- Todos somos Juárez se convirtió en foro de protestas ciudadanas contra la violencia
- “Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, reclaman a los funcionarios federales
Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5
Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: “Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.
Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.
Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.
Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).
El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.
“Vengo a escuchar a los juarenses”
La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.
El “yo vengo a escuchar a los juarenses” fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.
Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.
“Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.”
Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer “jalar” juntos sin importar las diferencias de partido.
La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:
“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.
“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”
Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: “quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten”.
Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.
Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.
Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: “Que salga el Ejército”.
Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”
Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.
“Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos”, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones “no podemos ser botín político”.
Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que “combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad”. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.
Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.
“¡Miente, miente!”, gritaron y lo abuchearon.
Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.
Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. “No podemos construir con la macana en la mano”, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.
Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que “aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar”. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.
Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró “desmoralizada” porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la “represión y el hostigamiento” que sufre ese sector.
Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría “cero tolerancia” a la delincuencia, otra mujer le respondió: “es a la gente a la que hostigan”.
Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. “No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros”, exigió otra voz.
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