Corren ¿hacia dónde?
Adolfo Sánchez Rebolledo
El gobierno tiene prisa, está acelerado. Desde que perdió las elecciones intermedias no hace sino correr. Va de un decálogo a otro, de una campaña a otra. El Presidente y sus secretarios están metido a defender la agenda que ellos han convertido en prioridad nacional: reforma política a modo; guerra contra el crimen organizado privilegiando los golpes mediáticos, espectaculares; recuperación de la desvalida confianza ciudadana negando la mediocridad económica. En fin, la ofensiva propagandística, que incluye la recuperación del viejo antipríismo electoral, forma parte de la disputa por mantenerse en el poder en 2012, tras dos sexenios perdidos en términos de reconstrucción nacional. Pero en la improvisación lleva la penitencia. El apresuramiento no es bueno para la comunicación en un país en crisis donde ya es imposible ocultar los errores, y éstos, más pronto que tarde, pasan factura. El gobierno quiere encabezar la reacción ciudadana ante los fracasos de la clase política”, pero olvida que él mismo actúa conforme a intereses partidistas. Bien vistos, sus reflejos son los del poder; su sensibilidad también. Cuando en Tokio el Presidente dijo que el asesinato de 16 adolescentes había sido el fruto de un pleito entre pandilleros, no sólo cometió un error, tal vez inducido por las pésimas informaciones que le habían sido transmitidas, pero la pifia trascendió el momento hasta desatar una oleada de malestar que aún no acaba de pasar. Hizo ver hasta qué punto ciertas visiones se transforman en ideas congeladas porque son o se convierten en prejuicios. La pretensión oficial de que el punto más álgido de la guerra contra la delincuencia organizada es el enfrentamiento violento entre bandas rivales ya es, a estas alturas de los asesinatos y secuestros, una forma de eludir el reconocimiento de que la estrategia puesta en marcha no funciona como se había previsto. El recurso de la fuerza del Estado tiene que estar sujeto, como enfatizó en esta capital el gran jurista Luigi Ferrajoli, al imperio de las leyes para evitar, justamente, la espiral incontenible de la violencia.
El asesinato de los jóvenes juarenses vino a ser la gota que derrama el vaso, la útima llamada de alerta para que el gobierno tome en serio sus propias palabras. Una vez más, al dolor de las víctimas se unió la humillación creada por la impunidad, ese manto justificatorio que acude en defensa de la autoridad como primera medida preventiva. Y estalló en un grito de protesta que aún no amaina. Es inocultable el hartazgo de la sociedad, cansada ya de escuchar en todos los tonos que se avanza en la lucha contra la delincuencia, pero no se le ofrece una salida al miedo, un horizonte que le ofrezca, no ya la vuelta a un idílico y utópico estado de tranquilidad, pero sí al menos cierta garantía de que tanta sangre servirá de algo.
La gente común, muchos de esos “ciudadanos” que la propaganda oficial han convertido en sujetos activos de la reforma política, comparten sin quererlo los mismos espacios con las bandas (sólo en Ciudad Juárez se habla de miles entre los Aztecas y los Doblados), de modo que la “guerra”, las opciones de vida y muerte que se les ofrecen ante la ausencia de empleo y oportunidades, no es algo ajeno, exterior, sino el hecho cotidiano que marca sus vidas, las condiciona o, como se ha visto, las corta con un golpe frío. Cuando se habla de narcotráfico suele pensarse en la danza de los millones que está involucrada en el negocio que la prohibición alienta, pero los peores efectos, los más disolventes y peligrosos para el futuro, están en esa cotidianeidad de nuestras ciudades pobres, con su barrios perdidos entre la desesperanza y la desigualdad. El feminicidio que hizo trágicamente célebre a Ciudad Juárez proyecta la radiografía que los gobernantes no quieren ver, pues a querer o no revela la trama de complicidades que impide cambiar las cosas. La militarización de la lucha contra el delito tiene a su alcance ciertas victorias efímeras, pero no puede hacer nada –salvo elevar el grado de violencia– para “sanar” la convivencia humana, dañada gracias al caldo de cultivo cocinado por una economía depredadora que no se modifica con llamadas a misa o discursos autocomplacientes como los que acostumbra el señor Gómez Mont. Ya va siendo hora de que se tome en serio el vínculo existente entre el crecimiento exponencial del problema del narcotrafico, con todas su implicaciones y variantes internacionales, y la realidad sociológica de un país empobrecido.
El gobierno corre, tiene prisa, pero, como en la historia clásica, el personaje no sabe adónde va. Por eso cada día introduce un nuevo elemento que añade incertidumbre en lugar de clarificar la situación. Tan preocupados como están por adaptar las instituciones a sus pequeña necesidades (relección, segunda vuelta, etcétera), ahora se apoyan, incluso, en el verbo del jefe de la institución militar para apuntalar una estrategia que ya es severamente cuestionada por la sociedad. ¿A quién beneficia este intento de politizar la actuación de la fuerzas armadas? ¿De verdad el Presidente necesita de todos los apoyos de sus secretarios, sin distinguir entre las funciones de gobierno, las de Estado y las de partido? Corren pero ¿adónde?
