violan por usar minifalda; a los chavos los matan por desmadrosos; a los de izquierda hay que entancarlos; los muertos inocentes en la guerra contra el narco son parte del inventario; a los homosexuales hay que aislarlos porque son mexicanos de segunda.
En suma, una larga cadena de justificaciones para lo injustificable: la dolorosa verdad de una violencia inaudita, creciente; una sociedad agobiada por la crisis económica, agraviada por la impunidad y permanentemente ofendida por las cada vez más evidentes incapacidades oficiales. Un gobierno que no da explicaciones porque está convencido de que todos somos idiotas y dejados. Y que ahora además nos puede prejuzgar y acusar de cualquier crimen, meternos a la cárcel, destrozar nuestra reputación y quitarnos un precioso tiempo de vida. Y ya ni siquiera con el consuelo aquel de “usted disculpe”.
Así que a la presunción de imbecilidad habrá que agregar la de culpabilidad. En pocas palabras, para este gobierno no sólo somos débiles mentales sino delincuentes. Por lo menos eso se desprende de las perlas declarativas, primero del secretario de Gobernación, que revienta el derecho fundamental de inocencia. Ahora, según él, todos resultamos culpables y estamos obligados a probar que somos inocentes. Así, desde la insultante arrogancia del poder ha dicho que no tiene que ofrecer disculpa alguna a 12 de los detenidos por el michoacanazo, que estuvieron presos 240 días en una cárcel de alta seguridad acusados falsamente de vínculos con el crimen organizado. Sobre su liberación, por orden de un juez, el abogado Gómez Mont expresó tan campante que “lo que yo entiendo que dice la resolución es que fue por prueba insuficiente, no porque se haya determinado inocencia o culpabilidad”. Sólo le faltó decir que este gobierno es tan fregón que puede acusar y encarcelar a quien se le pegue la gana y luego emplear todo el aparato del Estado para probar sus sospechas. Un juego sucio en el que los ciudadanos también podríamos sospechar que, por ejemplo, se trató de una maniobra para restarle votos a la izquierda en la pasada elección de julio.
Lo peor es que ya no es un hecho aislado o una mala ocurrencia, sino de una actitud de soberbia cada vez más preocupante. Porque, con esa misma jactancia, Gómez Mont dictaminó ipso facto y a larga distancia que la matanza de 16 jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez se debió a un pleito entre pandillas. Una presunción que retomó el propio presidente Calderón dos días después en gira por Japón, donde condenó el “cobarde” crimen múltiple, pero también concluyó que “probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. Una insinuación brutal que ha indignado y enfurecido a padres y hermanos.
Una vez más la criminalización de las víctimas como actitud sistemática de gobierno. Con todo el tufo autoritario que ello representa en una visión perversa de la realidad: a las mujeres las violan por usar minifalda; a los chavos los matan por desmadrosos; a los de izquierda hay que entancarlos; los muertos inocentes en la guerra contra el narco son parte del inventario; a los homosexuales hay que aislarlos porque son mexicanos de segunda.
En suma, una larga cadena de justificaciones para lo injustificable: la dolorosa verdad de una violencia inaudita, creciente; una sociedad agobiada por la crisis económica, agraviada por la impunidad y permanentemente ofendida por las cada vez más evidentes incapacidades oficiales. Un gobierno que no da explicaciones porque está convencido de que todos somos idiotas y dejados. Y que ahora además nos puede prejuzgar y acusar de cualquier crimen, meternos a la cárcel, destrozar nuestra reputación y quitarnos un precioso tiempo de vida. Y ya ni siquiera con el consuelo aquel de “usted disculpe”.
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