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El gobierno tiene prisa, está acelerado. Desde que perdió las elecciones intermedias no hace sino correr. Va de un decálogo a otro, de una campaña a otra. El Presidente y sus secretarios están metido a defender la agenda que ellos han convertido en prioridad nacional: reforma política a modo; guerra contra el crimen organizado privilegiando los golpes mediáticos, espectaculares; recuperación de la desvalida confianza ciudadana negando la mediocridad económica. En fin, la ofensiva propagandística, que incluye la recuperación del viejo antipríismo electoral, forma parte de la disputa por mantenerse en el poder en 2012, tras dos sexenios perdidos en términos de reconstrucción nacional. Pero en la improvisación lleva la penitencia. El apresuramiento no es bueno para la comunicación en un país en crisis donde ya es imposible ocultar los errores, y éstos, más pronto que tarde, pasan factura. El gobierno quiere encabezar la reacción ciudadana ante los fracasos de la clase política”, pero olvida que él mismo actúa conforme a intereses partidistas. Bien vistos, sus reflejos son los del poder; su sensibilidad también. Cuando en Tokio el Presidente dijo que el asesinato de 16 adolescentes había sido el fruto de un pleito entre pandilleros, no sólo cometió un error, tal vez inducido por las pésimas informaciones que le habían sido transmitidas, pero la pifia trascendió el momento hasta desatar una oleada de malestar que aún no acaba de pasar. Hizo ver hasta qué punto ciertas visiones se transforman en ideas congeladas porque son o se convierten en prejuicios. La pretensión oficial de que el punto más álgido de la guerra contra la delincuencia organizada es el enfrentamiento violento entre bandas rivales ya es, a estas alturas de los asesinatos y secuestros, una forma de eludir el reconocimiento de que la estrategia puesta en marcha no funciona como se había previsto. El recurso de la fuerza del Estado tiene que estar sujeto, como enfatizó en esta capital el gran jurista Luigi Ferrajoli, al imperio de las leyes para evitar, justamente, la espiral incontenible de la violencia.
El asesinato de los jóvenes juarenses vino a ser la gota que derrama el vaso, la útima llamada de alerta para que el gobierno tome en serio sus propias palabras. Una vez más, al dolor de las víctimas se unió la humillación creada por la impunidad, ese manto justificatorio que acude en defensa de la autoridad como primera medida preventiva. Y estalló en un grito de protesta que aún no amaina. Es inocultable el hartazgo de la sociedad, cansada ya de escuchar en todos los tonos que se avanza en la lucha contra la delincuencia, pero no se le ofrece una salida al miedo, un horizonte que le ofrezca, no ya la vuelta a un idílico y utópico estado de tranquilidad, pero sí al menos cierta garantía de que tanta sangre servirá de algo.
La gente común, muchos de esos “ciudadanos” que la propaganda oficial han convertido en sujetos activos de la reforma política, comparten sin quererlo los mismos espacios con las bandas (sólo en Ciudad Juárez se habla de miles entre los Aztecas y los Doblados), de modo que la “guerra”, las opciones de vida y muerte que se les ofrecen ante la ausencia de empleo y oportunidades, no es algo ajeno, exterior, sino el hecho cotidiano que marca sus vidas, las condiciona o, como se ha visto, las corta con un golpe frío. Cuando se habla de narcotráfico suele pensarse en la danza de los millones que está involucrada en el negocio que la prohibición alienta, pero los peores efectos, los más disolventes y peligrosos para el futuro, están en esa cotidianeidad de nuestras ciudades pobres, con su barrios perdidos entre la desesperanza y la desigualdad. El feminicidio que hizo trágicamente célebre a Ciudad Juárez proyecta la radiografía que los gobernantes no quieren ver, pues a querer o no revela la trama de complicidades que impide cambiar las cosas. La militarización de la lucha contra el delito tiene a su alcance ciertas victorias efímeras, pero no puede hacer nada –salvo elevar el grado de violencia– para “sanar” la convivencia humana, dañada gracias al caldo de cultivo cocinado por una economía depredadora que no se modifica con llamadas a misa o discursos autocomplacientes como los que acostumbra el señor Gómez Mont. Ya va siendo hora de que se tome en serio el vínculo existente entre el crecimiento exponencial del problema del narcotrafico, con todas su implicaciones y variantes internacionales, y la realidad sociológica de un país empobrecido.
El gobierno corre, tiene prisa, pero, como en la historia clásica, el personaje no sabe adónde va. Por eso cada día introduce un nuevo elemento que añade incertidumbre en lugar de clarificar la situación. Tan preocupados como están por adaptar las instituciones a sus pequeña necesidades (relección, segunda vuelta, etcétera), ahora se apoyan, incluso, en el verbo del jefe de la institución militar para apuntalar una estrategia que ya es severamente cuestionada por la sociedad. ¿A quién beneficia este intento de politizar la actuación de la fuerzas armadas? ¿De verdad el Presidente necesita de todos los apoyos de sus secretarios, sin distinguir entre las funciones de gobierno, las de Estado y las de partido? Corren pero ¿adónde?
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